El director de la Policía, investigado por la gestión interna de la pandemia

El tribunal considera que existen indicios para tramitar la acción penal contra el director de la Policía y la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, Pilar Allúe, por delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, tipificados en los artículos 316 y 318 del Código Penal y que llevan aparajeados penas de prisión menores: de seis meses a tres años.

La Sala presidida por la magistrada María José García ha puesto el foco en el informe de enero de 2020 del jefe de Prevención de Riesgos Laborales, José Antonio Nieto, que fue apartado de su cargo por la Dirección General de la Policía justo antes de decretarse el primer estado de alarma. El mismo advertía de la carencia de medios materiales para afrontar los efectos del coronavirus, como luego ocurriría.

La querella inicial también se dirigía contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, o el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. Sin embargo, la Audiencia Provincial entiende que no procede tomar declaración a estos altos cargos de la administración a la vista de otros pronunciamientos judiciales, en referencia a la resolución del Tribunal Supremo que archivaba las querellas presentadas contra el Gobierno.

Esta causa que ahora investigará el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid tendrá en contra a la Fiscalía, que no aprecia indicios delictivos en la querella de JUPOL. El auto de la instancia superior conocido hoy, por su parte, recoge que el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, establece normas sobre prevención de riesgos laborales, en lo referente a las «medidas correctoras de incumplimientos» en esta materia.

En la querella se apunta a que «posiblemente se ignoró», tanto el informe de Riesgos Laborales del 24 de enero de 2020 donde se especificaban los materiales que debían adquirirse y suministrarse a los agentes, como multitud de solicitudes personales y de delegados de Prevención de Riesgos Laborales, «que fueron acalladas y por supuesto desatendidas».