Una reforma legal creará medidas contra las violencias vicaria, económica y digital

Redondo destacó lo que considera su principal reto de legislatura justo en el acto que su ministerio realizó hoy para conmemorar los veinte años de la ley integral, una norma «revolucionaria» que dijo sacó del ámbito privado y colocó en mitad del debate y el reproche públicos la violencia machista. «Un referente internacional», recordó, que no solo protegió a las mujeres y castigó al agresor sino que además desplegó una red institucional para ayudar y recuperar a la víctima.

La ministra indicó que la necesaria revisión de esta ley debe ampliar los mecanismos de detección precoz, protección y ayuda integral a los hijos para evitar que los padres o las nuevas parejas masculinas los usen como arma de presión o de venganza contra sus madres (este año ya van nueve niños asesinados). También urgió a establecer como claros delitos de violencia machista, perseguibles por los jueces especializados, los actos de los hombres que asfixian económicamente a su pareja como forma de control y dominación sobre ella y a proteger mejor a las víctimas de la violencia machista ejercida a través de las redes e internet, con medidas como podría ser el alejamiento digital.

La titular de Igualdad abogó por recuperar el consenso de todo el arco parlamentario que alumbró la ley y el pacto contra la violencia de género para marginar y desautorizar a los negacionistas de la extrema derecha, que provocan un retroceso social en la lucha contra esta lacra.

La Asociación de Mujeres Juristas Themis, veterana organización de lucha contra esta lacra, está de acuerdo en ampliar la persecución de la ley integral a las violencias vicaria, económica, la trata, el acoso laboral o la mutilación digital, pero además piden acciones específicas para colectivos vulnerables (como las mujeres mayores, con discapacidad o las migrantes), que la red de protección institucional tenga unos servicios mínimos en todas las autonomías y que se fomente la educación temprana en igualdad ante los rebrotes machistas que se comienzan a detectar en los últimos años entre jóvenes y adolescentes.

La ley integral de hace dos décadas y sus desarrollos posteriores, como el pacto de Estado, permitieron poner en pie un sistema dinámico de valoración de riesgos de las maltratadas, el VioGén, que protege a más de 60.000 mujeres y niños, unos juzgados especializados y unos tribunales más concienciados como lo demuestra el hecho de que ya acepten el 70% de las órdenes y medidas de protección solicitadas por las víctimas, que tengan en uso 4.700 pulseras GPS para dificultar que el agresor viole la orden de alejamiento de su pareja o expareja o que ocho de cada diez sentencias dictadas en procesos por violencia machista sean condenatorias.

La red de respuesta jurídicopolicial se completa con un entramado, fundamentalmente dependiente de los servicios sociales, de asesoramiento y acompañamiento personal y jurídico, así como de apoyo económico, psicológico y laboral, que trata de prevenir que esta violencia escale a escenarios más graves y facilitar que la maltratada dé el paso de denunciar y pueda intentar rehacer su vida.

El resultado de toda la batería de reformas es un descenso del 28% en los asesinatos, de los 72 de 2004 a los alrededor de 50 de los últimos años, y un aumento de quienes se atreven a señalar ante la policía o las autoridades a sus maltratadores, que han pasado de 230 denuncias anuales por 100.000 a 415 o, lo que es lo mismo, de unas 99.000 denuncias anuales en cifras absolutas hace veinte años a las 200.000 actuales.