Salva la vida tras pagarse de su bolsillo la extirpación de un tumor

El tribunal superior de justicia de esta comunidad acaba de rechazar las objeciones de la Administración castellanoleonesa y ha declarado firme la sentencia del tribunal de lo social que ordenó a la Consejería de Sanidad abonar a esta mujer los 50.366 euros que tuvo que pagar en el verano de 2020 a la Clínica Universidad de Navarra para poder operarse y evitar, hace ya cuatro años, una muerte segura.

Los magistrados, en consonancia con lo reclamado por la defensa dirigida por Santiago Díez, de los servicios jurídicos de 'El Defensor del Paciente', concluyen que esta ciudadana debe ser resarcida porque actuó ante una situación de «urgencia vital», por la imposibilidad de ejercer sus derechos en la sanidad pública y porque solo uso la asistencia privada ante «la pasividad» de los responsables sanitarios públicos.

El calvario de esta vallisoletana comenzó en febrero de 2020, en el Hospital Río Hortega de Valladolid, cuando durante una prueba radiológica para preparar una operación de hernia umbilical los especialistas detectaron un tumor ovárico en estado muy avanzado, por lo que la derivaron al servicio de Oncología.

El 12 de marzo le indicaron que la situación de su tumor y la posibilidad de que ya se hubiese producido algún grado de metástasis descartaba la posibilidad de una cirugía de extirpación y le dieron como única opción el inicio de un tratamiento de quimioterapia, del que le dieron cuatro sesiones. Mes y medio después, viendo la ineficacia del tratamiento y con la paciente víctima de un grave deterioro físico y una extrema desnutrición que llevó su peso por debajo de 40 kilos, se decidió mantenerla en su domicilio y ponerla en manos de la unidad de cuidados paliativos, lo que era prácticamente sinónimo de su desahucio vital.

La familia de esta mujer, ante la falta de salidas, quiso tener una segunda opinión y acudió a los oncólogos que tiene la Clínica Universidad de Navarra en su hospital madrileño. Los médicos confirmaron el diagnóstico de Valladolid, pero indicaron que la única actuación posible para salvarle la vida era la cirugía y que, además, era preciso operarla sin demora alguna ante lo avanzado del estado del cáncer.

La paciente volvió al hospital Vallisoletano el 22 de mayo y comunicó a sus médicos el diagnóstico y la recomendación de cirugía urgente que le acaban de dar. Le remitieron a los servicios de Ginecología y Cirugía del centro para que valorasen la posibilidad de intervención, pero, como único hecho objetivo, la mantuvieron en cuidados paliativos como única medida. El 20 de julio de 2020, aún sin respuesta alguna, esta familia acabó con su paciencia y la enferma fue intervenida en la clínica privada madrileña y sometida a seis ciclos de quimioterapia tras la extirpación del tumor y las demás áreas afectadas.

El tribunal repudia de plano los argumentos de la Consejería de Sanidad, que rechazó indemnizar a esta mujer por considerar que había generado un gasto sanitario tras hacer un uso caprichoso de la asistencia privada, y, muy al contrario, concluye que la demandante cumple con todos los requisitos legales para ser resarcida de sus gastos, al tiempo que afea su pasividad a los poderes públicos.

Los magistrados señalan que la situación de urgencia vital ante la que actuó es «incuestionable» y que también es evidente su «imposibilidad de usar servicios de la sanidad pública», pues «dos meses antes de la intervención y cinco meses después de un diagnóstico muy grave no se decide nada sobre la intervención» y, como única respuesta, «se le remite a cuidados paliativos».

De igual manera, rechaza el argumento de la consejería de que había hecho un uso abusivo de la sanidad privada. «En esta situación -indica el tribunal-, qué puede hacer la enferma más que operarse si le dan esa opción en la sanidad privada, con informes favorables a la intervención y sin respuesta de la sanidad pública». «La actora, pues, intentó en todo momento que fuese la sanidad pública la que la atendiese y, al no lograrlo, acudió a la privada. Desde luego, ni hay abandono de la sanidad pública ni opción por la privada», reprocha a la Administración. «Comunicó a la sanidad pública la posibilidad de ser intervenida y únicamente actuó ante la pasividad o demora en la toma de decisiones con un proceso de altísima gravedad», zanjan los magistrados.