Teresa Ribera: «En el tema del agua sobra ruido y testosterona, y falta frialdad»

-¿Qué futuro le ve al acueducto Tajo-Segura? ¿Pretende acabar con el Trasvase?

-Tengo un compromiso personal, institucional y de responsabilidad muy serio e importante con Murcia y los murcianos, porque afrontan importantes desafíos ambientales, de desertificación, de agua y de energía que son importantes. El Trasvase Tajo-Segura es una infraestructura que va a estar operativa y seguirá siendo utilizada; en primer lugar para garantizar el agua de boca, y segundo porque es muy posible que se siga necesitando durante muchísimo tiempo. Pero sería una gran irresponsabilidad pensar que siempre habrá un volumen de agua equivalente al actual para poder trasvasar. De hecho, durante once meses, en los que nadie cuestionó al Gobierno de Mariano Rajoy, no se pudo trasvasar nada. Nuestra apuesta ha sido precisamente anticiparnos a los escenarios climáticos y estar preparados para invertir una cantidad como nunca se había hecho antes, para asegurar que siga habiendo agua y no depender de si llueve o no en la cabecera del Tajo.

-Sus detractores señalan casi a diario que usted toma decisiones sectarias y guiadas por la ideología; que este es el primer paso para cerrar el Trasvase para riego.

-Estoy acostumbrada desgraciadamente a que la gente haga juicios de valor, o utilice el insulto en lugar del razonamiento. Es una espiral en la que no voy a caer, pero me parece que todo lo que ha sido la gestión de estos años pone de manifiesto que ni ideología, ni insultos, ni decisiones que pongan en peligro el acceso al agua potable en este territorio, sino todo lo contrario. Estoy sometida al Estado de Derecho, y las sentencias del Tribunal Supremo me obligan a realizar algo muy razonable, que es fijar un caudal ecológico en el Tajo; hecho de una manera creativa, innovadora.

-Esa forma creativa a la que alude me llama la atención...

-Es creativa y es innovadora; no hay ningún otro caudal ecológico que se haya fijado así.

-Hay informes técnicos que indican lo contrario a la decisión del Ministerio. Conoce perfectamente lo que sostiene el catedrático Luis Garrote. Es crítico con los cálculos del Ministerio, que considera anticuados; cree que con los 6 metros cúbicos por segundo era suficiente; y subraya que se ha analizado sólo un tramo pequeño del río para establecer todo el caudal del Alto Tajo.

-A Luis Garrote lo conozco desde hace 20 años y siento por él un gran respeto. Es una opinión técnica defendible; que fue tomada en consideración por la Confederación y la Oficina Técnica del Tajo, que es la que debe reflejar cuál es ese caudal ecológico. Y consideró que era lógicamente un informe de parte, que no se ajustaba a las reglas de la Oficina de Planificación. Siempre procuro ser extraordinariamente respetuosa con el criterio técnico de los equipos del Ministerio. No puedo sustituir lo que diga la Oficina de Planificación del Tajo porque haya alguien que diga lo contrario. Creo que la solución que encontramos y que acordamos con regantes y con las administraciones de los territorios afectados, esta solución creativa e innovadora a la que aludía antes, es extraordinariamente garantista. Es muy importante en nuestro caso cumplir con la segunda parte de esa garantía, que es el calendario transparente de licitación y ejecución de esas obras que nos permitan contar con recursos adicionales para los regantes; no solamente por el volumen de agua disponible sino también por el precio. Me parece capital el precio, y estoy particularmente sensibilizada al respecto; y creo que en esto tienen razón. No podemos jugar con una estructura tarifaria en la que resulten tanto más costosos los recursos no convencionales, y sin embargo sea mucho más asequible la explotación de acuíferos, el agua de superficie o del Trasvase. Necesitamos encontrar un punto de equilibrio y que el precio del agua sea ajustado y se pueda asumir. Así que no sé de dónde viene tanto insulto porque nunca se había fijado ese compromiso de precio (del agua desalada).

-Usted estimó un recorte del Trasvase de 70 a 100 hectómetros al año. Y la CHS advirtió de las pérdidas en empleos y hectáreas que pueden producirse. ¿Le preocupa el daño socioeconómico que provocará en el Levante?

-Me preocupa que se utilice como ariete algo que en realidad, si empezamos a analizarlo con más profundidad, tiene un impacto mucho menor del que hoy pueda generar alarma. Hemos clausurado 8.000 hectáreas de regadío ilegal. Creo que el mensaje más peligroso es cuál sería el daño económico, el coste social que supondría no prevenir esos escenarios de menor disponibilidad de agua y cómo se vinculan directamente con la capacidad de explotación agraria.

-Esas 8.000 hectáreas que ha mencionado, del Campo de Cartagena, no son del Trasvase...

-Bueno, hay de todo, pero vamos...

-Hablamos de lo que afectaría al perímetro del Trasvase, salvo que diga que hay hectáreas del Trasvase que se riegan ilegalmente.

-Bueno, están haciendo una adecuación de capacidad alternativa de agua. Efectivamente hay algunas que están vinculadas a las desaladoras preexistentes, y hay otras que simplemente operaban sin título con agua subterránea. Eso es verdad. Pero creo que se trata de algo que tendremos que ajustar evidentemente con la administración responsable en política agrícola, y con la administración del agua, que es la que está intentando dar cobertura a esa reducción de los caudales potencialmente trasvasables desde cabecera

-José Vélez y Ximo Puig comunicaron que había un acuerdo con el Ministerio, menos impactante para el Trasvase porque atemperaba la subida de los caudales ecológicos. Es un texto que se cambió a última hora.

-No, esto no es así.

-Page se pronunció el día anterior sobre eso. ¿Lo puede explicar?

-Sí, perfectamente. Vamos a ver: yo cerré un acuerdo, y además recuerdo perfectamente la presencia del Scrats invocando el informe de Luis Garrote. Era un acuerdo importante desde el punto de vista de la estabilidad con las distintas administraciones, en el que fijábamos la aplicación gradual de ese caudal ecológico, empezando con 7 m3/s y llegando en 2027 a la cifra total. Después de este acuerdo, me consta que siguió habiendo algunas conversaciones entre algunos técnicos del Ministerio y las comunidades de regantes para poder frenar esa aplicación gradual del caudal. Y lo reflejan pensando que era una buena propuesta, el parar en 2025. Lógicamente esa propuesta, que podía satisfacer algunos territorios, estaba rompiendo el acuerdo preexistente y generó el rechazo visceral de los demás territorios que se sintieron traicionados. Y es lógico, porque el pacto estaba establecido sobre una base diferente. Quien estaba saliendo de ese pacto era quien estaba proponiendo esa solución con buena fe, seguro, con buena intención, pero era quien estaba quebrando el acuerdo. Eso se escenificó en el Consejo Nacional del Agua y explica por qué el texto que finalmente mandamos al Consejo de Estado volvía a la versión original.

-Pero entiendo que usted era conocedora de esos cambios que se estaban haciendo.

-No, no. Fui conocedora cuando me encontré con que la gente protestaba y dije ¿qué ha pasado aquí?

-Era un borrador de su propio departamento...

-Por eso digo, que me consta que hubo técnicos de mi departamento que pensaron que hacían un favor intentando alcanzar un consenso un poco más allá, pero probablemente no consultaron ni con el Tajo ni con el Ministerio. El texto final es el que sale de ese proceso completo de participación; y donde estaba el consenso inmediatamente antes es donde fijamos de nuevo la propuesta.

-Pero era un cambio importante el que se estaba introduciendo.

-Yo creo que era un cambio importante...

-Si seguía subiendo el caudal o no...

-Teniendo en cuenta que el caudal fijado por la Oficina de Planificación del Tajo no era el de 2025, sino el de 2027, era una traición al criterio técnico de la Oficina de Planificación del Tajo sin haber consultado a la misma. De verdad que entiendo que se hizo con la mejor intención del mundo pensando que podía generar consenso, pero a la vista estuvo que no. Fue desafortunado.

-¿Hubo un acuerdo previo con Page? Este vendió su intervención como un logro político.

-Ni con García-Page... Yo creo que en el tema del agua sobra muchísimo ruido, un poco de testosterona, y falta mucha frialdad de cabeza y mucho pensar en cuáles son los problemas reales de la gente en todas partes. No solamente la defensa interesada de cada uno de los territorios o cada una de las piezas, sino dónde está el interés general del conjunto del país.

-¿Van a llegar a tiempo para 2026-2027 con el plan de ampliación de las desaladoras, de interconexión y de la construcción de plantas fotovoltaicas?

-Es nuestra convicción y compromiso. Incorporamos específicamente en el real decreto estas inversiones con su calendario, y hemos constituido las comisiones de seguimiento con las tres comunidades autónomas afectadas para que pueda haber total transparencia. Por ahora vamos cumpliendo el calendario a rajatabla, y sí creo que nos jugamos mucho.

-Los regantes piden más años de subvención del precio del agua desalada. Les preocupa qué va a pasar después, porque una vez que desaparezca la ayuda habrá comunidades que no podrán pagar ese agua.

-Bueno, yo creo que como buena seguidora del Atlético de Madrid del Cholo, partido a partido. Ahora estamos afrontando una situación complicada. Si viéramos que es necesario tomar otra medida, en su momento habrá que estudiarlo, pero creo que el plan que tenemos es completo, con impacto inmediato.

-¿Qué mensaje envía a los regantes del Trasvase ante la incertidumbre en la que viven?

-Insistiría en el mensaje de tranquilidad. Creo que ha habido mucho ruido en estos meses. Entiendo la frustración de ese movimiento de último minuto que generó una expectativa. Se han dicho muchas cosas que no son verdad y que nunca han sido pronunciadas ni por mí ni por nadie del Ministerio. Es una infraestructura que va a seguir estando ahí, pero que puede que cada vez tenga menos agua que trasvasar. Por tanto la mayor irresponsabilidad sería mirar para otro lado y encontrarnos con que el problema nos cae encima cuando no haya ese agua. El compromiso adquirido con ellos es cumplir el calendario, transparencia total y acompañamiento en los precios para que esto no les asfixie en el día a día.

-Usted comentó literalmente: «Lo que está pasando en el Mar Menor sí que es terrorismo ambiental? ¿A quién se refería? Esas declaraciones fueron contundentes, fuertes, ¿no cree?

-Creo que es preocupante lo que ha pasado en el Mar Menor. Durante demasiado tiempo se ha mirado para otro lado como si no ocurriera nada y a partir de un determinado umbral alcanzamos un punto de no retorno. Hemos decidido intervenir haciendo una lectura lo más generosa posible de nuestras propias competencias, buscando cómo facilitar una reducción en origen de la carga contaminante o incluso con transferencia de recursos a los ayuntamientos para saneamiento. Pero es muy difícil tener éxito si no hay una implicación por parte de las demás administraciones y del conjunto de la sociedad. A la hora de la verdad, las buenas prácticas agrícolas dependen de la vigilancia de la administración agrícola, pero también de las que cada cual incorpore en su explotación. La capacidad de invertir en una reducción de las aportaciones procedentes de los cascos urbanos depende de los ayuntamientos y en su caso del Gobierno regional; al igual que la reducción de las presiones urbanísticas o la restauración de las ramblas mineras. Y esto resulta frustrante, porque con demasiada frecuencia nos hemos sentido solos. Evidentemente se trata de una expresión que interpela; y que pretende poner de manifiesto que aquí tenemos una bomba de relojería; está en nuestras manos frenarla, pararla y revertirla. Pero es una bomba de relojería lo que tenemos; o actuamos todos o lógicamente estallará .

-¿Se estaba refiriendo al Gobierno regional entonces?

-Creo que el Gobierno regional puede hacer mucho más de lo que hace.

-El presidente López Miras declaró: «Nadie me puede llevar ahora mismo a una obra o actuación del Ministerio en el Mar Menor. No existe».

-Pues es una pena que no nos haya acompañado. Creo que he venido yo más veces al Mar Menor que él en estos años. Pero yo le diría: uno, todos los ayuntamientos han recibido 20 millones de euros para saneamiento y depuración; dos, ya se ha actuado en las ramblas mineras; tres, se le debe haber olvidado la cala del Estacio y Puerto Mayor; cuatro, hemos seguido trabajando en la renaturalización de algunas zonas y acompañando la recuperación de las salinas de Marchamalo. En fin, el comentario es un poco desafortunado porque las cuentas son transparentes y públicas.

-El Ministerio y el Gobierno regional no se entienden casi desde el minuto uno.

-Estamos haciendo un esfuerzo grande por entendernos, porque es imposible la regeneración del Mar Menor si no lo hacemos así. Nos llevamos disgustos porque de vez en cuando nos encontramos con autorizaciones de ampliaciones de macrogranjas. Estamos llamados a entendernos; muchas de las actuaciones tienen que contar con la intervención o implicación de ellos, como la reversión de Puerto Mayor al Estado, las medidas en la zona minera, la identificación de las mejores fincas para instalar filtros verdes, la tramitación de expedientes sancionadores y de clausura para el cierre de regadíos ilegales o de desaladoras. Esto precisa una implicación de su administración ambiental, ya que la mayor parte de intervenciones tiene lugar en zonas que cuentan con alguna figura de protección. Ellos también están interpelados por la propia ley de protección del Mar Menor.

-Llevan cinco años ya...

-Bueno, vamos haciendo avances. Estos ejemplos que he puesto han sido importantes pero me resultan insuficientes, ¿Por qué?, porque me gustaría ver una implicación proactiva, no solamente tolerando, acompañando lo que hacemos nosotros, sino una implicación, un compromiso mayor. Teniendo en cuenta que hay elecciones el 28 de mayo, calculo que hasta junio no habrá ocasión de hablar con el nuevo Gobierno que salga para la Región de Murcia, o no será tan sencillo, más allá del trabajo que se pueda realizar a nivel técnico.

-¿Son suficientes las medidas que hay, o cree que habría que recortar más regadío y actividad en el entorno del Mar Menor?

-Hay un debate social en el que es importante que también se impliquen las administraciones autonómica y municipal, y las comunidades. Hemos identificado los primeros pasos y medidas y hay que ver cómo van evolucionando, porque lógicamente el problema de las aportaciones sigue siendo serio. Si las primeras medidas que se toman son eficaces, será suficiente. Y si hay que seguir adoptando otras tendremos ocasión de verlo más adelante.

-Hay miles de agricultores y ganaderos del Campo de Cartagena que viven con inquietud y en muchos casos ven peligrar su modo de vida. También le pregunto qué mensaje le manda a estas familias y empresas que además han invertido mucho dinero en sus explotaciones.

-Las explotaciones legales no tienen ningún tipo de preocupación al respecto. Aquellas otras que no están en situación regular, pues evidentemente habrá que ver si hay capacidad de regularización o si lo que corresponde es la clausura de esa explotación. Hay una segunda fase, que probablemente es importante también, y es ver de qué manera, en esa implicación de actividades de renaturalización, de filtros verdes, hay una capacidad de reconocimiento o retribución. Es decir, hay una actividad en la que es importante que haya empleo vinculado al mantenimiento de esas fincas, que puede ser una alternativa que además cuenta con el potencial respaldo de la financiación de la PAC para medidas agroambientales, que es muy interesante. Tendremos que ir configurando todo ese respaldo social y velar, evidentemente, en primera instancia, por la tranquilidad de los pequeños propietarios; y tener una conversación diferente con actividades empresariales de mayor tamaño, que también tienen una mayor capacidad para adaptarse o reajustarse.

-Anpier, que representa a miles de pequeños productores de energía fotovoltaica, muchos de ellos en la Región, no comparten el modelo del Ministerio sobre los grandes megaparques. Además, reclaman que al menos el 20% del volumen de generación puedan asumirlo ellos.

-Necesitamos instalaciones de pequeño, medio y gran tamaño. Anpier reaccionó muy positivamente a la propuesta que hicimos. Para nosotros, todo el cambio de normativa con efectos retroactivos fue un error que además afectó de manera muy particular a los pequeños propietarios nacionales. Anpier es una asociación hasta cierto punto de afectados por ese cambio regulatorio y es lo que intentamos paliar con el decreto ley del año 2019. Existe un debate de si en las subastas de energía renovable hay cupos para instalaciones de pequeño tamaño. Lo hemos hecho ya en dos ocasiones y habrá que ir viendo cómo se va ajustando. Estamos asistiendo a cierta ebullición del modelo de negocio en esas instalaciones de menor tamaño, porque son perfectamente compatibles con la subasta, que es a lo que se refieren en ellos, y con el suministro al consumidor final a través de una comunidad energética o de un consumidor industrial en un contrato bilateral.

-¿Qué piensa hacer el Ministerio en la bahía de Portmán? El problema se arrastra desde hace 33 años, cuando cesaron los vertidos. Usted era secretaria de Estado de Cambio Climático cuando se presentó el proyecto de regeneración en 2011. Entiendo que avaló ese proyecto y lo respaldó, pero luego se paralizó y dicen que no sirve.

-Portmán es muy significativo de lo que no queremos que pase en el Mar Menor. Cuando se mira para otro lado y se produce una catástrofe ambiental de grandes proporciones es muy complicado y difícil resolverla. Cuesta muchísimo tiempo. Desde que se paralizaron los vertidos hubo muchos intentos y se ha trabajado con los distintos niveles de la Administración para buscar soluciones. Realizamos un primer ensayo de algo que nunca se había hecho en España, que era una extracción de materiales sumamente peligrosos que habían quedado colmatando incluso la bahía. Encontramos problemas técnicos y de seguridad al reaccionar esos materiales en contacto con el aire y, por tanto, desaconsejable desde el punto de vista de la seguridad para la población y los ecosistemas. El proyecto se tuvo que parar. En segundo lugar estaba la judicialización de los contratos, que ya se ha resuelto. En estos momentos contamos con otras alternativas de las que se ha hecho una primera valoración, y creo que se abre un periodo en el que debemos encontrar la mejor solución, que sea completamente segura, y que cuente con el mayor respaldo de los vecinos. Estamos en pleno debate.

-¿Y qué opción van a aplicar?

-Las propuestas que nos han hecho ha sido las de retranquear la línea de costa, generar un espacio artificial y una recuperación. Pero no recuperar hasta el punto de volver al perfil inicial de la bahía, sino hacer un reajuste con más línea de costa de la que existe hoy y con intervenciones que permitan inertizar 'in situ' y reducir el volumen de residuos trasladable, y pensar en un traslado en otras condiciones. Sabemos que hay otras preocupaciones y propuestas, y tenemos que ver por qué solución prioritaria nos decantamos. O sea, que todavía queda un cierto tiempo para saber cuál será la solución finalmente respaldada por el Ministerio.

-¿Qué opina de la dársena de contenedores de El Gorguel, proyectada junto a Portmán?

-Hay que ser cuidadosos también con no generar nuevas afecciones, intervenciones e infraestructuras. Tenemos alguna conversación pendiente con el Gobierno de la Región de Murcia.