La ley de Familias lleva un año en el congelador del Congreso

La ley de Familias, la norma que esperan decenas de miles de hogares para ampliar sus derechos y ayudas a la crianza, lleva justo un año metida en el congelador del Congreso de los Diputados y, lo que es peor, nadie, ni siquiera su promotor, el Gobierno, sabe a ciencia cierta cuándo saldrá de su actual bloqueo o, incluso, aunque no lo reconozcan, si lo conseguirá.

El Consejo de Ministros dio el 28 de febrero de 2024 dio el visto bueno al proyecto de ley intentando que la norma completase la tramitación parlamentaria y pudiese entrar en vigor en el menor tiempo posible. De hecho, en esa reunión se tomaron dos decisiones para empujar, aunque con poco éxito, en tal sentido.

La primera la adoptó Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y principal impulsor de la norma. Envió al Congreso las mismas 68 páginas redactadas un año antes por su predecesora, Ione Belarra, el proyecto que no pudo convertirse en ley tras decaer en la primavera de 2023 por la disolución de las cámaras y la convocatoria anticipada de elecciones.

El ministro tiene intención de introducir importantes novedades en el texto, como la ampliación de los permisos de paternidad, pero dejó los cambios para el trámite de enmiendas, porque si alteraba una sola coma el texto debía volver a pasar por todos los órganos consultivos y sufrir un retraso de meses. La segunda decisión fue enviar el proyecto al Parlamento para tramitación de urgencia, lo que, de no haber bloqueos, reduce a la mitad los tiempos para la aprobación.

Pero nada más lejos de la realidad. La Comisión de Derechos Sociales del Congreso, donde debe debatirse, abrió el 8 de marzo de 2024 un primer plazo de una semana para que los diferentes grupos presentasen enmiendas al proyecto, y ahí sigue varado. A esos siete días le han seguido desde entonces 40 prórrogas consecutivas del plazo de enmiendas, la última acaba el miércoles, pero nadie duda ya que la sucederán muchas prórrogas más. Este fenómeno es el equivalente parlamentario a meter el proyecto en un cajón, del que a día de hoy no hay seguridad de que salga.

Sumar y el PSOE han sido incapaces en estos doce meses de lograr suficientes apoyos entre sus volubles socios de investidura para sortear y superar los 'noes' a la ley que tanto PP como Vox anunciaron desde el minuto uno. Fuentes parlamentarias dicen que hay avances en la negociación para parir un texto con un mínimo consenso. Pero lo cierto es que todo sigue lo suficientemente verde como para no atreverse a cerrar el plazo de enmiendas, lo que forzaría una votación que puede terminar en derrota y con el texto en la papelera.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales se limitan a aclarar que no van a tirar la toalla y que siguen esperanzados en sacar la norma adelante. «La ley de Familias es un objetivo prioritario de este ministerio y seguimos trabajando cada día para su aprobación. El propio presidente expresó esta prioridad en sede parlamentaria. Las familias españolas necesitan esta ley y este ministerio está haciendo todo lo que está en su mano para articular la mayoría necesaria para conseguir su tramitación», dijeron como respuesta al parón.

En paralelo, las principales ONG españolas, sobre todo las dedicadas a la infancia, que desde un principio apoyaron la norma, exigen a los partidos que rompan el bloqueo y se embarquen en una tramitación y aprobación urgente. Les recuerdan que mientras el proyecto está hibernando la pobreza infantil en España sigue en máximos de la década y a la cabeza de la UE, con más de un tercio de menores (34,7%) en riesgo de pobreza o de exclusión social.

La ley hoy bloqueada, solo con su redacción inicial, iba a beneficiar a más de medio millón de españoles, fundamentalmente con la práctica universalización de la renta de crianza a todas las madres con hijos menores de tres años y con la extensión de los beneficios de familia numerosa a todos los hogares monoparentales con al menos dos hijos a cargo. Pero también incluye entre sus medidas principales la igualación de derechos entre matrimonio y parejas de hecho (pensión de viudedad, días de cuidados...) y la posibilidad de que la tramitación sirviese para encajar el compromiso de legislatura de elevar los permisos de paternidad de 16 a 20 semanas o una medida reclamada la semana pasada por el pleno del Congreso, que se paguen las ocho semanas que los progenitores pueden coger para la crianza de sus hijos a lo largo de sus primeros ocho años de vida.

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