El Gobierno quiere reducir a la mitad el desperdicio alimentario en los hogares

Para frenar una producción de residuos que ocuparía un territorio que duplica España sólo para los desechos utilizados por sus habitantes cada año -2.900 veces el Santiago Bernabéu a rebosar, dice la vicepresidenta Teresa Ribera-, algunos aspectos son:

En España se ha fijado como objetivo reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por persona, a nivel de hogares y consumo minorista. Los residuos domésticos, dice Ribera siguiendo su símil, cada año abarrotarían 500 estadios como el Bernabéu. Un 80% de los hogares desperdicia comida, según dijo Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se ha aprobado el anteproyecto dentro del «paquete de economía circular».

La disminución sería de una quinta parte entre los productores y distribuidores. El Ejecutivo pide una mayor donación de alimentos, ya sea para el consumo humano o, en caso de no ser recomendable, para otros usos, como el de fabricar pienso para animales. Para el control de los desechos, el Ejecutivo preparará un real decreto, controlará los datos y el flujo de los residuos, creará un registro de producción y un hará sistema de depósito, devolución y retorno de envases. «Hay que hablar más de conservación que de caducidad», afirmó Ribera.

En cuanto a la reducción del uso del plástico, se han anunciado medidas como crear un depósito aparte de las botellas de agua para reciclar a partir de 2025, el cobro por cada vaso y tapa de café para llevar en 2023, prohibición de venta de los artículos plásticos mencionados anteriormente, junto a los fabricados con poliestireno expandido, plástico oxodegradable y microplástico usado en la fabricación de cosméticos y detergentes, según Transición Ecológica.

De esta manera, por primera vez se dicta la prohibición a los plásticos de un solo uso, indica Ribera, y se plantea una «fiscalidad verde» con una tasa de 0,45 euros por kilo. Se espera recaudar más de 72o millones de euros. España, dice la ministra, es el quinto país de la Unión Europea con menos impuestos medioambientales con respecto al PIB. No sabe, ha dicho Ribera, si progresará en el Congreso, pero que otros países del entorno cuentan con alguna tasa similar.

También se prohibirá que los productos de consumo inmediato sean colocados o envueltos en cajas o envases, que en 2026 deberán sustituirse por otros materiales biodegradables, y los tapones y tapas plásticas permanezcan unidas a sus botes, como hace años se hizo con las lengüetas de las latas de aluminio. El plástico, además, debería fabricarse con una cuarta parte, al menos, de materia reciclada.

El Gobierno calcula que esta ley reducirá un 30% el consumo de materiales de producción y un 15% los residuos para 2030, con respecto a los desechos de 2010.

La ley pretende incentivar la reutilización como complemento al reciclado, para lo que exigirá que una décima parte de los residuos municipales sean destinados al reuso, específicamente los electrodomésticos, los aparatos electrónicos, muebles y textiles, cuya vida útil quiere prolongarse.

Los municipios deberán reciclar el 55% de sus residuos para 2025 y aumentar progresivamente cada año. Para aquellos con más de 5.000 habitantes la separación de basura será más estricta, desde 2022, con biológicos, textiles, aceites y peligrosos en contenedores distintos. Los más pequeños tienen un año más para la adaptación.

Estas medidas tendrán repercusiones climáticas beneficiosas. Disminuirá la emisión de gases de efecto invernadero, debido a que una «mitad» está asociado a la recogida y tratamiento de la materia prima, según Ribera; y se mejorará la eficiencia del uso del agua.

Entre las medidas que más ha llamado la atención está la obligatoriedad del sector de restauración de brindar agua de grifo gratuita al comensal. Ribera ha insistido en la intención de reducir el consumo de agua embotellada. Sólo estos envases usados un año en España repletarían 45 estadios del Real Madrid, visualizó Ribera. La orden «será bien acogida porque hay aguas de calidad en nuestro territorio y ahorrará un buen porcentaje de envases», dijo.

La nueva ley busca romper con lo que se conoce como economía lineal, de fabricar, usar y tirar. En contraposición se busca reducir los residuos y maximizar los recursos empleados para generar los productos. Contempla aumentos de las multas por usar la naturaleza como vertedero, hasta dos millones de euros, y a partir de 2021 no se podrá destruir el stock o excedente de juguetes, cacharros electrónicos o ropa. El Gobierno espera que la ley esté aprobada a finales de año o principios de 2021.