El Ayuntamiento estudia impugnar la sentencia que anula el plan Higueras

El Ayuntamiento de Zamora impugnar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que confirma la anulación del Plan Parcial Higueras. Se trata del desarrollo urbanístico del sector situado en el barrio de La Alberca, frente al centro comercial Valderaduey, donde se está prevista la superficie comercial El Zoco, una promoción de viviendas y, ya en construcción, la piscina municipal.

Según declaró ayer el concejal de Urbanismo, Feliciano Fernández, las licencias concedidas para este zona son legales, puesto que se concedieron en función de las normas transitorias aprobadas por la Junta, «precisamente por la anulación del Plan de Urbanismo del 2001 y porque no se ha aprobado la nueva revisión del PGOU», subrayó.

Fernández incidió en que se estudia la impugnación fundamentada en dos aspectos; primero, el de la autonomía municipal, y, segundo, que existen unas normas transitorias; «si esas normas no son válidas, también se está desautorizando a la Junta». Con estas premisas, Fernández considera, «y así lo entienden los técnicos», que todas las licencias concedidas a partir de las normas son válidas».

Entre esas licencias están la ambiental y la de obra para la construcción del edificio, concedidas a finales del año pasado para el centro comercial El Zoco, solicitada por Maximino San Gregorio. No obstante, y aunque el concejal de Urbanismo sostiene que son válidas, se mostró prudente a la hora de aclarar si el promotor de este centro puede emprender las obras. Es algo, puntualizó, que también deben determinar los técnicos.

Moratoria hasta el PGOU

En cuanto a la promoción de viviendas, en realidad el desarrollo urbanístico de la zona está paralizado hace meses. El concejal explica que, al menos administrativamente, no se había terminado el plan de actuación.

La piscina municipal, financiada con fondos del FEIL, está prácticamente terminada y se trataría de una obra en la que no tendría incidencia la sentencia del TSJ porque se ha ubicado en terrenos públicos y el fondo del litigio en este sector está en el suelo de titularidad privada, al tratarse de un plan promovido por particulares.

Así las cosas, y pese al convencimiento de que las actuaciones son legales, el Ayuntamiento, en la práctica, se dará una especie de moratoria en la concesión de licencias para este sector. Así lo admite el concejal de urbanismo al declarar que «iremos con cuidado».

Ese cuidado supondrá ganar tiempo hasta la aprobación del PGOU. Y es que en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana está incluido el Plan Higueras, por lo que el Ayuntamiento considera que con el documento urbanístico en vigor, las actuaciones en el Plan Higueras recobrarán la legalidad.

Esta fórmula, a unos cuatro meses vista, se perfila como más rápida que el proceso de resolución del litigio a través de los tribunales.

Feliciano Fernández quiso hacer un llamamiento a la tranquilidad de los promotores porque, según declaró, esta sentencia no va a significar que todas las actuaciones programadas en función del PGOU del 2001 se vayan a ver afectadas y, en todo caso, insistió, «el Ayuntamiento trabaja con un instrumento legal para todas las actuaciones que se pongan en marcha a partir de la anulación del PGOU del 2001», insistió Fernández, en alusión a las normas transitorias.