El Gobierno lanza una 'ley antibulos' que obligará a los 'influencers' a rectificar si difunden noticias falsas

«Los ciudadanos tenemos derecho a defendernos de los 'buleros' profesionales». No es raro que el autor de esta frase, en primera persona, no sea un ciudadano común sino uno de los miembros de mayor peso político en un Gobierno, el de Pedro Sánchez, que se proclama desde hace tiempo víctima de una campaña de desinformación sin precedentes. El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, evitó hablar de casos particulares en la comparecencia en la Moncloa en la que anunció la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, del anteproyecto de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación – una norma que no solo afectará a medios de comunicación sino también a 'influencers' con más de 100.000 seguidores en redes sociales– y subrayó que de lo que se trata es de «promover una mayor calidad en el debate público». Pero será difícil aislar el debate del texto del tormentoso clima político.

La primera vez que Sánchez habló de poner en marcha un 'plan de regerenación democrática' que, entre otras cosas, reforzara el derecho a la información veraz y el derecho al honor fue cuando emergió de los cinco días de encierro a los que se entregó en abril para reflexionar, según alegó, sobre si le merecía la pena continuar en el Gobierno. Aquel amago de dimisión, desconcertante incluso para los suyos, se produjo tras trascender que un juez, Juan Carlos Peinado, había decidido abrir diligencias contra su esposa, Begoña Gómez, a partir de una denuncia que, a día de hoy, el Ejecutivo aún dice fundamentada en bulos.

Bolaños se cuidó de hacer alusión alguna a este asunto. De hecho, esa frase en primera persona del plural («tenemos derecho») fue lo más cerca que estuvo de vincular el texto con casos que afectan al propio Gobierno. Su comparecencia, en tono neutro, se limitó a explicar lo que la nueva ley, que aún debe recabar los informes preceptivos de los órganos consultivos, tendrá de novedoso respecto a la que pretende sustituir, que data de 1984, cuando ni siquiera existía Internet como instrumento de masas.

El primer objetivo de la norma es, pues, «adaptar las circunstancias» del derecho a la rectificación a un entorno digital como el actual y eso exige a intentar proteger el derecho a la libre información y al honor de los particulares no solo frente a los medios de comunicación tradicionales sino también frente a «injerencias, desinformaciones e informaciones retorcidas» que se difundan o publiquen por «usuarios de especial relevancia en redes sociales», los que tienen más de 100.000 seguidores en una plataforma o más de 200.000 de manera acumulada en varias.

«Estas personas tienen una difusión en las informaciones que propagan mayor que muchos medios de comunicación tradicionales. Y hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan nuestro debate público con mentiras y con falsedades», argumentó el ministro. A partir del momento en que la ley esté en vigor, cualquiera que se considere víctima de esas prácticas puede exigir a su autor una rectificación, como ocurre con lo que se publica en periódicos, televisiones o radios, y acudir a los tribunales en caso de que su petición no sea atendida.

Bolaños explicó además que la norma tratará de agilizar y facilitar los procesos. Prevé ampliar el plazo para presentar la solicitud de rectificación de 7 a 10 días y dejará de considerar obligatorio que esa petición vaya dirigida al director del medio que, en algunos casos, ni siquiera es fácil de identificar. El texto en anteproyecto mantiene, además, que la difusión de la rectificación debe ser íntegra y hacerse con una relevancia semejante a la de la publicación original , en plataformas y medios digitales, debe incluir un aviso de que la información ha sido rectificada y enlazar la rectificación y la información original.

El ministro detalló también que se suprimirá el requisito de la contestación por escrito, de tal manera que «los trámites del juicio verbal continuarán y la sentencia judicial podrá ser más rápida». En cuanto a las personas legitimadas para solicitar la rectificación, se amplia a los sujetos cuyos familiares hayan fallecido. «Creo – se congratuló– que hacemos más difícil la vida a los que se dedican a mentir y a esparcir bulos cada día».