Las mujeres maltratadas superan por vez primera las 500 diarias

Suman ya una década completa de crecimientos anuales continuados de casos de violencia machista en la pareja o expareja, un dato ambivalente, según la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Demuestra, asegura Ángeles Carmona, un aumento de la confianza en la justicia y en las instituciones por parte de las víctimas, que cada vez en mayor número dan el difícil paso de denunciar, pero también confirma que esta lacra, que ha segado la vida de dos niños y dos mujeres en los últimos tres días, no cede.

De hecho, son las propias maltratadas quienes están rompiendo el muro de silencio que tradicionalmente ocultó esta violencia, pues son las responsables directas de siete de cada diez denuncias. Sin embargo, sus entornos más próximos, la familia, los vecinos, los amigos o los compañeros de trabajo, muchos de ellos conocedores del maltrato, siguen sin dar un paso adelante. Sus denuncias suponen el 1,8%, una cantidad ínfima e incluso más baja que la de años anteriores. Carmona hace un llamamiento a todos ellos para que reaccionen y acaben con su tolerancia. «Una llamada a tiempo de cualquiera de ellos puede ser crucial para salvar una vida», recordó.

En concordancia con la subida de denuncias, la tasa de maltratadas por cada 100.000 mujeres se situó en 2023 en España en 79,4, seis puntos y medio más que un año antes, con Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana o Canarias por encima de los 100 casos y con Castilla y León, Galicia, País Vasco y La Rioja, como los territorios con menos violencia de género, próximos a una tasa de 50.

En la parte positiva del balance del año pasado está la actuación de los diferentes juzgados y tribunales de violencia contra la mujer y de las instancias superiores. Hasta el 81% de las algo más de 60.000 sentencias que se dictaron el año pasado por estas agresiones machistas significaron la condena del maltratador, lo que supone un nuevo récord histórico.

De igual manera, cada vez son más los jueces y tribunales que acuerdan medidas de protección para las víctimas y para sus hijos. El año pasado se concedieron una de cada siete de las que demandaron las maltratadas, en su mayoría órdenes de alejamiento o de prohibición de comunicación para el agresor, pero también se acordaron 4.026 suspensiones del régimen de visitas del violento a sus hijos y otras 2.411 suspensiones de la guardia y custodia sobre los menores.

El dato más negativo del ejercicio pasado, junto a la reiteración de las insignificantes denuncias de familiares y conocidos, fue el aumento de casos de mujeres que se acogieron al derecho que les dispensa de la obligación legal de declarar contra su agresor por tratarse de su pareja. Se acogieron a este derecho 19.500 víctimas, una de cada diez, lo que supone un aumento del 15% sobre el año anterior. Muchos de estos procesos, ante la ausencia de indicios de cargo distintos a la declaración de la maltratada, terminan con la absolución del maltratador por falta de pruebas.

Ángeles Carmona, como conclusión, señaló que «el Estado debe seguir apostando por la lucha contra la violencia de género y debe seguir aportando los medios necesarios», por lo que reclamó que, «hoy más que nunca, es imprescindible que los partidos políticos dejen a un lado sus diferencias con el fin de reeditar tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado un pacto de Estado (contra la violencia machista) que, como el de 2017, nos permita seguir siendo puntas de lanza a nivel internacional en esta materia».