Las residencias de ancianos, en el punto de mira del coronavirus y la sociedad

Los empleados de los centros geriátricos están expuestos al contagio sin apenas medios. Y lo peor de todo es que tienen que apencar con la incomprensión de buena parte de la población. Desde que la Unidad Militar de Emergencias (UME) detectó cadáveres en algunas residencias que no habían sido retirados, la sociedad las ha tomado por culpables y hecho pagar a justos por pecadores.

Para Rosa Cuadrado, secretaria general de la Federación de Sanidad de CC OO Madrid, las residencias privadas y concertadas de la Comunidad de Madrid «deberían haberse convertido en una prioridad para contener urgentemente la expansión del COVID-19 en un colectivo especialmente vulnerable como es el de las personas mayores y dependientes». Cuadrado denuncia que la falta de equipos de protección y de seguridad coloca a las plantillas de estos centros en riesgo grave y convierte a los trabajadores en un vehículo transmisor del virus. «Las bajas de las personas contagiadas y de las trabajadoras aisladas no se reponen. Además el agotamiento físico y mental de los trabadores es extremo». Rosa Cuadrado afirma que la incompetencia demostrada por algunas residencias privadas y concertadas es lo que ha obligado al Ejército a intervenir.

En efecto, la Unidad Militar de Emergencias (UME) tomó el martes el control directo de las residencias de la tercera edad, desbordadas por los casos de coronavirus. El Ministerio de Sanidad, a instancias de la vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Pablo Iglesias, publicó una instrucción en la que dispone que todos los centros residenciales informen para que se les auxilie con la cooperación del Ejército.

Debido a esta falta de test y PCR, se ignora el alcance real del SARS-CoV-2, el virus causante del COVID-19, en las residencias de mayores. No es un problema exclusivo de España, pues en centros geriátricos de Italia y Estados Unidos también se está produciendo un repunte de la mortalidad.

Los establecimientos de mayores infectados aducen en su descargo que las residencias no son centros sanitarios, sino alojamientos con cuidadores para personas dependientes. De hecho, ni siquiera están obligadas por ley a disponer de médico las 24 horas del día. Cuando piden la presencia de ambulancias o servicios funerarios, las llamadas no son atendidas, de manera que los ancianos mueren en las residencias. De acuerdo con los últimos datos, el 32% de los fallecidos en España eran ancianos ingresados en residencias.

La difusión de la noticia sobre el hallazgo de cadáveres por el Ejército en centros geriátricos ha causado una «profunda decepción y frustración» a la Federación Empresarial de la Dependencia (FED). En una carta dirigida a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la FED acusa a la ministra de cargar las tintas «contra personas que cada día dejan su hogar y vuelven a la lucha, con escasos medios de protección, sin tiempo para reponerse de la vivencia del día anterior, pero con la mejor de sus sonrisas para hacer sentir calidez y normalidad a las personas mayores».

La federación argumenta que es público que los «servicios funerarios están en ocasiones colapsados, traduciéndose sus demoras, no en horas, sino en días». De ahí que las propias autoridades se hayan visto abocadas a habilitar algún pabellón deportivo como morgue. «Y por último, es conocido que los protocolos impiden el manejo de cuerpos de fallecidos por el virus».

En este sentido, el secretario general de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CC OO, Antonio Cabrera, apuesta por que la Fiscalía investigue el asunto y concede que las funerarias no dan abasto para retirar a los fallecidos de los centros geriátricos.

De acuerdo con datos oficiales, en España hay 5.457 residencias que acogen a cerca de 277.000 usuarios. A decir de Cabrera, todo trabajador que tiene la oportunidad se va al sector público a trabajar, que paga mejor que el privado. En los centros públicos, un auxiliar cobra 20.000 euros anuales, mientras que un enfermero ronda los 35.000. En cambio, la retribución media de un auxiliar en las residencias privadas no llega ni siquiera a los 1.000 euros al mes. «El sector privado de la dependencia es hegemónico, mientras que el público es complementario», apunta Cabrera. Las residencias públicas disponen de muchísimas más personas y la ratio de trabajadores por ancianos atendidos es mayor. «Es un sector cuyos trabajadores presentan con frecuencia lesiones músculo-esqueléticas porque han de mover a personas mayores y la carga de trabajo es muy alta. Estamos al borde», subraya Cabrera.

Para colmo de males, los trabajadores a veces tienen que lidiar con pacientes agresivos o que no les entienden bien a causa del deterioro cognitivo que sufren.