Un agricultor esparce un saco de cereal frente a la Delegación del Gobierno en Valladolid. A. Mingueza

La baja rentabilidad moviliza a los cerealistas que anuncian el inicio de más protestas

Asaja y la Alianza UPA-COAG congregan en Valladolid a medio millar de profesionales frente a la Delegación del Gobierno

Silvia G. Rojo

Viernes, 11 de octubre 2024, 16:26

Si se avecina un invierno como el pasado en lo que a movilizaciones del campo se refiere, solo el tiempo lo dirá pero de momento, son varias las concentraciones que se han sucedido a lo largo de las últimas semanas, dos de ellas este ... mismo viernes.

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Asaja y la Alianza UPA-COAG han congregado esta mañana, frente a la Delegación del Gobierno en Valladolid, a medio millar de agricultores para hacer oír su voz por un asunto muy concreto: los altos costes de producción y los bajos precios del cereal. De hecho, la protesta se ha desarrollado bajo el lema «Costes, importaciones y especulación arruinan nuestra producción».

«Si no se arreglan las cosas este es el inicio de las movilizaciones del campo en España», ha afirmado el presidente de Asaja, Donaciano Dujo. Según sus cálculos, «hace dos años el cereal estaba a una media de 360 euros por tonelada y hoy a 200 euros; las organizaciones agrarias no pedimos ni aquello ni esto, pero sí 280 euros por tonelada que es el precio que debe tener porque los costes de producción han pasado de 500 a 750 euros por hectárea desde que comenzó la guerra de Ucrania».

De manera lógica, si se valora la cosecha de este año «y multiplicamos por los 80 euros que nos faltan para ser rentables, faltan 500 millones de euros que es lo que no nos están pagando los compradores».

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Ante esta situación, las organizaciones convocantes han registrado un manifiesto en el que reivindican al Gobierno que se limiten las importaciones, que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria, que se elimine la supresión de aranceles al cereal procedente de Ucrania o, en su defecto, que haya ayudas directas para compensar a los agricultores españoles. Además, consideran necesario un plan de ayudas excepcional para los cerealisas al sur y noreste de la Comunidad y un plan de choque ante el incremento de los costes de producción.

Importaciones masivas

Lorenzo Rivera, coordinador de la Alianza UPA-COAG, aseguró que España «es el país de Europa que más importaciones de terceros está recibiendo entre 2023-2024» y según sus cifras «han entrado 14 millones de toneladas de cereal de terceros países y otros diez millones de toneladas de comercio intracomunitario, en total, 24 millones de toneladas que son una cifra récord inadmisible».

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Rivera declaró que el cereal de los agricultores de la región «está en los almacenes sin vender porque vender a este precio es malvender» por lo que reclamó que se establezca «una preferencia comunitaria para que el producto local se respete por encima de todo lo que viene de fuera».

Concluyó exigiendo al Gobierno «que presente una queja formal ante la Unión Europea por esta situación que solo se está viviendo en España, en los otros países las importaciones son ridículas, no podemos dejar a un sector que se nos va a caer y que ha dejado de sembrar 400.000 hectáreas en la región».

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Aurelio González, coordinador de la Alianza UPA-COAG, también reiteró que la concentración de este viernes en Valladolid «es el inicio de más movilizaciones, habrá que ir a la raíz del problema, que es la especulación que hay en el sector y alguien tiene que tomar cartas en el asunto».

Acusó a las lonjas de «estar orientadas y manipuladas por ciertos operaradores, ellos son la cabeza y hay que exigir a las adminitraciones que les tiren de las orejas».

González puso sobre la mesa los precios actuales del cereal en los puertos, «entre 230 y 240 euros, y encima hay que traerlo».

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Por último, insistió en que los costes de producción «nos están arruinando», al tiempo que avanzó que los profesionales cerealistas, «no van a tener ninguna prisa por sembrar porque no nos salen las cuentas».

También este viernes se han movilizado frente a los Juzgados de Benavente las organizaciones Agrygal, Decaléon y Agrizal para respaldar a los agricultores juzgados por cortar la A-6.

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