El Gobierno aprueba la ley de familias que amplía a nueve los días pagados para cuidados

El Gobierno remite al Congreso la norma para su debate y aprobación tras año y medio de duras y accidentadas negociaciones entre las carteras socialistas y las de Podemos, que se tradujeron en reiterados encontronazos y tiras y afloja entre Derechos Sociales, Hacienda y Seguridad Social y en varios bloqueos y retrasos de la aprobación del proyecto.

Su promotora, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, está convencida de que, pese enfrentarse a unos plazos más que ajustados, la norma conseguirá ser aprobada por el Parlamento antes de que el próximo otoño el Rey, a petición de Pedro Sánchez, disuelva las Cortes por la convocatoria de elecciones generales. Con seguridad, deberá decretarse una tramitación legislativa por el procedimiento de urgencia, que permite reducir a la mitad los plazos ordinarios.

La futura ley garantiza la igualdad de derechos y beneficios de cualquier modelo de convivencia (matrimonio, pareja de hecho, monoparental, LGTBI, acogida), incorpora nuevos permisos y prestaciones para cuidados, ventajas para las familias más vulnerables, especialmente las monoparentales, y prohíbe el 'pin parental'.

La ley crea un permiso remunerado de hasta cinco días al año para cuidar a familiares ante casos de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica ambulatoria que precise de reposo del marido, hijos, padres, hermanos, nietos, suegros o de cualquier otro conviviente. Belarra pretendía que abarcase siete días (nueve si había que salir de la autonomía), pero Hacienda puso al final el tope en cinco. Esta licencia se completa con otro permiso de hasta cuatro días anuales, que se puede coger por horas, para afrontar urgencias e imprevistos médicos del mismo colectivo de allegados aunque no sean graves. Se destina a ausencias laborales por problemas familiares de fuerza mayor que requieran de una atención inmediata, como desplazamientos a urgencias, fiebre de un hijo, acompañar al médico al marido, etcétera. Se mantienen los actuales dos días de permiso remunerados por fallecimiento de un familiar hasta segundo grado (cuatro si es en otra autonomía).

Todos los progenitores dispondrán de hasta ocho semanas libres para la crianza de los hijos a utilizar antes de que los niños cumplan ocho años, pero en este caso el permiso, al menos en el texto que llega al Congreso, no estará retribuido. Lo pueden coger al completo tanto un progenitor como el otro, por días o por semanas, pero nunca uno solo de ellos sumado (16 semanas) porque es intransferible. Si se pone en marcha en 2023, se iniciará con seis semanas, que alcanzarán las ocho en 2024.

El padre o la madre no gestante podrá anticipar los diez días previos al nacimiento de su hijo el comienzo del disfrute de las 16 semanas de libranza laboral pagada a que da derecho el permiso parental.

Realiza una extensión casi universal del cobro de la renta crianza de 100 euros al mes a que tienen derecho las progenitoras con hijos de hasta tres años. Ahora solo lo cobran las madres trabajadoras o con derecho al ingreso mínimo vital. La ley lo amplía también a las que hayan cobrado subsidios de paro en alguna ocasión o tengan cotizados al menos 30 días a la Seguridad Social desde el parto. Se quedan fuera las que no han trabajado nunca, pero se pagará el 100% de la prestación a las que tengan empleo temporal o a tiempo parcial. Habrá entre 200.000 y 250.000 nuevas beneficiadas.

Las parejas de hecho que oficialicen su unión sentimental con su inscripción en el registro tendrán derecho a disfrutar de los mismos 15 días de permiso laboral remunerado que desde hace años disponen las personas que se casan, quienes se convierten en un matrimonio. Se trata de la misma igualación de derechos que garantizará a las uniones de hecho una pensión de viudedad, la posibilidad de uso de los cinco días para cuidados de familiares o cualquier otro beneficio o ayuda que tiene actualmente un matrimonio. Se crea un registro estatal de parejas de hecho que incluirá las inscripciones autonómicas y municipales.

Amplía el concepto de familia numerosa que da derecho a recibir ayudas directas, beneficios fiscales, bonificaciones en el transporte o prioridad en el acceso a becas, vivienda o al bono social eléctrico. Con la reforma, las familias con esta categoría se llamarán «con mayores necesidades de apoyo a la crianza» e incluirán, además de las de tres o más hijos, a las monoparentales con dos hijos a cargo, las de cualquier clase con dos hijos que tengan un padre o un hijo con al menos 33% de discapacidad, los hogares con dos hijos encabezados por una víctima de violencia de género o por un progenitor con la guardia o custodia exclusiva de los hijos, pero no se le ha asignado una pensión, y a las familias con dos hijos en las que un progenitor lleve en tratamiento hospitalario al menos un año o que haya ingresado en prisión. Eleva a la categoría especial a las familias con cuatro o más hijos (ahora eran cinco), a las de tres hijos de parto múltiple (ahora eran cuatro), a las de tres hijos con bajos ingresos (hasta 150% del IPREM) y a las monoparentales con dos hijos y bajos ingresos.

Las familias monoparentales, casi todas encabezadas por una mujer y la mitad de ellas en situación de pobreza o en alto riesgo de padecerla, tendrán prioridad para el acceso a otra serie de beneficios y ayudas de las administraciones, como por ejemplo a la asignación de plazas públicas gratuitas de la primera etapa de educación infantil, acceso preferente a vivienda protegida, ventaja en la elección de centro que mejor le permita conciliar o una protección especial frente a desahucios.

La norma obligará a todas las administraciones a garantizar la atención temprana de todos los niños con trastornos del desarrollo, algo no asegurado hoy dependiendo de la comunidad autónoma en que se viva. Se reconoce como «derecho subjetivo» en todo el país y, por lo tanto, directamente exigible ante los tribunales.

La norma amplía toda una serie de pensiones y subsidios a las familias diversas. El subsidio por nacimiento no contributivo se le pagará también a padres adoptantes y familias de acogida; la pensión de orfandad se pagará un año más, hasta los 26; y se ampliarán los permisos laborales de cuidados de menores con cáncer o con enfermedades graves hasta los 26 años en caso de discapacidad. De igual forma se amplía el alcance del Fondo de Garantía de Alimentos, el gasto público que asegura la comida a menores a los que su progenitor (separado, divorciado) no abona la prestación a que le ha obligado el juez, a los hijos de parejas de hecho registradas y a los chicos mayores de edad con discapacidad o en situación de dependencia y se amplía la pensión máxima de 100 euros por hijo a 500.

El Estatuto de los Trabajadores ampliará las causas de despido nulo a la rescisión del contrato laboral de cualquier empleado que en ese momento esté disfrutando del futuro permiso de cinco días para el cuidado de familiares enfermos o del también nuevo permiso para crianza de ocho semanas.

Podrán solicitar las adaptaciones de duración y distribución de jornada laboral no solo los que tengan hijos de menos de 12 años sino también quienes necesiten cuidar a hijos menores de edad, al cónyuge o pareja y a familiares de hasta segundo grado y convivientes siempre que justifiquen la necesidad.

En el tira y afloja de un año entre Belarra y los ministerios socialistas se han quedado por el camino dos importantes medidas que pretendía implantar la titular de Derechos Sociales. Quería ampliar de forma progresiva el permiso parental de las 16 semanas actuales a 24 para cada progenitor y, sobre todo, extender la misma licencia a no menos de 26 semanas para el progenitor de hogares monoparentales, al tiempo que le permitía ceder semanas a algún familiar directo para que le ayudase con la crianza y no tuviese una ausencia laboral tan prolongada, lo que podría penalizarle en la búsqueda de trabajo.