La Tierra contra los Estados

Pese a lo remoto del escenario, no se trata de una iniciativa peregrina. Menos aún excepcional. La rebelión formal de los vecinos del estrecho de Torres forma parte de un movimiento mundial creciente en el que grupos de ciudadanos demandan a los Estados con el argumento sencillo, pero novedoso y certero, de que los Gobiernos tienen el deber fundamental de garantizarnos un entorno habitable. La Administración australiana, más concentrada en aprobar nuevos proyectos de minas de carbón que en cumplir sus compromisos de recortar los vertidos de CO2, nunca antes se ha enfrentado a una denuncia de estas características. Los reclamantes le piden ayuda para financiar los muros marinos y otras infraestructuras que, a su juicio, podrían salvar las islas del estrecho de Torres y le exigen que cumpla los objetivos de emisiones contaminantes fijados en 2016 en el Acuerdo de París.

Naciones Unidas no pueden imponer nada al Ejecutivo liberal del recién llegado Scott Morrison. Los asesores de los australianos litigantes lo saben. A lo que aspiran es a lograr la complicidad del organismo presidido por António Guterres, a fin de que ejerza presión sobre los gobiernos de todo el mundo para que protejan los derechos de los ciudadanos más vulnerables a los efectos del calentamiento global. Para ello, ClientEarth invoca el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un tratado multilateral para preservar las libertades mundiales, por el que Australia estaría obligada, afirman desde esa agrupación, a proteger la cultura de los habitantes de Torres y sus derechos a la familia y la vida.

En los últimos años, países como Ecuador y Bolivia han otorgado derechos constitucionales a la naturaleza y, de manera simultánea, personas anónimas han demandado en los tribunales a las grandes compañías de combustibles fósiles y a un buen número de Gobiernos por sus contribuciones al cambio climático. El fenómeno viene alentado por la histórica victoria legal de la abogada holandesa Marjan Minnesma, que en 2015 consiguió que se dictara la primera sentencia judicial contra una Administración por no proteger lo suficiente a sus ciudadanos de las nefastas consecuencias del calentamiento del planeta. El denunciante era Urgenda, una fundación que ella misma preside y que aglutina a 886 holandeses tan hastiados de las falsas promesas del Gobierno neerlandés que decidieron acudir a los jueces para cuestionar la legalidad de su inactividad medioambiental. Y ganaron.

Descolocado ante un fallo que considera una intromisión de la Justicia en la política, el Ejecutivo de Mark Rutter recurrió el fallo ante el Tribunal Internacional de La Haya sin ningún éxito. El pasado octubre, esa institución daba de nuevo la razón a Minnesma y a los suyos al reiterar la necesidad de que el Estado implemente las medidas oportunas para que los vertidos de gases se recorten antes de 2020 un 25% con respecto a los niveles de 1990. «Utilizamos el sencillo argumento de que la Administración no hacía lo suficiente para proteger a sus ciudadanos y, por tanto, no estaba cumpliendo con su obligación. El Estado nunca ha negado las consecuencias terribles que tendrá la crisis climática. Es más, lleva una década subrayando la importancia de que se reduzcan las emisiones entre el 25% y el 40% antes de 2020. Finalmente, el juez consideró que, aunque el porcentaje que se alcanzara dependía de decisiones políticas, la reducción mínima del 25% era necesaria para proteger a la sociedad», explica la letrada.

Prácticamente al mismo tiempo que Minnesma emprendía un sendero hasta entonces inexplorado para presionar a los políticos a actuar con contundencia frente al colapso biológico del planeta, al otro lado del charco, en Oregón, una colega suya iniciaba una singladura similar, desasistida también de precedentes. Julia Olson se erigía en la principal defensora legal de veintiún niños y jóvenes, con edades comprendidas entonces –hace cuatro años– entre los 11 y los 22 años, que quieren sentar en el banquillo al todopoderoso Gobierno federal. Alegan para ello que ya están padeciendo los zarpazos derivados de la degradación del medio ambiente: Jaime, aún menor, y su familia tuvieron que abandonar su hogar en la Reserva de la Nación Navajo en Cameron (Arizona) en 2011 porque los manantiales naturales de los que dependían para obtener agua se estaban secando; la casa del quinceañero Jayden, en Louisiana, quedó destrozada por unas inundaciones en 2016, y la escuela de Vic en White Plains (Nueva York) tuvo que cerrar temporalmente en 2012 tras la embestida del huracán 'Sandy'.

Consideran, en definitiva, que el Estado ha quebrantado sus derechos constitucionales a la vida, la libertad y la propiedad «con actos que, a sabiendas, destruyen, ponen en peligro y dañan el sistema climático inalienable que la naturaleza otorga». Reclaman así a los tribunales que ordenen al Estado la elaboración inmediata de un plan nacional de recuperación, dirigido por científicos especializados, que conllevaría la transformación de todo el sistema de energía del país. Por su parte, el Departamento de Justicia de la Administración Trump aduce, al igual que antes hizo el de Obama, que «no existe el derecho a 'un sistema climático capaz de sustentar la vida humana'», tal y como sostienen los demandantes.

«Saben que nuestra querella se cimenta en bases sólidas y que perderán el juicio. Por eso intentan desesperadamente frenarlo. De hecho, lo han logrado en dos ocasiones. Su miedo es que se escuchen las voces de estos veintiún jóvenes», expone a este periódico Olson, quien acaba de anotarse un punto decisivo en el proceso tras una audiencia judicial celebrada hace doce días en Oregón. En ella, un magistrado ha decidido que «estos jóvenes merecen la oportunidad de presentar su caso completo contra aquellos que, a través de su Gobierno, les dañan». El caso, conocido como 'Juliana contra los Estados Unidos', sigue, por tanto, vivo y coleando. «Nuestra batalla es garantizar el derecho legal a un clima estable y un ambiente saludable para el beneficio de las generaciones presentes y futuras», sintetiza la letrada.

De vuelta a Europa, el Gobierno francés lidia con su propia sublevación interna. El pasado 20 de mayo, cuatro ONGs respaldadas por nada menos que dos millones de firmas, entre ellas las de las actrices Marion Cotillard y Juliette Binoche, presentaban formalmente un recurso ante la Corte Administrativa de París contra del Ejecutivo de Macron. De nuevo, la misma inculpación: su dejación en salvaguardar al pueblo galo de los efectos de los gases de efecto invernadero. «La causa va a ir a juicio. Calculamos que en dos años», asegura Clementine Baldon, una de las abogadas del caso y miembro del consejo científico de la Fundación para la Naturaleza y el Hombre, una de las entidades denunciantes y que está liderada por Nicolas Hulot, el ministro galo de Transición Ecológica hasta el pasado agosto, cuando dimitió y dejó al presidente liberal sin su bandera verde.

A diferencia de España, donde no existen objetivos nacionales para rebajar las emisiones, ya en 2009 el Estado francés se marcó los suyos de forma generalista. Y en 2015, redactó el llamado 'presupuesto carbono' donde concretaba las reducciones a lograr para 2018. Pues bien, no se han cumplido. Eran objetivos muy precisos y, por tanto, fáciles de controlar.

Hay más motivos para el optimismo. «En mi país, se ha condenado ya al Estado en al menos una decena de veces por no proteger la salud de los ciudadanos al permitir el uso de amianto en la construcción de viviendas o la comercialización de un fármaco a sabiendas de que era peligroso. Por tanto, lo que planteamos ahora puede resultar novedoso, pero no es descabellado. Va en una línea similar». En este sentido, la abogada, experta en Derecho Comunitario, recuerda además que la corte europea de Derechos Humanos «ya ha tomado decisiones que integran en ese compendio el derecho a vivir en un medio ambiente sano». Se refiere al caso holandés, que ha propiciado el inicio de procedimientos en Islandia, Suiza, Gran Bretaña o Canadá. Algunos, ya cerrados. «Los juicios que no han prosperado se ha debido exclusivamente a razones procesales», agrega.

Los ojos de los colectivos más preocupados por el caballo desbocado de la polución también están puestos en el llamado Caso del Clima de la Gente, el primero contra todos y cada uno de los veintiocho miembros de la Unión Europea. Diez familias de distintos países, entre ellos Portugal, Rumanía o Suecia, han denunciado al Gobierno comunitario ante el Tribunal de Justicia de Bruselas porque «la falta de ambición de las políticas comunitarias para contener los vertidos contaminantes de gases de efecto invernadero está dañando nuestras vidas». Se espera que en breve esa institución se pronuncie sobre si procede o no abrir la causa de la Tierra contra todos los Estados de la comunidad azul.