Solo sí es sí y la rebaja de condenas a delincuentes sexuales

Tanto, que hasta el presidente del Gobierno ya admite posibles mejoras «técnicas» y el PSOE no quiere arriesgarse a que la seguridad jurídica pueda fallar ahora en la ley trans, aún en tramitación parlamentaria, y que ha puesto a prueba la relación de los socialistas y Unidas Podemos por el reconocimiento de la autodeterminación de género de los menores.

La Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual o del 'solo sí es sí', que consagra el consentimiento como clave de la libertad sexual y lo convierte en el eje del tratamiento de la violencia sexual, entró en vigor el 7 de octubre. Los expertos señalan que el problema radica en que la nueva norma suprime la distinción entre abuso sexual y agresión sexual, lo que significa que un delito que hasta ahora recogía una conducta más grave incorpore una de otro menor, por lo que la horquilla penal también se ha ampliado para abarcar todo el abanico de comportamientos penados ahora como agresión sexual. Hasta mediados de diciembre, 106 personas habían visto reducidas sus condenas por delitos sexuales en aplicación del nuevo marco de penas. Y un total de 16 habían sido excarceladas.

El Tribunal Supremo fijó que es «obligatorio» adaptar las penas por delitos sexuales a la nueva ley por ser «más favorable» al reo, tal y como recoge el Código Penal. Lo hizo en la sentencia dictada para resolver los recursos de casación del caso Arandina: elevó las penas de los dos miembros de ese club de fútbol condenados por un delito de agresión sexual a una menor de 4 y 3 años de cárcel que había fijado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a 9 años, pero con la legislación anterior esa condena hubiera sido de 10 años.

Tras el aluvión de críticas que provocó esa rebaja de penas, los socios de gobierno aprovecharon la reforma de los delitos de sedición y malversación para introducir una enmienda que, aseguran, servirá de guía para los jueces a la hora de interpretar la nueva ley e impedirá una rebaja automática de las penas. Vox, por su parte, presentó el 2 de diciembre un recurso de inconstitucionalidad por entender que la ley «desprotege a la mujer y menoscaba la seguridad jurídica».

El Congreso también aprobó con los votos del llamado 'bloque de investidura' la ley trans –Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI–, pero con la clamorosa abstención de Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez y ahora presidenta de la Comisión de Igualdad donde se tramitó el texto. La norma, que deberá todavía pasar por el Senado, tuvo una tortuosa tramitación parlamentaria con tensiones entre los socios de gobierno hasta el último momento a cuenta de la libre autodeterminación de género, es decir, que una persona pueda cambiar su sexo en el DNI solo con su voluntad. Esa cuestión, entre otras, sobre todo en lo que atañe a los menores de 14 y 15 años, ha sido motivo de batallas políticas entre PSOE y Unidas Podemos, y también dentro del movimiento feminista como quedó patente en las manifestaciones del 8 de marzo (Día de la Mujer) y el 25 de noviembre (Día Internacional contra la Violencia Machista).