Pistoleros contra la democracia

En enero de 1977 Madrid era un hervidero de conspiraciones. Día a día el aparato franquista se iba desmontando. Menudeaban los ultras con querencia por los puños de hierro obsesionados con salvar a España de la subversión. El 24 de enero tres cachorros de la extrema derecha se propusieron dar un escarmiento a los sindicalistas de CC OO. En el número 55 de la calle Atocha había un despacho de abogados laboralistas donde se reunían los miembros del comité de una huelga promovida por Comisiones en el sector del transporte privado. Después de haber tomado unas cuantas cañas y alguna copa de coñac, se presentaron envalentonados en el tercer piso del inmueble. Eran las diez y media de la noche. Descargaron sus pistolas contra nueve personas que trabajan en el bufete. Fue lo que después se conoció como la matanza de Atocha, en la que murieron cinco personas. El suceso produjo tal conmoción que el entierro fue toda una marcha cívica de 100.000 manifestantes que paradójicamente trajo como consecuencia la legalización del PCE tres meses después. El historiador Manuel Gallego López ha investigado los hechos durante nueve años y estudiado a fondo la instrucción del sumario, plagado de irregularidades. El resultado es el libro 'Los abogados de Atocha. La masacre que marcó la Transición' (Catarata).

Los días previos al atentado fueron aciagos. Los Guerrilleros de Cristo Rey habían asesinado al estudiante Arturo Ruiz García. Al día siguiente los Grapo secuestraron al teniente general Emilio Villaescusa. Y en medio del fragor de las protestas, otra estudiante universitaria, María Luz Nájera, moría a causa del impacto de un bote de humo. Los adeptos del régimen de Franco tenían motivos para estar preocupados. Las Cortes se habían hecho el harakiri al aprobar en noviembre de 1976 la ley para la reforma política, norma que permitía desanclar el andamiaje de la dictadura. A ello se sumaba la desaparición del Tribunal de Orden Público (TOP), encargado de reprimir la disidencia política.

Gallego inscribe la matanza dentro del desmoronamiento de las estructuras franquistas y el avance del PCE y CC OO. Esta organización se infiltró en el Sindicato Vertical para minarlo por dentro. Los nuevos sindicalistas estaban presentes en Iberia, Telefónica, Renfe, Aviaco y la EMT, y derrotaban una y otra vez a la vieja guardia del régimen. «Una acción violenta como respuesta a una huelga en la rama de transporte puede parecer algo desproporcionado, pero enmarcada en la situación política y social del país y de la ultraderecha en particular, con el progresivo desmantelamiento del régimen y los secuestros de Oriol y Villaescusa, no parece tan inconcebible», argumenta el autor.

En el tiroteo murieron los abogados Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo y Enrique Valdevira; el estudiante Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez. Un cambio de despacho de última hora permitió salvar la vida a la exalcaldesa Manuela Carmena, integrante del bufete. El crimen fue obra de un trío de señoritos indolentes seducidos por las soflamas de Fuerza Nueva y la Falange. José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá perpetraron los asesinatos, mientras Fernando Lerdo de Tejada se encargó de vigilar la puerta del despacho. Los pistoleros fueron condenados a 193 años, si bien nunca demostraron atisbo alguno de arrepentimiento con las víctimas. Lerdo de Tejada y García Juliá burlaron la cárcel por la negligencia y complicidad de la judicatura, si bien los tribunales de Brasil, país al que había huido y donde permanece, han aprobado la extradición a España del segundo.

Alejandro Ruiz-Huerta, el único testigo de la matanza que queda con vida, sostiene que «cada 24 de enero, cuando se celebraba el aniversario de la masacre, los asesinos la festejaban con una mariscada» en la prisión de Ciudad Real.

Los criminales se creían impunes y se justificaban diciendo que eran los brazos ejecutores de una acción patriótica para salvar a España de los comunistas. Jamás pensaron que fueran a ser detenidos, como pasó días después. El juez instructor del caso, Rafael Gómez-Chaparro, identificado plenamente con el régimen de Franco, actuó con suma parcialidad, según el historiador. Gallego cree que fueron juzgados los autores materiales de la masacre, pero quedó sin investigar la connivencia de policías y líderes ultras.

En el juicio la sala se llenaba cada día de jóvenes de camisas azules e insignias falangistas que vitorearon a sus «ídolos». Fue un proceso anómalo. El público cantaba el 'Cara al sol' y los acusados se referían a sus víctimas como «cerdos comunistas». En palabras del autor del libro, lo más significativo es que por primera vez «se aplicó el artículo de terrorismo a un atentado que no había sido cometido por grupos terroristas reconocidos, principalmente ETA y los Grapo».