¿Es práctico y ético imponer el pasaporte covid y la vacunación obligatoria?

Desde que el médico inglés Edward Jenner desarrolló en 1796 el primer procedimiento de vacunación para controlar la viruela, la estimulación selectiva del sistema inmunitario mediante esta práctica ha sido una estrategia esencial en la lucha contra las enfermedades infecciosas y contra las epidemias.

Mediante la vacunación hemos conseguido erradicar la viruela, casi erradicar la polio y controlar otras muchas enfermedades que habían devastado las poblaciones humanas a lo largo de la historia. Una gran parte de nuestro estado de salud actual, de nuestra esperanza de vida en 2022, se la debemos a las vacunas.

No obstante, no debemos confundir un medio exitoso de lucha contra la enfermedad con un fin en sí mismo. Las vacunas actuales contra el virus causante de la covid-19 producen una defensa frente al ataque del patógeno que es, en la inmensa mayoría de los casos, suficiente para que las personas infectadas no desarrollen ninguna enfermedad o, si lo hacen, padezcan solo efectos leves. Las personas vacunadas están muy protegidas frente al agravamiento de los casos que veíamos antes de la disponibilidad de las vacunas.

Por el contrario, las vacunas actuales no evitan que las personas vacunadas puedan infectarse y que sean, incluso, transmisoras de la enfermedad. La vacuna protege a las personas vacunadas. Esto se ha visto claramente en el caso de la variante ómicron y su explosiva expansión en regiones con altas tasas de vacunación. En este contexto hay que valorar dos asuntos: la vacunación obligatoria y el pasaporte covid. ¿Son éticos? ¿Son prácticos?

Se siguen dando pasos hacia la implantación de la vacunación obligatoria en algunos países de la Unión Europea y en otras regiones del mundo. También hacia el uso obligatorio del pasaporte covid para el acceso a locales comerciales, de ocio e, incluso, para poder trabajar.

La obligatoriedad de la vacunación y del uso del pasaporte covid plantea, por otra parte, un debate sobre aspectos morales y prácticos de ambas medidas que es independiente del suscitado, en contra de una abrumadora evidencia, en torno a la efectividad de la vacunación en general y del uso de esta estrategia para la lucha contra el coronavirus en particular. Es posible ser firme defensor de la vacunación a la vez que opositor a la imposición omnímoda de vacunas o pasaportes de vacunación. La realidad social es mucho más compleja que una serie de simples dicotomías.

Desde el punto de vista ético, es discutible que lo sea obligar a personas adultas en dominio de sus facultades a someterse a tratamientos o prácticas médicas en contra de su voluntad. La vacunación frente al coronavirus, en cualquier caso, supone la agresión física inherente a una inyección y la administración en el cuerpo del vacunado de un producto extraño a él.

Puesto que el principal efecto de estas vacunas es la protección del vacunado, podemos intentar persuadir a la población en general y a las personas en particular para que se protejan. Pero no debemos obligar a nadie a que lo haga. Por el contrario, es fundamental respetar la libertad de equivocarse y respetar que cada uno sea responsable de sus decisiones.

Se podría argüir que la obligatoriedad de la vacunación se basa en su efecto sobre la salud pública ya que permite controlar la epidemia y que, por tanto, está destinada a preservar ese bien mayor. Es cierto que estas vacunas previenen el agravamiento individual de la enfermedad (lo que es fácilmente observable). Con ellas, la disminución del número de casos graves y muy graves alivia la presión sobre el sistema de salud pública.

Sin embargo, los datos actuales muestran que las vacunas disponibles contra el coronavirus SARS-Cov2 no evitan el contagio ni la transmisión del virus, sino que, en todo caso, lo limitan y ralentizan. Por tanto, su efecto sobre la dinámica general de la epidemia es muy limitado y no justifica la limitación de derechos individuales asociada a una vacunación obligatoria.

Es importante recordar que esta no es una característica común para todas las vacunas. Hay otras en las que los efectos de prevención de la infección y del contagio son mucho mayores. Por eso, no es correcto hacer generalizaciones sobre la vacunación como estrategia general: cada enfermedad infecciosa y cada vacunación tiene sus características particulares.

También se podría argüir la obligatoriedad de otros tipos de vacunas como la de la fiebre amarilla en muchas zonas tropicales, la de la meningitis para los peregrinos a La Meca o las del calendario infantil de vacunación. Sin embargo, estas comparaciones no son adecuadas en este caso.

En el primero de los casos se trata de la obligatoriedad de la vacunación para quien quiera ingresar en las zonas en las que el virus es endémico. No para los residentes en esas zonas. Por otra parte, las características de la enfermedad y la eficacia de la vacuna contra la fiebre amarilla no son comparables a las de la covid-19 y su vacuna.

En el segundo caso, solo es necesario contemplar las imágenes de las aglomeraciones que se producen en las peregrinaciones para comprender la dificultad de mantener una mínima distancia social. Por otro lado, el sistema legal y de derechos en Arabia Saudí es diferente del de la Unión Europea.

Por último, el calendario vacunal infantil no es obligatorio en España. Sin embargo hay un calendario de vacunación recomendado que se explica a los padres por los pediatras. La responsabilidad de los progenitores hace que la inmensa mayoría de los niños españoles reciban su programa de vacunación. Esto muestra que apelar a la responsabilidad es una medida muy eficaz para lograr fines relevantes de salud pública.

De hecho, la apelación a la responsabilidad y protección individual han llevado a las altas tasas de vacunación en pauta completa en España sin necesidad de ninguna implantación obligatoria.

Llamamos pasaporte covid (o certificado covid digital) a un documento que informa sobre si se está vacunado contra la enfermedad, se ha realizado una prueba con resultado negativo o se ha superado la covid-19.

Se trata de un documento organizado por la Unión Europea como parte de su respuesta al coronavirus y, más concretamente, para garantizar la movilidad de las personas entre los países de la Unión.

Por eso, su uso para regular el acceso a otros lugares conlleva varios problemas. El uso del pasaporte covid en la vida diaria presenta un catálogo de deficiencias tan amplio que hace imposible que el Estado pueda implantar su uso obligatorio con suficientes garantías.

En primer lugar, se trata de un documento no solo fácilmente falsificable sino, también, difícilmente verificable ya que no es razonable esperar que todos los establecimientos tengan lectores QR conectados a un servidor seguro que autentifique la veracidad del certificado.

Más aún en un país como España donde la gestión de la vacunación está descentralizada, por lo que sería necesario coordinar los distintos servidores de manera suficientemente ágil como para ser operativa.

Por otra parte, las personas que controlan la presentación obligatoria del pasaporte no tienen, en general, ninguna autoridad para solicitar la información personal y sanitaria que contiene el pasaporte.

Además, el pasaporte covid tiene una validez limitada. La Unión Europea ha puesto en marcha desde el 1 de febrero nuevas normas sobre la validez del mismo y la coordinación de los viajes en la UE que limita la validez del certificado a nueve meses, a partir de la última dosis de vacunación.

Por último, debemos recordar que el pasaporte no garantiza que su portador no pueda ser portador o transmisor del virus porque la vacunación no protege contra la infección o el contagio. Por todo ello, el pasaporte como documento puede aportar, en algunas ocasiones, la falsa seguridad administrativa de que la persona está vacunada y que no contagia. Pero no aporta certeza real sobre su estado de contagio y su capacidad de contagiar. Además, en los casos en los que una persona dé positivo en un test de autodiagnóstico, el certificado covid no se actualizará si no se comunica a las autoridades sanitarias.

Una lección básica del manejo de riesgos en situaciones de pandemia es que hay que hacer todo lo posible para que la población tenga confianza en las autoridades sanitarias. Para ello, las medidas deben ser claras y estar claramente explicadas, con sus fortalezas y debilidades.

En situaciones de crisis, el pánico o la desconfianza hacen más compleja la situación. En la época actual, el pánico y la desconfianza se magnifican por el impacto de las redes sociales y de las informaciones sensacionalistas de gobiernos y medios de comunicación.

La experiencia histórica indica que la educación, la información y la responsabilidad son armas más eficientes que la propaganda, el rumor conspirativo y la imposición arbitraria a la hora de controlar las epidemias.

En este sentido, es importante comunicar claramente a la sociedad que la vacunación actual frente a la covid-19 es fundamental para prevenir el agravamiento individual de la enfermedad y que esta protección individual contra la enfermedad tiene una gran importancia social al disminuir el número de casos graves y muy graves que ayudarán a aliviar la presión sobre el sistema de salud pública. Y la salud pública es responsabilidad de todos.

Este artículo ha sido publicado en The Conversation