Alerta en tres niveles y muchas citas atrasadas

Sanidad fijará varios niveles de alerta que aplicarán distintos grados de restricciones para evitar, si es posible, alcanzar «límites terribles» de incidencia y crecimiento de contagios por Covid-19. Esta decisión de la Consejería de Sanidad de Castilla y León se basa en la actual situación, con disparidad en los indicadores y en los criterios y, sobre todo, en la politización de las necesidades sanitarias. Preocupa el incumplimiento de las restricciones y la falta de coordinación, de homogeneidad, de mando único para que las limitaciones en las libertades impuestas a los ciudadanos sean eficaces en su aspecto sanitario.

Unas limitaciones entendidas como necesarias y que afectan a muchos aspectos de la vida de los ciudadanos, desde los públicos, como el uso de los medios de transporte y el tiempo de permanencia en la calle hasta las más privadas, como la limitación del número de personas que pueden reunirse en un domicilio privado, o cuántos y de qué manera asisten a actos tan privados como un bautizo, una boda o un funeral. Las normas han cambiado la manera de relación entre los ciudadanos. Las libertades personales se limitan por una norma que justifica las prohibiciones en un bien común. No hay acuerdo sobre cómo, dónde y, sobre todo, quién tiene la autoridad y la legitimidad para su imposición.

En el ámbito sanitario, la atención que exige del sistema el intento de control de los contagios y de las consecuencias del Covid-19 sobre la población ha provocado daños colaterales al resto de los enfermos. En Castilla y León empiezan a registrarse denuncias por fallecimientos en los que la falta de cuidados han acelerado el proceso. Se esperan más, anuncia la asociación El Defensor del Paciente. La propia Junta admite que deben equilibrarse las medidas de confinamiento y distancia social con la recuperación de la normalidad en la Atención Primaria y en la Especializada. La consejera del ramo, Verónica Casado, ha recordado que, incluso la OMS, «veía el confinamiento en el domicilio como la última medida, la de la pérdida total del control», ha dicho. «Se trata de encontrar el equilibrio entre la salud, los recursos sanitarios y asistenciales y la economía» ha añadido.

La consejería espera normalizar la asistencia y minimizar el número de fallecidos en otras patologías como cánceres, enfermedades cerebrovasculares o por salud mental, considerados en la actualidad como 'daños colaterales' en la guerra frente a la expansión del coronavirus. «Un enemigo que no vemos, pero que hace mucho daño y produce víctimas directas e indirectas. El objetivo es cómo minimizar el impacto y aunque tenemos planes de normalización en la Atención Primaria y Especializada, hay que estudiar cómo y hasta dónde» ha precisado Casado.

El ciudadano ha visto desde marzo cómo algunas de sus actividades más habituales se han visto afectadas por las normas impuestas en la lucha contra el coronavirus. La más cercana, la exigencia de utilizar mascarilla prácticamente en todos los lugares fuera de su propio domicilio, y que también incluyen las zonas comunes del edificio donde se encuentra su residencia. Y junto a esa barrera, otra más emotiva, la obligatoriedad de mantener la distancia de 1,5 metros con respecto a otras personas, y no tocarse. Algo difícil de cumplir en una sociedad que encuentra en el apretón de manos, en el abrazo y en el contacto una fórmula de demostrar gestos como amor, amistas, comprensión, apoyo...

Las limitaciones llegan a aspectos tan personales como la religión, ya que la asistencia a las iglesias, mezquitas y otros centros de oración se halla ahora regulada. Prohibidas las pilas de agua bendita, y también las abluciones en las pilas comunes exigidas para el rezo musulmán. Distancia marcada, limitación de aforo y en los templos mahometanos, quien asista tendrá que hacerlo con su propia alfombra, nada de útiles comunes. Muchos obispos cristianos mantienen en la actualidad la dispensa de la misa dominical para los creyentes. En España, esta dispensa se levantó a mediados del mes de julio pasado.

En el aspecto laboral, quienes han vuelto a sus centros de trabajo lo han hecho después de someterse a un test que expresara el resultado negativo a la presencia de Covid-19, han aumentado las distancias de seguridad entre empleados, han desaparecido muchos de los espacios comunes como cafeterías y zonas con máquinas de venta de productos y ahora, muchas empresas han dividido sus plantillas por equipos, de manera que no todos están al mismo tiempo en el mismo lugar de trabajo. De esta forma, si al detectarse un positivo en uno de estos grupos el resto pasa unos días de confinamiento preventivo, el resto de la plantilla puede mantener la actividad, o volver a ella en el centro si ha permanecido de retén o en jornadas de teletrabajo.

Los medios de transporte públicos han visto también sus aforos limitados. En el caso de los aeropuertos, miles de aviones siguen en tierra desde marzo sin que hasta el momento se conozca cuál será la duración de esta medida. Muchos países exigen a los recién llegados quince días de aislamiento y pruebas de que sus test son negativos.

Los cambios han supuesto una revisión de las libertades públicas, recortadas ahora en distintos grados según los países. Una circunstancia que genera no pocos desencuentros no solo entre formaciones políticas, también entre los gobiernos y sus propios ciudadanos. El coronavirus afectará a cómo se resuelven y qué solución halla cada estado y cada gobierno a estas diferencias.