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El Consejo de Ministros aprobará hoy el proyecto de ley por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública, el organismo sanitario que debe preparar a España para enfrentarse con orden y eficacia a la próxima pandemia, evitando las improvisaciones, descoordinaciones y errores vividos durante la batalla sanitaria y social contra el coronavirus desatada en marzo de 2020.
Su objetivo fundamental es la prevención, detección, preparación y respuesta rápida y coordinada frente a cualquier amenaza o riesgo para la salud general de la población española, y por supuesto la actuación planificada ante desastres biológicos y químicos, epidemias y pandemias.
La ministra de Sanidad subrayó la semana pasada la relevancia del proyecto ante el convencimiento de los expertos sanitarios de que el sistema sociosanitario español no tardará en volver a tener que enfrentarse a otra pandemia. «Esta vez no nos puede pillar con los deberes sin hacer», aseguró.
La intención de Mónica García es que la ley tenga una tramitación rápida y con alto consenso en el Parlamento, para que pueda entrar en vigor antes del verano. A partir de ese momento el Ejecutivo tendrá un máximo de seis meses para su puesta en funcionamiento con la aprobación el estatuto de la agencia y la designación de un director de entre una terna propuesta por Sanidad.
El estatuto describirá los recursos humanos y materiales con que contará la agencia, que absorberá algunos departamentos y recursos del ministerio, del Centro de Coordinación de Alertas, del Instituto Carlos III o del Centro Nacional de Epidemiología, y deberá fijar donde se instala su sede principal, por la que pujan un buen número de autonomías, con especial empeño en ciudades universitarias como Granada o Zaragoza.
Las funciones principales de la nueva agencia abarcarán los ámbitos de la vigilancia en salud pública, la preparación y respuesta frente a futuras emergencias, el asesoramiento y evaluación del sistema, el control de la salud pública internacional y la información y comunicación de riesgos para la salud a la población.
En lo tocante a la vigilancia, estará encargado de coordinar y evaluar el funcionamiento de la Red de Vigilancia en Salud Pública, así como de monitorizar y evaluar los riesgos para la salud y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de alerta precoz y respuesta rápida.
Será el órgano que contribuya a la preparación y respuesta del sistema sanitario frente a futuras emergencias de salud pública, capacitando y especializando a profesionales y elaborando planes de actuación ante alertas, riesgos y amenazas para la salud humana, tanto actuales como emergentes, tanto sean de origen biológico, químico o de cualquier otra naturaleza. Entre sus tareas está tener al día la reserva estratégica nacional de fármacos y materiales de protección frente emergencias, para que nunca más haya desabastecimiento de mascarillas o los sanitarios tengan que protegerse con bolsas de plástico y cinta aislante.
Entre sus labores de asesoramiento y evaluación estarán reforzar la coordinación con todas las instituciones de salud pública, que deberían funcionar como un solo engranaje ante emergencias, impulsar el trabajo en red y la centralización de datos sanitarios y epidemiológicos y liderar el diseño y evaluación de políticas 'One Health', las que abordan como una única cosa los problemas de salud de personas, animales y ecosistemas, cada vez más relacionados e interdependientes. De hecho, se espera que con su actividad España dé un paso decisivo para afrontar con garantías la respuesta a los daños a la salud causados por el cambio climático, las nuevas zoonosis -como la infección mundial por SARS-CoV-2- y otras enfermedades emergentes.
La agencia deberá promover el liderazgo de España a nivel internacional en la detección, evaluación y gestión de riesgos y ser el enlace científico y el interlocutor con el resto de organismos de referencia mundial, como el Centro Europeo de Control de Enfermedades o la Organización Mundial de la Salud.
El organismo, como ya ocurrió de forma improvisada con Fernando Simón y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias durante la pandemia, será el encargado de promover la comunicación con los ciudadanos sobre los riesgos y amenazas para la salud, neutralizando de paso bulos y alarmas gratuitas o interesadas, y de canalizar la información veraz en las situaciones de emergencia sanitaria.
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