Diez comunidades «hacen caja» a costa del plan de choque de la dependencia

Por añadidura, no todo el dinero presupuestado se gasta. Así, se dejaron sin ejecutar 55 millones de euros, a pesar de que el sistema de atención adolece de importantes déficits, como demuestra el hecho de que más de 45.000 personas que se encontraban en lista de espera murieron entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.

A la luz de los datos del XXIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, casi un millón y medio de españoles arrastran una dependencia reconocida. Otros 131.000 se hallan pendientes de valoración para conseguir las prestaciones que precisan para poder desarrollar sus actividades básicas, y que van desde ayudas económicas, alojamiento en residencias y atención domiciliaria, entre otras.

Según la asociación, al ritmo de ejecución del gasto se tardarían 35 años en lograr que no hubiera ninguna persona aguardando un trámite para obtener una ayuda. Aunque se trata de un pilar básico del Estado del bienestar, al final el sistema de atención a la dependencia es el eslabón más débil del entramado. El plan de choque aprobado en 2021 por el departamento que dirige de Ione Belarra contemplaba una aportación de 600 millones de euros adicionales cada año entre 2021 y 2023 que en muchas comunidades autónomas no se ha notado.

«El incremento presupuestario del Gobierno de España no ha sido suficiente para cubrir los objetivos del plan de choque: ni la reducción de la lista de espera ni el incremento en las intensidades. Esto es tremendamente preocupante», aseguró este viernes el presidente de la entidad, José Manuel Ramírez.

El crecimiento de la inversión, en su primera fase, apenas ha servido para reducir la lista de espera en 15.923 personas menos. Si se suma las 38.807 del año 2021, resulta que ni siquiera se llega a las 60.000 que se proponía como objetivo el primer año del plan de choque. A este ritmo, dicen los autores del informe, se tardaría «once años en lograr la plena atención», sin contar con las personas que a partir de ahora se sumen a solicitar las prestaciones.

Otro motivo de preocupación es la maraña burocrática que caracteriza al sistema, y que se traduce en los 344 días que se tarda en recibir la atención desde que se presenta la solicitud. Al menos son 77 días menos que el año anterior. Pero se da la circunstancia de que, según establece la normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días). Cinco comunidades superan los 12 meses: Canarias, Andalucía, Murcia, Extremadura y Galicia.

Según el estudio el 44,6% de las personas desatendidas (80.862) son dependientes con grados III o II, es decir, plantean necesidades de apoyo extenso y continuado.

Sin embargo, no todo es malo. El informe también destaca que hay 91.295 personas atendidas más que a comienzos de 2022. Así las cosas, los autores subrayan que tras los «desastrosos» años de pandemia, «el plan de choque constata un cambio de tendencia».

Las comunidades con mayor acumulación de personas pendientes de recibir prestación son Cataluña (27,1%), La Rioja (18,9%) y País Vasco (17,5%). Por el contrario, las regiones con menor lista de espera son las de Castilla y León (0,18%), Castilla La Mancha (3,71%) y Aragón (4%).

Por su parte, La Rioja (-45,8%), Aragón (-43,7%), Cantabria (-36,0%), y Canarias (-28,9%) satisficieron el año pasado el objetivo de rebaja de la lista de espera. Pero ninguna de ellas invirtió el incremento para aminorar aún más las listas de espera.

En el punto de mira se colocan tres comunidades que, a pesar de haber recibido el incremento presupuestario, han aumentado la lista de espera en «un porcentaje preocupante». Se trata de Asturias (+34,7%), Baleares (+31%) y Murcia (+29,6%).

El estudio señala que las prestaciones tienden a ser cada año «más 'low cost' e insuficientes». Los autores aducen que las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 234,96 euros; y la asociada a sufragar el coste de una plaza de atención residencial oscila entre los 445,5 euros al mes (grado II) y 550,8 euros al mes (grado III).

Ramírez incidió en que hay situaciones insostenibles, como la que sucede en Cataluña, que por sí sola acumula el 39% del limbo de espera, concepto que incluye el conjunto de personas valoradas como dependientes y que tienen reconocida la prestación, pero no se les da, y las que todavía están pendientes de evaluar. «Hubo comunidades autónomas que hacían trampas y dejaban de valorar para no tener lista de espera, por lo que tuvimos que sumar los días que se tardaba en la evaluación», alega Ramírez.