Secciones
Servicios
Destacamos
Obsolescencia programada es un término utilizado en el sector tecnológico para referirse a la mala práctica de algunos fabricantes de inutilizar total o parcialmente sus dispositivos cuando pasa un período de tiempo, normalmente dos años cuando caducan sus garantías, para que sus usuarios no ... tengan más remedio que adquirir un nuevo modelo. Los problemas pueden deberse al hardware empleado, por ejemplo el desgaste programado de una pieza clave, o de software, a través de una actualización que provoque fallos en su funcionamiento. Esto último es lo que sucedió hace cuatro años con los iPhone 6, 6 Plus, 6s y 6s Plus cuando pasaron a la versión 10.2.1 de iOS. De repente, sus propietarios vieron cómo la ejecución de las tareas más simples de su móvil se ralentizaban hasta la exasperación. Muchos pensaron que se les había quedado viejo, por lo que optaron por comprar terminales más modernos.
Pero otros propietarios, que habían adquirido estos iPhones con la esperanza de poder utilizarlo durante muchos años para amortizar su elevado precio respecto a otros móviles de la competencia, no se conformaron. Y en una sociedad tan habituada a los pleitos judiciales como es la estadounidense, las demandas contra el fabricante no se hicieron esperar. El caso ha saltado de continente y, tras una sentencia dictada en Italia en contra de Apple por obsolescencia programada, ahora es la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) la que ha decidido demandar a la multinacional de la manzana mordida por esta misma razón.
OCU exige que los propietarios españoles de estos teléfonos sean compensados de la misma forma que los usuarios estadounidenses. En EE UU, Apple ha preferido solucionar extrajudicialmente el asunto por un total de 500 millones de dólares que la citada compañía pagará a los consumidores afectados. Era una forma de reconocer que lanzó una actualización del sistema sabiendo que iba a dañar la autonomía de las baterías de estos iPhones. Por tanto, para enmascarar ese problema técnico, bajó el rendimiento de los terminales provocando las graves ralentizaciones de todo el sistema. Finalmente, la multinacional estadounidense se vio obligada a explicar las razones que habían llevado a tomar esta decisión sin consultárselo previamente a los usuarios.
Empujada por las críticas, Apple no tuvo más remedio que lanzar nuevas versiones de su software que, milagrosamente, eliminaban de un plumazo todos los fallos de funcionamiento de estos teléfonos. De hecho, los móviles de la gama 6s siguen funcionando con total normalidad con iOS 14, la última entrega de su sistema operativo. Por tanto, la OCU considera que Apple de manera deliberada condicionó a los consumidores a renovar sus iPhones causándoles un perjuicio económico o a cambiar sus baterías por unas nuevas para eliminar las ralentizaciones.
El 29 de mayo de este año, el Tribunal Administrativo del Lacio (Italia) confirmó, en una decisión histórica, la multa de 10 millones de euros que fue inicialmente impuesta en octubre de 2019 por la Autoridad de la Competencia Italiana (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) en relación con las implicaciones para el rendimiento del iPhone de la actualización de las versiones 10.2.1 y 11.2.0 del sistema operativo iOS. El Tribunal identificó el comportamiento de Apple como una práctica injusta y agresiva.
Asimismo, Apple ha aceptado pagar una multa en Francia de 25 millones de euros para evitar un proceso judicial después de que los servicios antifraude galos hayan concluido que hubo carencias en la información sobre las actualizaciones del sistema operativo de sus iPhone, que en muchos casos ralentizaban el móvil. Para este organismo oficial, esta conducta constituyó «una práctica comercial engañosa por omisión». Hay otras demandas en curso en Australia e Israel por el mismo motivo.
En un intento por lograr una compensación similar para los propietarios de los iPhone 6, 6 Plus, 6s y 6s Plus de Apple en Europa, OCU, a través de Euroconsumers, se ha dirigido en múltiples ocasiones a Apple. Estos intentos de encontrar una solución amistosa en beneficio de los consumidores no condujeron a una solución satisfactoria. En eses sentido, considera que los consumidores de Bélgica, Italia, España y Portugal merecen ser tratados con el mismo respeto y justicia que los estadounidenses, y que no se puede permitir una actividad dañina y medioambientalmente irresponsable como la obsolescencia programada.
Por ello la Organización de Consumidores y Usuarios ha presentado este miércoles una acción legal contra Apple por la obsolescencia programada del iPhone 6, 6 Plus, 6s y 6s Plus. «La base legal de la acción son las prácticas comerciales injustas, engañosas y agresivas. OCU considera que Apple ha actuado de manera ilegal: ha ocultado información a los usuarios, vulnerando así la Ley de Competencia Desleal y la Ley General de Consumo, pues la información es un derecho básico de los consumidores y usuarios», señala la organización en una nota.
OCU también pide a Apple que compensar a los usuarios de modelos iPhone 6, 6s, 6 Plus y 6s Plus no solo por el perjuicio causado por el cambio de móvil o de batería al que se vieron obligados, sino también por los daños morales: la pérdida de rendimiento de sus dispositivos hizo que vieran frustradas sus expectativas y su grado de satisfacción con la marca. En ese sentido, solicita una compensación de entre 99 y 189 euros. Esta cifra procede de la suma del importe de la batería (entre 29 y 89 euros, según si se acogió o no al plan de reemplazo), más un 10% del precio de compra del móvil (entre 699 y 999 euros, según el modelo, capacidad, etc.).
Por tanto, la Organización de Consumidores y Usuarios ha puesto en marcha una campaña para solicitar no solo el apoyo directo de los usuarios afectados que quieran conseguir su compensación, sino de todos aquellos que no están dispuestos a tolerar este tipo de acciones deliberadas en contra sus derechos. «obsolescencia programada no sólo sólo representa una práctica deliberadamente desleal para los consumidores que causa frustración y daño financiero, desde el punto de vista ambiental también es totalmente irresponsable, aumentando el número de desechos electrónicos que también están entre los más contaminantes. Una economía sostenible y una transición verde justa son más necesarias que nunca», advierte.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.