Fallece la anciana soriana que tuvo que separarse de su hermana para cobrar la pensión

Las dos hermanas de 94 y 83 años, Julia y Encarna, habían decidido vivir juntas los últimos años de su vida en el centro para mayores de Matamala después de que una de ellas abandonara su vivienda de Madrid e ingresara en la residencia. Después de vivir juntas durante unos meses en Matamala, Encarna tuvo que volver a la capital de España para no perder una pensión no contributiva de 380 euros, puesto que la unión de ambas pensiones sobrepasaba la cifra de 8.900 euros, y el centro se considera como una única vivienda familiar.

Tuvieron que separase por una interpretación restrictiva de la Ley de Pensiones que ahora trata de modificar el albacea de Julia, un vecino de Almazán, de nombre Ángel Martín Vizcaíno, que abrió hace meses una recogida de firmas en la plataforma online change.org. Ya ha llevado estas rúbricas al Congreso de los Diputados, 135.000 con la pretensión de que se modifique la normativa.

La revisión de las pensiones no contributivas y, en concreto, de situaciones como las de las hermanas Julia y Enrcarna, de Almazán, se debe a una orden ministerial emitida a cada Comunidad Autónoma; en este caso a la Junta de Castilla y León. Martín Vizcaíno explica que «existe una sentencia en Castilla La Mancha que sienta jurisprudencia sobre un caso similar de tres hermanos. Sin embargo, Encarna y Julia no tienen dinero para iniciar un proceso judicial contra la administración, y yo tampoco».

La mesa del Congreso ha vetado el debate sobre la Proposición de Ley que ha elevado el PSOE en defensa de Julia y Carmen. El albacea pretende que las firmas de la iniciativa popular consigan abrir el debate. Y es que la situación particular de las hermanas Garijo Casal «puede afectar a más personas y creemos que es injusta».

Encarna Garijo Casal vive en la residencia y se ha enterado allí de que hermana Julia, falleció ayer en la capital de España, en su domicilio, al que regresó después de la estancia temporal en la residencia de Matamala de Almazán, en la que tenía intención permanecer, junto a su hermana después de que sufrió un accidente y tuvo una rotura de cadera. La anciana, perceptora de una pensión de viudedad, tomó la decisión de abandonar la residencia tras conocer la comunicación de la Junta de Castilla y León, de que a su hermana se le iba a retirar la pensión contributiva, porque al vivir ambas juntas en la misma residencia los ingresos de las dos superaban los ingresos mínimos exigidos», según explicó Martín Vizcaíno. En el caso concreto de estas hermanas ancianas «se trata de una familia que ha sufrido y también ha vivido separada, dado que el padre de ambas fue asesinado en la Guerra Civil y han sufrido las represalias de la dictadura y ahora las leyes democráticas les han quitado la posibilidad de vivir juntas los últimos años de su vida».

Fuentes de la Junta de Castilla y León aclaran que la Administración regional únicamente se encarga de aplicar la Ley General de la Seguridad Social y los determinados decretos que establecen los requisitos para percibir las pensiones.