La mitad de las autonomías se opone a cambios ambiciosos en las residencias

El próximo mes la titular de la cartera, Ione Belarra, posiblemente, volverá a convocar el Consejo Territorial de Servicios Sociales con la intención de cerrar el documento con los requisitos mínimos que se le pedirán a las nuevas residencias de mayores y de minusválidos que quieran comenzar a funcionar en España, la mayoría de los cuales también deberán cumplir los centros que ya existen antes de que se agote la presente década.

Belarra estaba convencida de que este miércoles podría cerrar un acuerdo, pero lo cierto es que la propuesta ni siquiera se sometió oficialmente a votación después de que numerosos responsables autonómicos de distinto signo político mostrasen sus objeciones. En el frente opositor estaban las populares Madrid, Galicia, Andalucía y Murcia, pero también las socialistas Castilla-La Mancha y Extremadura, el País Vasco y Cataluña, y hasta el representante de la ciudad autónoma de Ceuta.

En la mayor parte de casos las objeciones se plantearon a los puntos más ambiciosos, los que pretenden cambiar por completo el modelo que mostró sus serias carencias (masificación, deshumanización, falta de personal, de atención y de control ) durante la pandemia y la enorme mortandad de mayores.

Estas autonomías están en desacuerdo con el notable incremento de cuidadores y técnicos que exige el nuevo documento, con que la mayoría de las habitaciones sean individuales y con que los centros tengan menos residentes y los organicen en unidades de convivencia de un máximo de 15 personas –con sus propias estancias y personal– para que se parezcan más a un hogar y menos a un asilo.

Muchas comunidades tienen un gran número de plazas de residencia concertadas con centros privados, que presionan contra un acuerdo que les exigiría grandes mejoras e inversiones.