UPA reclama un Observatorio de Precios Regional que mejore la relación de la cadena

En palabras de Ramos, tras «un año muy malo para la agricultura como 2022», en el que se han enfrentado a «climatología muy adversa, falta de agua, olas de calor muy duraderas y un aumento tremendo de los costes de producción», las perspectivas para 2023 «son buenas».

«Tenemos que trabajar para que los precios de nuestros productos se mantengan en alto, para que las explotaciones puedan cubrir los costes de producción, que siguen siendo exagerados», afirmó Ramos. En ese sentido, recalcó que esos costes «subieron como un cohete por la crisis del precio de los carburantes y ahora que ya se ha controlado el precio del gas están bajando lentos, como una pluma». «Queremos que las autoridades, el Gobierno y Competencia, se impliquen para frenar la especulación que está habiendo», denunció en declaraciones recogidas por Ical. Además, pidió «que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria», y que se refuercen los controles y las sanciones, informa Ical.

«Buen trabajo»

Por su parte, Aurelio González aseguró que junto a COAG, a través de La Alianza, la organización ha hecho «un buen trabajo consiguiendo «muchos logros para los agricultores y ganaderos». Entre los objetivos a medio y largo plazo, se refirió a la necesidad de «luchar contra la despoblación» y aseguró que saben cómo hacerlo. El objetivo prioritario que se marcan «a medio y largo plazo» es conseguir un Observatorio de Precios Regional, que les permita fijar en los contratos su relación con la distribución y con la industria.

«Tiene que haber más inversiones para que las explotaciones sean rentables económicamente, independientemente de su tamaño, sobre todo en regulación de cuenca. Es fundamental que se modernicen las 120.000 hectáreas que faltan todavía por concentrar en Castilla y León de los regadíos ya existentes y hay que poner más apoyo técnico y económico para que la gente joven se quede», defendió.

Asimismo, señaló que pretenden «ir solucionando a corto plazo una serie de problemas que arrastran las explotaciones ganaderas, que son las que lo están pasando peor». En ese sentido, anunció «negociaciones, denuncias en los tribunales y movilizaciones en defensa del sector agropecuario». «Ahora mismo una normativa medioambiental en Castilla y León restringe a los ganaderos poder pastar las zonas que se han quemado durante cinco años», recordó.