Los empresarios de Murcia que pagaron a menores a cambio de sexo se libran de la cárcel

Ya es casi evidente que ninguno de los empresarios condenados tras reconocer que pagaron a menores por tener sexo pisará finalmente la cárcel. La Audiencia Provincial otorgó este martes la suspensión de las penas de prisión a otro cliente de esta trama de prostitución de adolescentes que en las últimas semanas ha movilizado a la sociedad murciana. Es el caso de Juan Peque, que había sido condenado a un año de cárcel tras asumir que tuvo contacto con dos menores. Los magistrados le concedieron la suspensión de la pena con el requisito de no volver a delinquir en dos años, la obligación de no acercarse o comunicarse con las dos víctimas durante ese plazo y el sometimiento a un curso de reeducación sexual.

Antonio Morales, otro de los empresarios condenados a diez meses de prisión por el contacto sexual con dos menores, también eludirá la cárcel. La Sala ya suspendió la pena de cárcel de este procesado, de más de 90 años y que camina con un andador, a mediados de septiembre. Los magistrados tendrán todavía que pronunciarse sobre el caso de Juan Martínez, que no acudió a la vista. El fiscal no se opone a que su única pena, de cinco meses de cárcel, quede en 'stand by', por lo que es más que previsible que no tendrá que pisar la cárcel.

La resolución de esta parte del caso, que queda lejos de las exigencias que se vocean en la calle, ya se dejaba entrever este lunes cuando los magistrados de la Sección Tercera decidieron conceder ese 'perdón' al principal acusado, Juan Castejón, que soporta la pena más elevada al haber tenido sexo con hasta cinco de las diez víctimas. Los magistrados pusieron sobre la mesa, para asentar su decisión, el sistema de acumulación de penas que marca la ley que establece un límite máximo de cumplimiento efectivo de la condena que no podrá exceder el triple de la condena más elevada que se le haya puesto -en este caso, 15 meses-.

La decisión de los jueces ha sido duramente criticada en la calle, pero responde a la petición que realizaron casi la mitad de las víctimas de esta red. Cinco de las once afectadas pidieron expresamente a los magistrados que no mandasen a los condenados en prisión y que les concediesen una segunda oportunidad. La magistrada Concepción Roig explicó que estas chicas, «que han sufrido enormemente», preferían que los procesados reflexionasen sobre sus actos y no volvieran a repetirlo. Otras cuatro víctimas, sin embargo, exigieron a la Sala que metieran a los empresarios en la cárcel y otras dos no se pronunciaron sobre este asunto.

La Audiencia tiene aún pendiente decidir la suerte de las tres 'madame', mujeres condenadas por captar a las menores para su prostitución beneficiándose económicamente de ello: Yesenia Mercedes Balladares, Nelly Paola Cespedes y Ruth Karina Dorado. La Fiscalía ha pedido a la Justicia que las tres entren en prisión basándose en la gravedad de los hechos que asumieron y en las múltiples víctimas que cada una dejó a su paso.

La Sala, sin embargo, debe aún pronunciarse sobre ello y no ha avanzado si lo hará por escrito o en la vista que aún tiene pendiente el próximo lunes para abordar la suspensión de la pena del último de los procesados: Walter Jovanny Domínguez. Este hombre asumió penas que sumaban hasta 12 años de cárcel por colaborar con la trama trasladando a las adolescentes a los lugares donde se producían los encuentros sexuales. Es de prever que, dado que su pena es elevada y se le considera parte de la organización, el Ministerio Público reclamará que entre también en la cárcel.