Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en hospitales y farmacias

La decisión se aprobará definitivamente por el Consejo de Ministros en las próximas semanas; y aunque aún queda por decidir la fecha, algunas fuentes apuntan a que podría ser incluso el martes que viene. Allí se confirmará que el uso de este elemento de protección deja de ser obligatorio en estos espacios, aunque sí se recomendará su utilización.

A partir de entonces, únicamente se exigirá en las zonas de los hospitales en las que haya pacientes inmunodeprimidos, como las unidades oncológicas, o en los quirófanos y las UCI, habitáculos donde el uso de las mascarillas era frecuente incluso antes de la emergencia sanitaria del coronavirus.

Pero el ministro de Sanidad, José Miñones, no se limitó a acabar con la restricción. En su mensaje tras el Consejo Interterritorial, declaró «el fin de la crisis sanitaria». «El 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud decretó el final de la pandemia y nosotros no habíamos podido hacerlo antes», dijo Miñones, en referencia a que la reunión de este viernes fue la primera tras el periodo electoral previo y posterior al 28 de mayo. Sin embargo, insistió en su principal mensaje: «Los expertos nos trasladan que es el final de la crisis sanitaria».

El Ministerio de Sanidad y las consejerías finiquitaron el uso de la mascarilla tras analizar un documento elaborado por los expertos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dirigido por Fernando Simón, sobre la situación de la pandemia en España. Sobre la mesa estaban varias opciones: la retirada completa de la obligación de forma prolongada, de forma definitiva o de manera escalonada.

En cualquier caso, Miñones había asegurado el viernes pasado que la decisión de suprimir las mascarillas debía basarse en la opinión de los expertos y desde hace semanas, los especialistas apuntaban a que la mejoría de los datos epidemiológicos permitía tomar esta decisión, pero faltaba el aval del CCAES.

Críticas de Madrid

En el Interterritorial de ayer la voz discordante fue la Comunidad de Madrid, y no por estar en contra del fin de la restricción, una medida que esta autonomía había reclamado desde hacía cuatro meses, sino por el hecho de que se tomara casi un mes después de las elecciones autonómicas y justo un mes antes de las generales.

«Es un Consejo Interterritorial absolutamente irregular de principio a fin», señaló el consejero de Sanidad madrileño en funciones, Enrique Ruiz Escudero, al haber «doce consejeros en funciones, muchos de ellos que van a cambiar de signo político». Ruiz Escudero acusó al ministro Miñones de haber negado la celebración de un Interterritorial sobre recursos humanos alegando que España entraba en «periodo electoral» y sin embargo, haber dado luz verde al de la mascarilla.

En unas declaraciones enviadas a los medios, Miñones rechazó esta crítica. «Hemos tenido un periodo electoral del 12 al 28 de mayo y no nos hemos podido reunir antes. Ahora hay otro proceso electoral, luego un Gobierno en funciones y el mes de agosto será inhábil. No podíamos esperar más para este pleno», añadió.

Los hospitales, las residencias de mayores (para trabajadores y visitantes), las farmacias, las clínicas dentales, los centros de reproducción humana asistida, los centros de interrupción voluntaria del embarazo y otros centros de atención especializada eran los únicos espacios en los que la mascarilla continuaba siendo obligatoria.

El pasado 8 de febrero, esta protección se suprimió en el transporte público, donde se había establecido el 4 de mayo de 2020, durante la primera ola de la pandemia. España fue el último país de la Unión Europea en hacerlo.

La retirada total de la obligatoriedad de la mascarilla ha sido un proceso gradual que comenzó el 10 de febrero de 2022, cuando se aprobó el fin de su uso en exteriores, y que continúo unos meses más tarde, el 22 de abril, cuando se acabó con la restricción en interiores.

La situación de la covid-19, sin embargo, es muy diferente ahora, y ni siquiera eventos que en otras ocasiones han supuesto un repunte de contagios, como la Semana Santa o el inicio de las festividades veraniegos, han hecho esta vez que se disparen los casos. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, publicados el pasado viernes, la incidencia acumulada en los mayores de 60 años, la única que se mide ahora, se sitúa en los 66,52 casos por cada 100.000 habitantes, mientras los enfermos de coronavirus representan únicamente el 1,42% de las hospitalizaciones en planta y el 1,12% en las UCI.