Salvar al can mendicante

El perrito llora lastimeramente cuando sus rescatadores de la organización ambientalista francesa Cause Animal se lo arrebatan de las manos a su supuesto dueño, un mendigo que pide sobre una acera de París. Mientras un activista se lleva al can en volandas, el otro sujeta al pedigüeño que trata de recuperarlo. Campañas así se desarrollan en las calles del país vecino desde hace algún tiempo.

También en España, donde las mafias que gestionan el negocio de la mendicidad hace tiempo que se han percatado de la creciente empatía de la gente hacia las mascotas. No hay más que ver cómo aumentan los escaparates de complementos para animales de compañía en los supermercados.

La pregunta queda en el aire. ¿Es legal arrebatar un perro a sus supuestos explotadores? Las organizaciones animalistas reconocen que la línea es tan delgada como algunas correas que llevan estos seres para que no se muevan demasiado de su 'expositor' callejero. Algunos ya los llaman 'animales de cartón caliente'.

Hace unos días un juez de Barcelona ha absuelto a Andrea y Rita, dos activistas del colectivo Vigilancia Solidaria que le quitaron una fox terrier a una mujer que pedía dinero en el Paseo de Gracia. Tras la denuncia de una organización de ayuda a personas sin hogar, la Fiscalía pedía para las dos mujeres 600 euros y 30 días de trabajos para la comunidad.

En la sentencia, el juez admite que su acción «puede tacharse de irregular y no autorizada gubernativamente», pero concluye que las animalistas obran «con ánimo de proteger al animal y no para su apoderamiento ilícito lucrativo».

Vigilancia Solidaria, que se ha convertido en una referencia en el patrullaje de las calles catalanas para denunciar la mendicidad con el señuelo de los animales, asegura que los servicios sociales ya le habían quitado a la indigente implicada otros 20 perros más. Esta organización lleva cinco años advirtiendo del creciente uso de perros y gatos para ablandar al transeúnte. «Antes explotaban a los niños; ahora, a los animales», advierte su fundadora, Andrea Prada.

Estas prácticas son visibles en cualquier urbe. Lidia Ramírez trabaja en la misma oenegé en Madrid. En una de sus patrullas en la comercial calle Preciados localizó hasta seis personas con el cacillo, el cartel y el involuntario cómplice de cuatro patas en un recorrido de apenas 500 metros. «La empatía social con los animales no ha pasado desapercibida a estos grupos», advierte en sus redes sociales.

La clave para combatir esta picaresca está en el uso con fines lucrativos del animal. «Se debe diferenciar del de aquellas personas sin techo que tienen perros como animales de compañía. Esto último no está penado por la ley», explican desde el portal jurídico Legalitas.com.

Cariño o lucro

Las dudas a la hora de actuar las sufren todas las organizaciones. «Muchas veces es difícil saber cuál es esa relación –reconoce la portavoz de la Asociación Nacional de Defensa de los Animales, Encarna Carretero–. Nosotros consideramos que una persona explota a un animal cuando no tiene ningún vínculo afectivo con él».

Pero las mafias que controlan el negocio mendicante han perfeccionado sus métodos. Llegan a preparar a cada animal con todos los requisitos habituales: microchip y tarjeta sanitaria para darle apariencia de legalidad, lo que dificulta la lucha contra su explotación.

En ciudades como Barcelona, los agentes locales no son amigos de implicarse en despejar esa incógnita, pero levantan una media de entre 50 y 60 actas de infracción cada año. En los primeros seis meses de 2018 intervinieron 25 perros y dos gatos. La Ordenanza de Protección Animal de la Ciudad Condal multa con hasta 1.500 euros por «exhibir animales de manera ambulante como reclamo».

Aunque resulta imposible calcular los réditos de utilizar a un animal, algunas oenegés dan cifras que oscilan entre los 100 y 400 euros diarios. Las normativas varían en función de cada comunidad autónoma, aunque no todas sancionan estas prácticas. En la Comunidad de Madrid puede alcanzar los 3.000 euros, mientras Galicia es la más dura y sus multas pueden llegar a los 5.000 euros (con un mínimo de 500). En Andalucía alcanzan los 2.000 euros.

Desde el partido político animalista Pacma se han hecho campañas en defensa de una ley nacional de Bienestar y Protección que acabe con la actual dispersión normativa. Su ahora presidenta, Laura Duarte, cree que la protección de las personas sin techo y sus animales, permitiría diferenciarlas de los explotadores. Entre sus demandas básicas incluyen el derecho de acudir a los centros de acogida con estas mascotas, ya que la actual prohibición hace que algunos dueños decidan quedarse al raso junto a su can.