La región tiene registradas más de 9.500 granjas de gallinas para autoconsumo

Castilla y León cuenta con un total de 9.548 explotaciones de autoconsumo de gallinas inscritas en la sección ganadera de Registro Agrario de Castilla y León (Reacyl). Un trámite que es obligatorio para todos los propietarios en un proceso administrativo que también ayuda a garantizar la trazabilidad sanitaria, especialmente en momentos de crisis. A pesar de ello, esta normativa todavía no se cumple por parte de algunos de los propietarios que se enfrentan a multas económicas que parte de los 3.000 euros.

Según los datos actuales del Registro Agrario de la región, León se convierte en la provincia que posee un mayor número de explotaciones de autoconsumo de forma legal, con un total de 1.832 granjas de gallinas. Le siguen Burgos con 1.755, Segovia con 1.360, Ávila con 1.263, Salamanca con 1078 y Soria con 1.073. En la cola de explotaciones inscritas se encuentran Zamora con 532 propietarios, 448 Palencia y 207 Valladolid.

Para fijar las condiciones básicas que marcan lo que es una explotación ganadera de aves de corral de autoconsumo, hay que regirse por las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas. En el caso de la región, se determina que la explotación tenga un máximo de 0,15 Unidades de Ganado Mayor (UGMs) de aves de corral de capacidad máxima, calculadas según las tablas marcadas para cada una de las categorías. Asimismo, se determina que esas granjas domésticas «en ningún caso comercialicen los animales, ni su carne, ni los huevos, ni otras producciones, siendo consideradas en caso de comercializarlos como explotaciones reducidas».

En cifras, se considera una explotación de autoconsumo, aquella que cuente con un máximo de 30 gallinas ponedoras o 50 pollos de engorde. «De mantener animales de distintas categorías, habría que hacer los cálculos en función del número máximo animales a mantener por categoría, teniendo en cuenta las conversiones de Unidades de Ganado Mayor», precisan fuentes de la Consejería de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural.

A pesar de contar con esas casi 10.000 granjas de autoconsumo registradas, planea la incógnita sobre el número de explotaciones domésticas que se mantienen en una situación de ilegalidad, ya que existen evidencias de que hay propietarios que se niegan a formalizar ese trámite administrativo. «Tengo cinco gallinas en una huerta merendero desde hace muchos años, las utilizo para mi consumo y el de familiares a quienes regalo los huevos. No me he planteado nunca darlas de alta, pero sí que me estoy pensando el quitarlas por el temor a que me puedan pillar y multar», detalla una jubilada de una localidad de la Ribera del Duero burgalesa, aludiendo a que esa práctica siempre ha sido una tradición en su familia. Al respecto, apunta a que es conocedora de «más gente que está en un caso similar al mío y están sopesando qué hacer porque, al final, es arriesgarse.

Por el contrario, hay otros casos que sí han optado por darse de alta en el registro para garantizar la legalidad y seguridad de su granja doméstica. Es el caso de Daniel Maestre, agricultor de la localidad de Quintana del Pidio (Burgos), quien incide en que «esa normativa no es nueva», y recuerda que «hay que cumplirla». En esta línea, hace hincapié en que la situación cobra una mayor importancia «por el riesgo de gripe aviar» que se decretó a principios de 2025, tras los focos detectado algunos países de Europa.

En cuanto a las multas a las que se enfrentan los propietarios de las explotaciones, el no comunicar al registro de la Sección Ganadera de REACYL la actividad de una granja de autoconsumo, se encuentra tipificado como infracción en la Ley de sanidad animal, que contempla sanciones económicas que parten de los 3.000 euros. A mayores, la normativa de ordenación ganadera no es la única que se aplica al alta de este tipo de instalaciones, ya que existen otras normas que pueden afectar como el trámite de comunicación ambiental dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, que también tiene su propio régimen sancionador. A todo ello, se unen las Ordenanzas Municipales y Planes Generales de Ordenación Urbana que cada Ayuntamiento tenga en vigor, que pueden establecer condiciones más restrictivas para el ámbito de cada término municipal.

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