Las víctimas que dejan de serlo con un cumpleaños

«Determinadas ayudas a los huérfanos de las víctimas de violencia de género solo se conceden si el asesinato se ha cometido cuando eran menores de edad», indica el estudio 'Jóvenes vulnerables ante la violencia machista y vicaria que ejercen sus progenitores', de la Fundación Mujeres Jóvenes. La reparación, además, «resulta más complicada para aquellos jóvenes mayores de 18 años que no lograron obtener el reconocimiento de víctimas durante su infancia. Nunca podrán obtenerlo si sus madres no denunciaron la situación de violencia cuando ellos eran menores de edad».

Esta legislación puede generar exclusiones en una misma familia. «Por ejemplo, si la mujer tiene dos hijas, una de 16 y otra de 18. La menor de las hermanas sí se beneficiará de las becas estatales para víctimas de violencia de género hasta tener 25 años, pero la mayor, no», explica Ada Santana, presidenta de Mujeres Jóvenes. «Eso puede suceder también con la pensión de orfandad, según la norma de cada comunidad autónoma». Con los cuatro niños que perdieron a sus progenitoras el fin de semana pasado, ya son 39 este año los que deben proseguir solos con poca edad, y más de 400 desde 2013.

La investigación detecta tres tipos de «situaciones» para los hijos de maltratadas que cumplen 18 años. El primer caso sucede cuando la madre ha denunciado mientras son menores. El reconocimiento como víctima no se pierde pero «no se traduce en ningún acceso a servicios de asistencia o apoyo». «El concepto de víctima no caduca, pero el tipo de recursos sí cambia, porque no se han diseñado recursos específico para los hijos», advierte Santana.

La segunda circunstancia ocurre cuando la mujer denuncia con hijos mayores. Estos no serán víctimas «a nivel legal», dice. En estos dos casos, los jóvenes afectados por las agresiones machistas contra la madre están desamparados para fines prácticos.

El tercer supuesto se aplica a los huérfanos por violencia de género, que podrán beneficiarse de las medidas de protección mientras dure el tiempo «estipulado en la sentencia». Ahora bien, si el padre asesino se suicida, o la madre fallece por causas no directas de la agresión, no hay una sentencia que les ampare, y estos huérfanos quedan sin reparaciones.

Salvo las becas estatales, las medidas de protección y sustento tienen carácter autonómico, lo que genera «una doble situación de desigualdad material, por edad y por territorio», indica el estudio. «Únicamente en la violencia de género se establece una limitación al acceso a la condición de víctima, algo que no ocurre ni con la violencia doméstica ni con ningún tipo de violencia».

Entre los obstáculos que encuentran los hijos de madres agredidas para reclamar los recursos de reparación y protección, como el Ingreso Mínimo Vital que sí tiene la mujer denunciante, está la «falta de acreditación específica para las hijas e hijos víctimas de violencia de género», dice Santana. «La necesitan para reclamar».

Otro tipo de caso se plantea cuando quieren abandonar la casa familiar aquellos hijos de mujeres maltratadas que siguen conviviendo con el agresor. Hartos de la violencia cotidiana en sus hogares, al cumplir la mayoría de edad quieren emanciparse. «En muchas ocasiones los jóvenes desean abandonar la unidad familiar para salir del ciclo de la violencia de género, pero cuando lo hacen se ven absolutamente desamparados y desprotegidos», indica el estudio. «Hay una falta de perspectiva por parte de las instituciones y del Poder Legislativo, al no hacer políticas que les encaminen hacia una vida plena como adultos», afirma Santana.

Si son mayores de edad y dependientes económicamente sólo pueden beneficiarse de manera indirecta de las prestaciones que tenga su madre, una vez reconocida su condición de víctima, como las ayudas al alquiler, al mudarse con ella. Si la mujer no denuncia, la independencia de sus hijos para salir del círculo de violencia puede ser una tarea imposible, ya que tampoco las medidas estatales, como el «bono alquiler joven», contemplan este supuesto.