Una inversión de 350 millones y 1.100 empleos, en peligro en Soria
Una multinacional holandesa amenaza con irse a otro país por falta de luz y terrenos en el Polígono Empresarial del Medio Ambiente (PEMA)
En completo silencio, sin comunicados oficiales ni ruedas de prensa, se ha estado gestando en la provincia de Soria uno de los proyectos empresariales más ... ambiciosos jamás planteados en su territorio. Una multinacional de origen holandés, especializada en el cultivo intensivo bajo invernadero, ha puesto sus ojos en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), la extinta y polémica CMA, para instalar un coloso agroindustrial, un macroinvernadero de 160 hectáreas —el equivalente a 160 campos de fútbol— destinado a la producción masiva de tomate.
El impacto económico sería devastadoramente positivo con una inversión de 350 millones de euros, 1.100 empleos directos y un efecto dinamizador sobre la zona sin precedentes. El proyecto, sin embargo, podría esfumarse antes de que acabe 2025, víctima de una combinación letal de especulación y desidia administrativa. «Llevamos un año trabajando en esto sin levantar falsas expectativas. La empresa tiene que invertir ya o el proyecto se va a Tánger en Marruecos», alerta Benito Serrano, presidente de la Diputación de Soria.
La empresa promotora —ya implantada en Países Bajos, Francia, Túnez, Marruecos y Brasil— se sintió atraída por las condiciones agroclimáticas del entorno de Garray. Altitud, temperatura, agua abundante, proximidad del aeródromo y un polígono industrial tecnológicamente adecuado hacían de Soria el lugar idóneo. «Soria reúne muchas condiciones que ellos valoran: agua, altitud, diferencia térmica, energía geotérmica... y el aeródromo para exportación aérea directa. Para ellos es ideal», explica Serrano.
El proyecto se presentó a comienzos de 2024 ante la Diputación, el ayuntamiento de Garray, la Junta de Castilla y León y Somacyl. Las primeras conversaciones, discretas pero intensas, avanzaban por buen camino. La empresa planteó desarrollar el proyecto en varias fases, comenzando por un primer módulo de unas 20 hectáreas. El objetivo era empezar cuanto antes con la producción para cumplir los exigentes plazos de inversión impuestos por sus fondos de capital. Pero los obstáculos comenzaron a surgir rápidamente.
Dos problemas que pueden arruinarlo todo
A día de hoy, dos problemas amenazan con tirar por tierra la inversión más importante que podría recibir Soria en décadas, son el acceso a la tierra y la falta de potencia eléctrica.
La empresa necesita un total de 160 hectáreas de suelo en el entorno del PEMA. La Junta de Castilla y León puede aportar alrededor de 25. La Diputación de Soria ha estado negociando con propietarios para adquirir el resto, pero algunos han disparado sus pretensiones hasta cifras inasumibles, 150.000 euros por hectárea, cuando el valor real del suelo agrícola ronda entre 6.000 y 7.000 euros. «Eso es una barbaridad. Una aberración. Así no se puede trabajar. Hemos tratado de negociar, pero hay propietarios que están bloqueando el desarrollo de un proyecto que cambiaría el futuro de la provincia», denuncia Serrano. La expropiación por interés general se planteó, pero los plazos legales hacen inviable esta vía antes de que acabe el año. «Queríamos declararlo como proyecto regional estratégico para poder expropiar, pero no llegamos a tiempo. Ellos tienen que empezar ya. No dentro de seis meses. Si no invertimos en 2025, se van a Tánger», reconoce el presidente.
El segundo gran problema es aún más grave: la falta de potencia eléctrica disponible en la zona. «Es una situación absurda, generamos seis veces más energía de la que consumimos en Soria, pero las grandes líneas eléctricas bordean la provincia. La energía se va fuera y aquí no tenemos capacidad para nuevas industrias. Este proyecto, y muchos otros que no han salido aún a la luz, están en riesgo por esto», lamenta Serrano.
La empresa precisa una potencia elevada para alimentar el sistema de climatización, iluminación y automatización de los invernaderos. La zona de Ágreda y Matalebreras sí dispone de infraestructuras adecuadas, pero el entorno del PEMA, epicentro del desarrollo industrial sostenible de Castilla y León, no. «El problema eléctrico no afecta sólo a este caso. Hay más proyectos en cartera bloqueados por la misma causa. Es un freno brutal para el futuro de Soria», recalca.
Viviendas, servicios, y más empleo indirecto
El plan empresarial no se limitaba al invernadero. Detrás del proyecto principal, se proyecta un desarrollo inmobiliario y de servicios para acoger a los 1.100 trabajadores y sus familias, muchos de los cuales procederían de fuera de la provincia. «Hablamos de construir hasta 400 viviendas en la zona de Tardesillas. Esto iba a cambiar la demografía, el comercio, los colegios, todo. Pero sin electricidad y sin terreno, no hay nada», explica Serrano. La empresa había manifestado incluso su disposición a promover viviendas y servicios básicos con financiación propia, como parte de su modelo de integración territorial.
La situación es urgente. La empresa ha fijado como fecha límite diciembre de 2025 para comenzar a invertir. Si no puede iniciar las obras, trasladará el proyecto completo a Tánger u otro país del norte de África, donde los trámites administrativos y la energía son más accesibles. «No estoy aquí para generar falsas expectativas. Estoy siendo realista. Si no conseguimos desbloquear esto en semanas, el proyecto se pierde. Sería una derrota para Soria y una oportunidad histórica tirada a la basura», advierte el presidente.
Serrano no oculta su frustración con las administraciones superiores y la falta de herramientas rápidas para actuar ante situaciones de urgencia como ésta. «Necesitamos que el Gobierno de España entienda lo que está pasando. La falta de infraestructuras energéticas en la provincia no es un problema técnico, es un problema político y de voluntad. No podemos permitir que sigan bordeándonos las grandes inversiones por no tener potencia eléctrica», clama.
Este macroinvernadero, de haberse iniciado en 2025, se habría convertido en el mayor empleador privado de la provincia, con una plantilla fija de más de mil personas y un impacto en la economía local que se calcula en más de 50 millones anuales en su fase de madurez.
«Es el proyecto más importante al que hemos aspirado en nuestra historia reciente. Una revolución agrícola, tecnológica, económica y social. Si no luchamos por él, ¿por qué vamos a luchar?», se pregunta Benito Serrano.
El presidente de la Diputación insiste en que no se rendirán, y que siguen buscando soluciones, incluso por fases. Se han mantenido reuniones esta misma semana, y aún no se ha perdido el contacto con la empresa. «Ellos siguen queriendo venir. No han perdido el interés. Pero necesitan garantías ya. Cada semana que pasa, el reloj corre. Si conseguimos que empiecen con 10 hectáreas, podríamos afianzarlos aquí y seguir ampliando. Pero necesitamos compromiso. De todos», concluye.
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