El juez y la Fiscalía se oponen al indulto de Juana Rivas

El rechazo de la Fiscalía se suma al expresado a mediados de junio por el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, quien mantiene que «no concurre ninguna circunstancia» que haga a Juana Rivas «especial merecedora» de esta medida de gracia, en comparación a otros casos «idénticos con condenas similares» por el mismo delito «donde se ha iniciado la ejecución y cumplido la condena».

En el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público hace un repaso del «largo camino» que ha seguido este caso, desde que Rivas «no aceptó la decisión» del Juzgado y «se resistió (sustrajo primero y retuvo luego) a la entrega efectiva de los menores --al padre para que regresaran a Italia, donde tienen fijada su residencia habitual-- y se colocó en franca rebeldía».

«Y cuando le tocó responder penalmente de lo sucedido, después de vulnerar deliberadamente nuestra legislación interna y hacer burla de los compromisos internacionales suscritos por España, excusó o pretextó su dolor de sufrida madre maltratada, acompañada del revuelo mediático», agrega el escrito fiscal remitido al Juzgado de lo Penal 1 de Granada, que fue quien condenó inicialmente a esta madre de Maracena.

La Fiscalía advierte en este contexto que «fundamentar un supuesto arrepentimiento y asunción del hecho, a la par que se hurtan los pronunciamientos dictados por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada se vuelve incoherencia cuando no un completo absurdo». Así, y tras recalcar que Rivas pide el indulto tras «haber proclamado a los cuatro vientos que volvería a hacerlo», la Fiscalía mantiene que este caso «decaen los supuestos motivos de justicia, equidad y utilidad pública esgrimidos» para acceder a esta medida de gracia.

Junto a ello, el Ministerio Público hace alusión al contenido del informe de conducta individualizada incorporado a la causa y se hace eco de «la extinción completa y archivo definitivo ya en 2016 de cuantas responsabilidades podrían serle eventualmente atribuibles a Francesco Arcuri», la expareja de Rivas y padre de los menores, al que ella acusa de malos tratos.

A pesar de la oposición del Ministerio Público y del magistrado al indulto, su posición no es vinculante. Y es que la potestad de indultar corresponde exclusivamente al Ejecutivo y no al poder judicial. Es por ello que en el caso de los indultos del 'procés' el Consejo de Ministros concedió la medida de gracia a pesar de que el Tribunal Supremo se posicionó en contra. La decisión última sobre Juana Rivas compete así Gobierno.