Una familia de Noviercas gana el juicio a Valle de Odieta por impago en la compra de sus terrenos

El proceso judicial se inició a raíz de que la familia de propietarios que vendió terrenos a Valle de Odieta S.L. no aceptó una modificación de los términos del contrato de compraventa que pretendía seguir incumpliendo los plazos de pago. La empresa demandó a la familia alegando que la situación provocada por la pandemia le había impedido avanzar en el proyecto. La realidad es que el plazo para pagar los terrenos acabó ocho días después del inicio del Estado de alarma, en marzo de 2020, y hasta la fecha no ha obtenido ninguna licencia administrativa para el proyecto.

El compromiso adquirido en el contrato suponía pagar el 10% a la firma de las escrituras en 2017, y el 90% restante cuando obtuviera la licencia de construcción o, de no obtenerla en esa fecha, a los tres años, es decir, en 2020. La familia realizó un requerimiento notarial para recibir el pago de este 90 % pero la respuesta de la empresa fue esa demanda judicial para modificar los términos del contrato.

La situación de las familias que vendieron terrenos es económicamente comprometida, ya que no disponen de su propiedad totalmente pero tampoco reciben el pago por ella, en lo que parece una operación especulativa de la empresa que está esperando que los terrenos se revaloricen sin riesgo alguno.

Curiosamente la abogada de la empresa es la agredeña María Ruiz Ruiz, exvicepresidenta y exconsejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, responsable política de proyectos fracasados como la Ciudad del Golf de las Navas del Marqués y la Ciudad del Medioambiente de Soria. También responsable de la aprobación de otros proyectos con graves efectos contaminantes sobre las aguas del Moncayo, como la depuradora de Ágreda y la autorización de la empresa de residuos tóxicos Distiller S.A en Ólvega, que ha sido condenada recientemente por delito ambiental.

Juan Luis Hernández añade que «muchos de los vecinos y vecinas de Noviercas se vieron forzados a vender las tierras a Valle de Odieta ante la presión ejercida por autoridades y agentes sociales sorianos que han tratado de facilitar la instalación de la que sería la mayor explotación lechera de Europa con 23.500 vacas en un pueblo de 250 habitantes. Hoy, muchas de estas familias propietarias comprueban cómo la empresa no les paga e incluso amenaza con abrir procesos judiciales si reclaman el pago. La sentencia es un gran escollo para el proyecto, ya que supone la retirada de 285 hectáreas, un tercio, del total de las 900 hectáreas previstas, siendo posible que más familias propietarias sigan el mismo camino.»