UCCL anuncia tractoradas para la última semana de febrero

El coordinador regional de la organización agraria, Jesús Manuel González Palacín, aseguró que tanto el Ministerio de Agricultura como la Junta pueden tomar medidas para paliar una subida de costes que en el caso de la cebada de secano se ha incrementado un 49 por ciento, o que en el caso de las patatas ha pasado de 6.000 a 7.500 euros por hectárea. Así, indicó que en los últimos meses el gasóleo se ha incrementado un 75 por ciento, los herbicidas un 45 por ciento, el nitrato un 180 por ciento o la electricidad un 350 por ciento.

Para el responsable de UCCL, las administraciones deben se las encargadas de evaluar y publicar los costes de producción, para que se conviertan en la referencia de la Ley de la Cadena Alimentaria que se acaba de publicar. «Esa responsabilidad no la están cargando ahora a los productores, y resulta imposible negociar los precios con la industria. Con unos costes de producción oficiales no podríamos hacer valer a la hora de firmar contratos», apuntó.

A su vez, también consideró fundamental definir la posición de dominio, para que las grandes cadenas de distribución no fijen los precios arriba abajo, y establecer mecanismo de vigilancia para evitar los abusos.

«Fiscalidad acorde»

Al mismo tiempo, también reclamó una fiscalidad «acorde» al crecimiento exponencial de los costes de producción y demandó un incremento de los gastos de difícil justificación en estimación directa y una rendición de los rendimientos en los módulos. «Se trata de ajustar la fiscalidad a las actuales circunstancias», indicó.

Otra de las demandas de UCCL será la modificación del Plan Estratégico que el Gobierno ha enviado a Bruselas para la reforma de la PAC para que solamente los profesionales a título principal reciban estas ayudas como ocurre en países como Francia y Alemania, donde las subvenciones se reparten entre poco más de 300.000 perceptores, mientras que en España se superan los 700.000 beneficiarios.

Además, también apuntó que las movilizaciones, que principalmente serán tractoradas, se aprovecharán para plantear reivindicaciones históricas como son la relativa a una ley que regule la representatividad de las organizaciones agrarias a nivel nacional y la doble tarifa eléctrica para que en las explotaciones de regadío se suprima el mínimo que deben pagar los agricultores que solo riegan seis meses.

«Munición electoral»

Por su parte, el presidente de UCCL Valladolid, Ignacio Arias, pidió a todos los partidos políticos respeto para el sector y que dejen de utilizarlo como «munición electoral» y «arma arrojadiza», recoge Ical, dado que todas las declaraciones que se vienen realizando en los últimos días con relación a la agricultura y la ganadería «no tienen ninguna consecuencia positiva para nosotros».

A su vez, Arias lamentó que «cualquier indocumentado puede realizar las declaraciones que considere oportuno al respecto del sector sin ninguna consecuencia», y que de la misma forma todos los partidos se refieran a la España vaciada y ninguno quiera asumir una mínima responsabilidad».

En este sentido, también recomendó al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que «utilice el BOE para cambiar lo que no le guste y no un periódico inglés».