Las residencias registran los brotes con más contagios de la segunda ola

La gestión de las residencias está en manos del Ministerio de Servicios Sociales y Agenda 2030 y de las comunidades autónomas. El 5 de agosto, cuando comenzaron a detectarse de nuevo casos en las residencias, el Ministerio publicó un documento que obligaba a los centros a preparar planes de contingencia, a disponer de material de protección y a realizar PCR en cuanto un paciente tuviera síntomas. Y entre otras medidas, también establecía que «las autoridades sanitarias garantizarán el acceso a la atención hospitalaria a las personas que residen en estos centros en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía, sin que puedan establecerse protocolos genéricos que supongan discriminación por motivos de edad o discapacidad».

Es decir, los mayores tenían que ser llevados a los hospitales para recibir tratamiento, no como había ocurrido en la primera ola, cuando centenares de ellos murieron en las residencias sin cuidados, desamparados y en condiciones dramáticas, como en verano expuso un informe de Médicos sin Fronteras. Las comunidades autónomas, por su parte, han tomado otras medidas. Conforme aumentaban los casos, se han prohibido las salidas de los residentes al exterior y las visitas de los familiares.

En su comparecencia del pasado jueves, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, destacó que los sistemas de vigilancia han mejorado respecto a marzo y abril, de manera que ahora resulta más sencillo encontrar los positivos y aislarlos antes de que el virus se extienda. Según los datos de Sanidad, en la primera ola sólo el 20% de las residencias sufrieron la covid-19, «pero las que se afectaron, se afectaron muchísimo», dijo Simón, antes de asegurar que el impacto en las residencias «es, en proporción, menor» que el de la primera ola, aunque el número de casos ha repuntado coincidiendo con el pico de positivos en toda España hace dos semanas. El epidemiólogo explicó que el coronavirus está entrando en los centros de ancianos de tres modos: cuando los residentes salen y entran, a través de los familiares durante las visitas y por los trabajadores. Y admitió que los contagios en estos centros «no se pueden evitar al 100%».

El mejor conocimiento del virus y de su transmisión, la posibilidad de contar con material de protección y el fin del colapso hospitalario, que ha hecho que ahora se trate en los hospitales a los pacientes de residencias, también ayuda a explicar el descenso del número de fallecidos en estos centros sociosanitarios. Sanidad no dispone de datos específicos sobre la tasa de letalidad del virus en las residencias, pero sí en el caso de los mayores de 80 años. Si la primera ola este índice era del 22%, ahora se ha reducido al 8%.

     

Conocer el número de residentes fallecidos durante la pandemia ha sido una tarea casi imposible. La falta de pruebas diagnósticas y el peligro de contagio hizo que nunca se pudiera confirmar la causa de muchos fallecimientos. El borrador de un informe de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales adelantado por 'El País' estima que 20.268 personas fallecieron en residencias durante la primera ola.

De esa cifra, el 51% (10.364) estaba confirmado mediante análisis serológico, mientras que 9.904 fallecimientos se notificaron bajo el epígrafe «con síntomas compatibles». Según este documento, los muertos en las residencias representaron entre el 47 y el 50% del total de los fallecidos por covid-19 en España durante la primera ola. El 6% del total de los mayores que vivían en un centro murieron.