Nace una aplicación para denunciar la violencia machista en el medio rural

Es, precisamente, en los municipios más pequeños donde estas mujeres echan en falta juzgados o cuarteles de la Guardia Civil a los que acudir para denunciar episodios de malos tratos. La aplicación, 'Puntos Violeta', que ha empezado a funcionar en Asturias de forma experimental, se extenderá por toda España a través de las sedes de AFAMMER, organización que cuenta con unas 200.000 mujeres asociadas y que ofrece a todos los municipios, especialmente a los de menos de 2.000 habitantes que son los más vulnerables, la posibilidad de adherirse a esta plataforma digital que desarrolla EngrApp.

Según explica el diseñador de esta aplicación, Federico Valdivia, cuando la usuaria se la descarga «aparecen un plano y su posición y también permite hacer grupos de amigos o familiares para compartir información y además puede escanear unos código QR que le dan acceso a otros grupos, para acceder a la información compartida en ellos.

Si un municipio dispone de un grupo Punto Violeta, puede facilitar el escaneo del código QR de acceso a sus vecinas, lo que les permite ver en sus dispositivos móviles la información que el ayuntamiento despliegue y comparta para su seguridad.

EngrApp y los puntos violeta garantizan el anonimato de las mujeres y además resulta muy eficaz en caso de desapariciones pues facilita el paradero de la usuaria mediante la geolocalización.

«En los pueblos aún importa el qué dirán, que te conozcan, y esta plataforma digital es muy importante para que las mujeres puedan romper el círculo de terror de violencia que se ejerce sobre ellas y puedan recibir acogida, ayuda y asistencia», puntualiza Carmen Quintanilla, presidenta de AFAMMER. Según este colectivo, menos del 70% de las mujeres que sufren violencia de género en localidades pequeñas denuncian estos casos y cuando lo hacen tardan cerca de 20 años desde que comienzan los malos tratos cuando en el medio urbano la media es de 9 años.

A esto se suma su situación de alejamiento de los servicios básicos de ayuda y protección –casas de acogida, centros de salud o cuarteles de la Guardia Civil- ya que el 35 por ciento de las localidades con menos de 10.000 habitantes sólo cuenta con un servicio público de estas características.