Multas de hasta 10.000 euros por no tener al perro asegurado

El cuidado de animales domésticos conlleva una responsabilidad de asegurar su bienestar, por lo que tenerlos debe suponer un compromiso con su cuidado en el transcurso del tiempo, su identificación y con su integración en el entorno, acorde a la nueva ley. Esto implica el reconocimiento de los animales como seres sintientes sujetos de derechos, no como meras propiedades de sus dueños.

Algunos aspectos de la nueva ley han suscitado polémica, en particular porque existen numerosos puntos que aún no han sido bien definidos, como por ejemplo qué animales serán considerados mascotas, el cambio del listado de razas de perros potencialmente peligrosas por un test de sociabilidad individual del animal y en qué consistirá el curso de evaluación de dueños de un perro. Este es un análisis de los principales cambios que afectan a los responsables de más de 13 millones de compañía (uno de cada tres hogares) que conviven en España:

El primer punto pendiente de aclarar es qué animales serán considerados mascotas. En la normativa anterior se seguía un criterio de exclusión: no se podían tener como mascotas una serie de animales, principalmente aquellos catalogados como especies protegidas o invasoras. La nueva ley, en cambio, funcionará por inclusión; es decir, habrá un listado positivo de los animales que sí se pueden tener como mascotas y será ilegal tener los que no estén incluidos en ella. Por el momento se sabe sólo que estarán incluidos perros, gatos, hurones, conejos y roedores. En cambio, los animales silvestres, como los erizos nacidos en el medio natural, no podrán tenerse como animales domésticos.

La mayor incógnita planea sobre las especies exóticas, como diversos tipos de pájaros o reptiles. El texto incide en que no incluirá animales que «supongan riesgos para la salud o la seguridad de las personas u otros animales» o las consideradas especies invasoras, que en caso de fuga o liberación, afecten negativamente a su entorno. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 explica que la selección todavía no está cerrada. En cualquier caso, en principio la ley no se aplicará de forma retroactiva y quienes tengan animales no incluidos en la lista podrán conservarlos, simplemente no podrán adquirir otros de ahora en adelante.

Uno de los puntos que ha generado mayor controversia, así como roces entre los socios de gobierno, es la decisión de dejar fuera de la ley varios grupos de animales. El caso más conocido es el de los animales de caza, lo que incluye también a las aves de cetrería; pero también los perros empleados en actividades profesionales. Estarán excluidos de la nueva ley en algunos puntos: por perros de trabajo se entienden los de pastoreo o cuida de ganado, los que forman parte de cuerpos de seguridad (perros policía y de rescate) y los de terapia o acompañamiento a personas con discapacidad.

Los animales de cualquier especie usados para experimentación en laboratorio también quedan al margen de la protección de la nueva ley, que solo menciona que «deberán ser manejados con métodos no agresivos ni violentos que puedan provocar sufrimiento o causar ansiedad o miedo». Un punto criticado por las organizaciones animalistas porque puede ser interpretado de forma ambigua.

En el caso de los animales no considerados mascotas, los casos más relevantes son los de zoos y delfinarios, que deberán ser reconvertidos en espacios de protección e investigación a partir de 2026; los circos con animales, que quedan prohibidos como ya sucedía en varias legislaciones autonómicas; y los llamados «festejos populares», en cuyo caso la nueva ley excluye a los toros pero prohíbe las peleas de gallos. Se trata de competencias que deberán regular cada Comunidad Autónoma de manera específica.

El periodo máximo para que los animales puedan estar sin supervisión es de tres días en el caso de los gatos y 24 horas para los perros; a falta por conocer de cuánto será en el caso de otras especies que se incluyan en el listado de animales de compañía. Una excepción en este aspecto serán los perros de pastoreo, que podrán estar más tiempo sin supervisión pero solo si llevan algún dispositivo de geolocalización y si disponen de un refugio donde cobijarse y alimentarse. Finalmente, los gatos que regularmente pasen tiempo en el exterior de la vivienda deberán estar esterilizados obligatoriamente.

Otro punto a destacar es que los animales domésticos deberán poder mantenerse adecuadamente en cautividad y los cerramientos o alojamientos donde vivan o estén albergados deberán reunir condiciones para que puedan desarrollar adecuadamente sus necesidades básicas. La ley exige a quien tenga mascotas a mantenerlas integradas en el núcleo familiar, siempre que sea posible por su especie, en buen estado de salud e higiene

Esto afectaría principalmente a animales que suelen tenerse en recipientes cerrados o semicerrados, como acuarios y terrarios, pero también a mascotas típicas como perros y gatos, que deberán disponer de un espacio suficiente y adecuado acorde al tamaño del animal. En particular, se prohíbe tenerlos de forma permanente a la intemperie, ya sea en patios o en balcones y terrazas que queden expuestos a la lluvia y la nieve, o en los cuales no tengan espacios donde resguardarse, para evitar golpes de calor en verano e hipotermia en invierno.

Dos de las medidas que generan más controversia están relacionadas con la tenencia de perros: la obligatoriedad de aprobar un curso para poder tener perro, especialmente porque no se han dado muchos detalles al respecto; y el llamado test de sociabilidad que sustituirá la polémica categoría de perros potencialmente peligrosos.

«Las personas que opten a ser titulares de perros deberán acreditar la realización de un curso de formación para la tenencia de perros que tendrá una validez indefinida», reza el texto. La formación para dueños de canes será gratuito, podrá realizarse online y no se especifica el contenido exacto del mismo. Las personas titulares junto con sus perros deberán realizar un test para valorar su aptitud para desenvolverse en el ámbito social. Las dos mayores incógnitas planean sobre quienes ya tienen perro: qué sucedería en caso de no hacer el curso en el plazo establecido o de no superarlo.

Otro punto que añade la presente Ley de Bienestar Animal es que persona titular deberá contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que incluya en su cobertura a las personas responsables del animal, por un importe de cuantía suficiente para sufragar los gastos derivados.

Otra novedad se refiere al llamado test de sociabilidad, pensado para sustituir la polémica lista de razas potencialmente peligrosas. Con la nueva ley, los perros serán examinados individualmente, aunque por ahora se desconoce si deberán pasarlo todos los perros o se limitará a los de ciertas razas o complexión física. De esta manera se evaluará la obediencia y el comportamiento de cada perro.

Además, con independencia de estos criterios, todas las personas con un perro a su cargo deberán contratar un seguro de responsabilidad civil frente a terceros, que cubra las posibles lesiones que pueda ocasionar a otras personas o animales. Esta prueba deja fuera a los animales de pastoreo, de caza y guarda de ganado

Uno de los aspectos sobre los que pone mayor énfasis la nueva ley es la cría de animales con finalidades de lucro, es decir, la venta de animales en tiendas y la cría selectiva. En el caso de las tiendas de animales, sólo podrán vender peces, roedores y pájaros, y estos deberán proceder de criadores registrados.

En cambio se prohibirá la venta de perros, gatos y hurones; en su lugar, se podrá tener estos animales en adopción mediante acuerdos con las protectoras. También estará prohibida la exposición de cualquier animal en los escaparates, según el capítulo VII de la norma. Desde la entrada en vigor de la ley empezará un plazo de un año para que los negocios cumplan con estos puntos.

Las personas que se dediquen a la venta de animales deberán figurar en el Sistema Central de Registros para la Protección Animal y no estar inhabilitados para su comercialización. Mientras que la cría con ánimo de lucro por parte de particulares no registrados será considerada ilegal, un punto que se aplica ya en algunas legislaciones autonómicas. La nueva ley establece también una serie de criterios que buscan garantizar el bienestar de los animales seleccionados para la cría, como limitar el número de camadas al año y que dispongan de un espacio y un trato adecuados.

La nueva ley dedica un capítulo entero a los llamados animales urbanos, es decir, aquellos que han sido abandonados o están en estado silvestre. Se prohíbe el sacrificio que no sea por motivos justificados, como problemas de salud irresolubles que impidan al animal llevar una vida normal; una medida que ya aplicaban diversas comunidades autónomas. Así mismo, los veterinarios son los únicos competentes para poner fin a la vida de una mascota por criterios clínicos, salvo en las excepciones que presenta la ley.

Se prohíbe expresamente el sacrificio en los centros de protección animal, ya sean públicos o privados, clínicas veterinarias y núcleos zoológicos en general por cuestiones económicas, falta de plazas, vejez, enfermedad o lesión con posibilidad de tratamiento.

Un caso particular es el de las colonias de gatos callejeros, que deberán ser esterilizados por las autoridades locales para impedir que crezcan en número. Además, si están en suelo urbano, los Ayuntamientos deberán ocuparse de garantizar su seguridad y salud, además de identificarlos con microchip. Tampoco podrán trasladarse si no es por motivos justificados y con previa autorización.

Las sanciones por el incumplimiento de la ley se dividirán en tres tramos: infracciones leves, cuyo importe irá de 500 a 10.000 euros; graves, entre 10.001 y 50.000 euros; y muy graves, entre 50.001 y 200.000 euros. La principal novedad del texto es que el maltrato, la agresión y provocar la muerte a animales puede pasar de la vía administrativa a la vía penal.

La legislación considera que una infracción es leve cuando no se provocan daños físicos ni alteraciones en su comportamiento. Pero por acción u omisión se dejan de observar cuidados u obligaciones establecidas legalmente. Estas son las principales:

• Dejar a los animales atados o permitir que deambulen por espacios públicos sin supervisión presencial de su cuidador.

• Dejarlos en el interior de vehículos cerrados y expuestos a condiciones meteorológicas peligrosas para su vida.

• Dejar a un animal sin supervisión durante 3 días seguidos; en el caso de los perros, durante un máximo de 24 horas.

• No contratar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

• No comunicar la pérdida o sustracción de un animal en un plazo máximo de 48 horas; pasado este plazo se considerará abandono.

• Los animales que tengan acceso (no controlado) a otros animales deberán estar esterilizados; de igual modo, en una misma vivienda, por lo menos uno de los dos sexos deberá estar esterilizado. De no hacerlo, se considerará infracción leve.

• No cumplir las obligaciones de identificación animal.

• El uso no autorizado de métodos agresivos o violentos en la educación animal.

• La administración de sustancias que perjudiquen a los animales o alteren su comportamiento, que no sean prescritas por un veterinario.

• Practicar al animal mutilaciones o modificaciones corporales no autorizadas.

• Utilizar animales como objeto de recompensa, premio, rifa o promoción.

• Utilizar animales como reclamo publicitario sin autorización.

• Criar animales silvestres alóctonos, así como comerciar con ellos.

• El envío de animales vivos excepto en los casos previstos en la ley.

• La retirada, reubicación o desplazamiento de gatos comunitarios en situaciones distintas a las permitidas en esta ley.

• El abandono de uno o más animales.

• El robo, hurto o apropiación indebida de un animal.

• La muerte asistida de animales con medios inadecuados o por persona no cualificada.

• El adiestramiento y uso de animales para pelear con otros animales o personas.

• El uso de animales de compañía para consumo humano.

• Dar muerte a gatos comunitarios fuera de los casos autorizados en esta ley.

• La cría, el comercio o la exposición de animales con fines comerciales por personas no autorizadas o la venta de perros, gatos y hurones en tiendas de animales.

• El uso de animales en actividades prohibidas, en particular en actividades culturales y festivas, en atracciones mecánicas, carruseles de feria, así como el uso de especies de fauna silvestre en espectáculos circenses.

• El uso de selección genética de animales de compañía que conlleve detrimento para su salud.

• La comisión de más de una infracción grave en el plazo de tres años, cuando así haya sido declarado por resolución administrativa firme.

Además, cualquier infracción que comporte sufrimiento del animal será susceptible de ser penada con la inhabilitación de hasta 10 años; y en caso de muerte, pena de cárcel de entre 18 meses y 3 años.