Los obispos animarán a las víctimas de abusos a denunciar su caso ante los tribunales civiles

En el documento, los prelados piden perdón a las víctimas y aseguran que están implicados en búsqueda de la verdad y la justicia. La instrucción asume el mandato del Papa de investigar a laicos acusados de abusos. Con todo, en el texto no se hace mención a ningún tipo de indemnización o reparación económica a los damnificados por la pederastia clerical.

«Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal personal de cada fiel, derivada de sus propias acciones, la Iglesia debe asumir el compromiso de hacer cuanto sea menester –desde criterios de justicia y caridad– para prevenir y, en la medida de lo posible, paliar el mal terrible que se deriva de las faltas que, en el seno de la Iglesia, hayan cometido o puedan cometer contra los más pequeños algunos sacerdotes, consagrados o laicos con funciones concretas u oficios específicos, ocasionando un daño que afecta directamente al entero pueblo de Dios», dice la jerarquía católica.

El texto, aprobado en la última asamblea plenaria del episcopado, es una guía para que diócesis y congregaciones religiosas sepan cómo actuar ante la denuncia de un caso de abusos sexuales. Los mitrados expresan sus compromiso de «respetar e incluso alentar el que las víctimas ejerzan el derecho de actuar según su conciencia en lo que se refiere a la denuncia ante las autoridades estatales, sin excluir la posibilidad de que la propia diócesis o el instituto pueda, en su caso, personarse en el proceso penal correspondiente».

En el documento se aduce que, desde el inicio de la investigación previa de un delito de abusos a menores, el ordinario deberá resolver acerca de la necesidad de decretar medidas cautelares, y mantenerlas o modificarlas una vez recibidas las actas del dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano.

En el supuesto de que el acusado proclame su inocencia y existan datos que hacen verosímil la denuncia, se recomienda «apartar» al acusado «del ejercicio del ministerio, imponerle o prohibirle la residencia en un territorio o prohibirle que celebre la eucaristía», con «el fin de evitar el escándalo, defender la libertad de los testigos y garantizar el curso de la justicia».

La instrucción pretende imponer un modo de actuación único en todo la Iglesia. Desarrolla los mecanismos jurídico-procesales del derecho eclesiástico, que son «obligatorios y vinculantes» para todos los obispos diocesanos y los superiores mayores de los institutos de vida consagrad, así como sociedades de vida apostólica clericales.

«No hay duda de que, entre las actitudes más repudiables en el ministerio y la vida de un sacerdote, se encuentra el autoritarismo, el abuso de poder y, de modo muy especial, el abuso sexual contra menores, contra quienes tienen habitualmente un uso imperfecto de razón y contra aquellos a los que el derecho reconoce igual tutela», argumentan los obispos en el preámbulo del documento.

El texto describe los delitos de abusos sexuales contra menores, entre los que figuran reclutar o inducir a menores para que se expongan pornográficamente o para participar en exhibiciones pornográficas, tanto verdaderas como simuladas, y adquirir inmoralmente, conservar, exhibir o divulgar imágenes pornográficas de menores.