Así fue 2023
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Su aprobación se produjo en el otoño de 2022 pero sus verdaderos efectos se proyectaron a lo largo del año que ahora se despide. La ley del 'solo sí es sí' (Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual) está teniendo una aplicación ... tan polémica como lo fue su promulgación. Y en la práctica ha sido la 'tumba' política de su principal impulsora, la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero. Además supuso la mayor brecha entre el partido de Montero, Podemos y el conglomerado de fuerzas de Sumar, hasta el punto de que su líder, Yolanda Díaz, acabó 'purgando' a Montero y al resto de la formación morada.
A finales de noviembre, el último recuento actualizado del Consejo General del Poder Judicial señaló que 1.233 agresores sexuales se habían beneficiado de una norma que perseguía justo lo contrario. Además, 126 de ellos habían sido excarcelados.
La norma estrella del Ministerio de Igualdad había puesto el foco en una mayor regulación del consentimiento de las relaciones sexuales, inspirada en la persecución de abusos sexuales impulsada tras el 'caso de la manada' en Pamplona (2018). Aquel proceso terminó con una condena a los autores por abusos y no por agresión sexual.
El escándalo de los colectivos feministas llevó al ministro de Justicia de entonces, Rafael Catalá, a ordenar un estudio para una posible reforma del Código Penal. Una treintena de juristas llegaron a elaborar varios borradores.
Pero la 'patata caliente' quedó para el siguiente gobierno tras la moción de censura. Fue el nuevo Ministerio de Igualdad (Podemos) el que se puso modificar la legislación. Sin embargo, sus expertos no atendieron las advertencias de los juristas de los fallos de redacción por se colarían revisiones a la baja para muchos condenados.
El cruce de reproches (Irene Montero acusaba a los jueces de una «aplicación machista» de la ley) en la coalición de Gobierno por el escándalo creciente cada vez que salía a la calle un agresor fue zanjado en febrero por el propio Pedro Sánchez que habló de los «efectos indeseados» de esta normativa y tuvo que pedir perdón a las víctimas.
En el mes de abril y en uno de esos raros casos de 'entente cordiale' con la oposición del Partido Popular, el Gobierno sacó adelante una contrarreforma del 'solo sí es sí' con el fin de frenar el goteo de rebajas. Solo así se logró rebajar sus efectos perniciosos.
El Defensor del Pueblo entregó su esperado informe sobre pederastia en el seno de la Iglesia católica al Congreso a finales de octubre. Fue un 'mazazo' en el argumento eclesial de reducción de daños en este fenómeno que llevan años tratando de esquivar. El departamento de Ángel Gabilondo cifró en hasta 440.000 los españoles que han sido víctimas de abusos sexuales. El cómputo mínimo no baja de los 236.000.
Un dato que contrasta con las menos de mil víctimas (927) que reconocía por las mismas fechas la Conferencia Episcopal Española (CEE). Pero el propio Gabilondo lamentaba al presentar su informe que la respuesta de la Iglesia se ha caracterizado por «la negación del problema o su minimización».
Para contrarrestar estos datos, la CEE presentó el 21 de diciembre, después de varios aplazamientos, su propia auditoría encargada a un equipo de abogados en la que, después de años de negación del problema, se admite la existencia de al menos 2.056 víctimas de abuso sexual. Una cifra que ni la Iglesia admite y que reduce a 1.302 en España. En su informe previo, los obispos solo admitían 927 casos.
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