La Audiencia de Soria condena al responsable de la empresa Distiller de Ólvega por vertidos tóxicos

Daniel Crous Aguilera, responsable de la empresa Distiller de Ólvega (Soria), ha aceptado una condena de cinco meses de cárcel por delito ambiental por los vertidos de su planta que «han causado daños sustanciales a la calidad del del suelo y de las aguas y contravenían las leyes protectoras del medio ambiente». La pena incluye una multa de 15 euros/día durante ocho meses, inhabilitación también de ocho meses para ejercer su cargo de administrador de empresas, restauración del medio deteriorado y una indemnización de 100.000 euros para la Junta de Castilla y León.

En el juicio, que tuvo lugar el día 21 de febrero, el acusado se enfrentaba a penas que podían superar hasta los tres años de prisión. El fallo pone fin a una denuncia que arrancó en 2016 y fue promovida por Ecologistas en Acción. Para el colectivo naturalista, la importancia de este juicio está en que demuestra que su labor «e necesaria y presta una excelente ayuda a las administraciones que quieren realmente proteger la salud ambiental y hacer cumplir la ley». Con esta actuación, insisten, se ha logrado que «la contaminación tóxica se pare y restaure el medioambiente afectado». Además de «ser un aviso para aquellos delincuentes ambientales que se sienten impunes, y se enriquecen ante la falta de control administrativo, o cuentan con apoyo político«.

En el otoño de 2016 Ecologistas en Acción de Soria, tras ser avisados por los vecinos de la existencia de olores irritantes que procedían del polígono industrial de Ólvega, detectaron que procedían de la empresa ahora condenada y que sus efectos habían afectado a tramos de aguas limpias como el arroyo de Los Caños, que vierte al río Val. Los análisis de laboratorio detectaron la presencia de hidrocarburos, clorados, y de metales pesados.

La Fiscalía realizó una inspección a la zona con toma de muestras de agua y de tierras, que dio lugar a que se iniciara un proceso judicial, que finalmente y tras cinco años ha acabado en un juicio oral celebrado ahora en el que la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León ha ejercido de acusación popular.

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