La Justicia francesa condena al Vaticano por el despido improcedente de una religiosa

La exclaustración forzada de Ferréol fue justificada con un decreto firmado por la superiora de su comunidad religiosa y por los dos inspectores nombrados por el Vaticano, el sacerdote Jean-Charles Nault, abad de la abadía de Saint-Wandrille, y la religiosa Emmanuelle Desjobert, abadesa de la abadía de Notre-Dame de Boulaurbad. El documento también contaba con la firma del cardenal canadiense Marc Ouellet, entonces prefecto del dicasterio para los Obispos y que formaba parte de la congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el 'ministerio' vaticano encargado de supervisar a las congregaciones religiosas. La expulsión habría estado motivada por algunos casos de «manipulación y abusos espirituales» dentro del convento dominico al que pertenecía Ferréol, a quien sus superiores afearon en varias ocasiones sus problemas para cumplir con el voto de obediencia.

Para la Justicia gala resulta «infame y vejatorio» el trato sufrido por la religiosa, que trató de apelar al papa Francisco, aunque según sus superioras éste confirmó la decisión. Al «no haber cometido ningún crimen» y ser exclaustrada por motivos «no aclarados», la comunidad dominica de la que formaba parte tendrá que pagarle más de 33.000 euros para su manutención, mientras que al cardenal Ouellet y a los dos inspectores nombrados por el Vaticano les tocará desembolsar unos de 200.000 euros por los daños materiales y morales provocados. El Tribunal le recuerda a las autoridades eclesiásticas que toda persona tiene derecho a conocer «la naturaleza precisa de los actos de los que se acusa antes de que se le notifique una sanción». También lamenta la Justicia gala la nula colaboración ofrecida por el Vaticano para tener acceso a la documentación interna sobre el caso.

Tras su exclaustración forzada hace tres años, Ferréol sólo recibió de la congregación religiosa a la que pertenecía 6.500 euros para que pudiera cubrir sus gastos, además del pago del abogado que la defendía en el proceso canónico. En el proceso civil, en cambio, le tocó pagar a ella a una letrada. Además de la citada indemnización, ahora tendrá que ser readmitida en el colegio de las dominicas donde trabajaba.