La huerta se planta

Hace apenas un par de semanas miles de tractores inundaron Berlín en protesta por el recorte de subsidios agrícolas y las políticas del Gobierno de Scholz. Agricultores y ganaderos protagonizaron en la capital alemana un gran despliegue con el que quisieron evidenciar un malestar que va más allá de la subvención al diésel. Y esa «ola de supervivencia», que también ha calado hondo en Rumanía, Bulgaria o Francia -el viernes las protestas alcanzaron La Jonquera-, llegará en breve a España, avanzan los nuevos portavoces de una amplia representación del sector primario en el país, que vaticinan «una respuesta contundente y unitaria del campo español para evitar su colapso definitivo».

El pasado martes, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quiso precisar al término de una reunión en Bruselas las circunstancias en las que se mueven los agricultores y ganaderos españoles, «que quieren ser escuchados», reconoció. El dirigente socialista habló de «problemas nacionales específicos» y entró en detalles para evidenciar que la situación que los profesionales viven aquí no es comparable a la de sus colegas de otros territorios europeos. «En Alemania, por ejemplo, se ha suprimido la ayuda estructural al gasóleo agrícola, y aquí hemos decidido mantenerla. En Holanda y Bélgica se ha propuesto reducir un tercio la cabaña ganadera, mientras que en España no sólo no ha ocurrido eso, sino que el sector porcino, por ejemplo, es uno de los que explica el crecimiento en términos macroeconómicos del 11,9% registrado el pasado año en la renta de nuestro sector agrario», celebró.

Planas aseguró también que el actual Gobierno «es el que más subvenciones ha dado al sector, al margen de los instrumentos de la política agraria común». Es más, subrayó que, según el último informe de la Comisión Europea de ayudas de Estado, España fue, por detrás de Alemania, el país que más aportó al mundo rural. «Nuestro apoyo es evidente», apostilló.

Pero las afirmaciones del ministro no convencen a SOS Rural, que no ve diferencias sustanciales entre territorios de la UE. «Los ganaderos de nuestro país se ven abocados a sacrificar su cabaña por una regulación de protección animal que hace imposible mantener las explotaciones; las irracionales exigencias ambientalistas liquidan la agricultura; se criminaliza la actividad agraria y, al mismo tiempo, se abren de par en par las puertas a la llegada masiva de productos de fuera, cultivados con fertilizantes y pesticidas nocivos para la salud», denuncian. Y estas políticas, advierten desde la plataforma. «acaban con la totalidad de la economía y la vida en el mundo rural, provocan la subida constante de los precios» de frutas, hortalizas, carnes y pescados, y convierten a España en una país «dependiente y con una dudosa seguridad alimentaria».

En Lugo, Roberto López gestiona con su mujer la pequeña ganadería de leche que heredó de sus padres. Son dos únicos trabajadores para atender a las 120 vacas que componen la explotación y, reconocen, «¡no nos da la vida!». Dice Roberto que el problema no son las ayudas, «aunque sólo contamos con las del PAC (Política Agrícola Común de la UE) y están estancadas desde hace años». Lo peor, sostiene, «es la burocracia, que está haciendo que todos los días se cierren granjas incapaces de asumir las nuevas normativas impuestas por Europa, teniendo que adaptarse continuamente con unas inversiones grandísimas, y el negocio no da para tanto».

Sobrevivir en este sector «es muy complicado», admite López, que piensa «a diario» en tirar la toalla y no pide más que «sentido común» para no tener que importar producto que resulta «imposible sostener aquí». «Nuestros gobiernos han estado mirando para otro lado. Se basan exclusivamente en políticas verdes. Y mientras arrastramos problemas de otros países que aquí no hay. Intentan imponer unas normativas comunes, pero luego no les importa comprar alimentos fuera de la UE sin ningún tipo de control humano», critica.

El mundo rural español quiere «jugar con las mismas normas que otros». «Llegar a las instituciones y hacernos oír», indica el ganadero gallego. En eso insiste también Natalia Corbalán, «una agricultora sin tierra» que reclama presencia en el Parlamento Europeo: «Queremos estar en la mesa donde se toman las grandes decisiones, porque si no te sientas a la mesa eres parte del menú y ya estamos hartos de serlo». Abogada, ejerce la dirección y portavocía de la Fundación Ingenio, que representa al 90% de los productores hortofrutícolas del campo de Cartagena. «Son la huerta de Europa desde los años 60, una despensa que tenemos aquí. Gracias a los regadíos del trasvase Tajo-Segura hemos podido ser una potencia agrícola, pero las políticas nacional y regional la han puesto en peligro».

«No sabemos si el sector está muriendo o lo quieren matar, pero hay que dar la voz de alerta», señala Corbalán, cabeza visible de SOS Rural en Murcia. «De unos años para acá, la UE está siguiendo una política con un marco de sostenibilidad que está muy bien, pero no puede ser que con esa bandera se quiera eliminar de la ecuación productiva y de nuestra seguridad y soberanía alimentaria a quienes son los grandes protagonistas, agricultores y ganaderos». La letrada llama la atención sobre los acuerdos comerciales con terceros países. «¿Qué pasa en Marruecos, que va a ser importador neto de tomate en 2035? ¿Y con los limones que se están quedando en el árbol? Se está reventando el mercado», lamenta, sin perder de vista otro grave problema: la falta de relevo generacional. «En España el 86% de los jefes de explotación agrícola agraría es mayor de 45 años, y de ese 86% el 41,3% tiene más de 65 años. Es muy preocupante».