El uso de sumisión química se pagará en septiembre con dos años más de cárcel

La aplicación de la agravante supondrá que la agresión -cualquier acto contra la libertad sexual que no cuente con un consentimiento claro- se pagará con un mínimo de seis años de prisión y con no menos de 7 a 12 años si es violación (asalto con penetración). Es más, si se da una segunda agravante, como por ejemplo un ataque en manada, la suma de ambos pluses subirá la pena por agresión a 7 años y el tiempo que pasaría encarcelado un violador a entre 9 y 15 años.

Esta condena adicional no es el único cambio con el que la ley del 'solo sí es sí' combate la sumisión química. Incorpora mejoras para elevar la eficacia en la investigación y aumentar las condenas y garantiza el asesoramiento y acompañamiento a la víctima desde el minuto uno. Eso sí, el aumento de recursos y la adecuación de estructuras administrativas, policiales y judiciales que precisan impedirá que este segundo bloque de cambios sea realidad antes de primavera.

La ley obliga que los policías, jueces y fiscales que vayan a intervenir en estas denuncias reciban una formación específica en violencia sexual y a que haya protocolos detallados y coordinados para los exámenes forenses y la recogida de pruebas, que se realizará con una toma de muestras y práctica de exámenes en un solo acto. En segundo lugar, la norma crea los centros de crisis, de los que habrá al menos uno por provincia. Durante las 24 horas del día, los 365 días del año, ofrecerán atención y acompañamiento urgente a las víctima, asistencia médica y asesoramiento jurídico, así como acceso a las ayudas psicológicas, sociales, económicas, laborales y habitaciones que puedan precisar, para asegurar su derecho a la reparación.

El objetivo de las reformas es perfeccionar el combate contra un tipo de agresión sexual, el empleo de alcohol o drogas para incapacitar a la víctima, que está presente en uno de cada tres asaltos denunciados y cuyo uso se ha duplicado en los últimos años.

La reforma legal, que quedó en julio bloqueada un mes por una maniobra parlamentaria del PP, entrará en vigor al final del verano en que el país vive una ola de denuncias de mujeres que dicen haber sentido pinchazos en brazos o piernas, seguidos pasados unos minutos de mareos o pérdidas de conciencia, cuando estaban en lugares de ocio concurridos como bares y discotecas, conciertos o fiestas populares.

Las denuncias conocidas en las últimas 24 horas sospechan de intentos de sumisión química en fiestas de Huesca, Gijón, Toledo, Málaga, Santander o Córdoba. Se unen a las decenas de pinchazos similares denunciados en hasta once autonomías, con especial incidencia en Cataluña y País Vasco, y que tienen su origen en una modalidad delictiva detectada en 2019 en discotecas de Francia y Reino Unido.

Las autoridades recomiendan a las mujeres que estén atentas y pidan ayuda y acudan a un hospital en cuando sufran un posible ataque, pero también aconsejan que no se cree psicosis y que disfruten con prudencia de las fiestas estivales. Recuerdan que, salvo en el caso de una adolescente de 13 años de Gijón, que tras el pinchazo dio positivo en éxtasis líquido, el resto de denunciantes no tenía estupefacientes en su cuerpo y ninguna fue objeto posterior de un asalto sexual.