El colegio de Cantabria avisa: llegará «hasta el final» en la investigación de los chats pedófilos

En estos términos se pronunció este lunes el director del centro, Miguel Ángel Lavín, ante las familias de los adolescentes que han pasado a primera línea de interés informativo desde que El Diario Montañés desveló este pasado domingo que, a primeros de mes, se presentaron dos denuncias ante la Guardia Civil: una con tres patas (por acoso a un compañero, por haberle incluido sin su consentimiento en un chat en el que había decenas de adultos y por haberle expuesto a vídeos «brutales» de pornografía infantil y violencia extrema) y otra por amenazas a una chica que afeó su conducta a los estudiantes que difundían las imágenes.

Este lunes por la tarde tuvo lugar una reunión -de oficio, que ya estaba prevista con antelación- y, en ella, se trató el tema que preocupa a las dos familias denunciantes (que están emparentadas entre sí), que han exigido decisiones al San José por lo que consideran hechos «muy graves». Según distintas fuentes, el director estuvo arropado por gran parte de la Junta Directiva y resumió así el estado de la cuestión: se tiene conocimiento de dos chats, uno interno y otro externo -en el que participaban gente de fuera del colegio y adultos- y ya está en marcha un procedimiento disciplinario ordinario.

Las fuentes consultadas, presentes en la reunión, señalaron que Lavín espera que las decisiones sobre las posibles medidas disciplinarias puedan haberse tomado «en el plazo máximo de un mes». En esta primera semana, pues, se establecerá quién o quiénes hacían circular esas imágenes por un chat de Whatsapp en el que habría alrededor de una veintena de escolares (hubo padres que afirmaron públicamente que a sus hijos no se les había incluido), a quienes habrían llegado contenidos altamente violentos y de «pornografía de la peor» (incluyendo violaciones y todo tipo de actos gore -sangrientos-).

En el entorno del centro educativo, ayer había tanto estupor como preocupación. Incluso «miedo» por lo que traen consigo las redes sociales y por la repercusión de lo sucedido. Fueron numerosos los padres y abuelos que se acercaron a llevar a sus niños a clase que se mostraron indignados por lo que ha trascendido. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (que representa al conjunto de progenitores de los 547 escolares) se limitó a expresar que confía «en la actuación de las autoridades competentes» y que espera «que se esclarezcan los hechos lo antes posible para que se vea restablecida la correcta convivencia». Además, manifestó su apoyo a las familias afectadas y ha pedido prudencia por la implicación de menores.

A algunos padres no les ha gustado en absoluto que las denuncias se hayan hecho públicas: creen que menoscaba la imagen del colegio «cuando la distribución de las imágenes pornográficas y pedófilas han tenido lugar a lo largo del verano, algo que el colegio en ningún caso podría haber evitado. Se está culpando al centro de algo en lo que no tiene culpa», señaló una madre que conoce un tercer chat -denominado 'playa'- utilizado por los adolescentes de los cursos de la ESO para quedar en vacaciones y por el que pasaron igualmente contenidos «demenciales».

Los alrededores del San José fueron este lunes un hervidero de cámaras de televisión: este caso ha saltado a la palestra justo después de otro destapado en Almendralejo (Badajoz), donde al menos una treintena de menores han sido 'desnudadas' por un programa de Inteligencia Artificial. Ambos sucesos han provocado una ola de llamamientos a las familias para que conciencien a sus vástagos de que no se puede jugar con estas cuestiones en redes sociales o aplicaciones de mensajería porque se puede incurrir en delito.

En Cantabria se han sumado tanto la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, como el consejero de Educación, Sergio Silva. La primera aludió a la judicialización del caso de El Astillero para no facilitar ningún detalle, pero aprovechó para reclamar que «se eduque a los menores en los hogares en el buen uso» de las nuevas tecnologías porque se puede llegar a caer en delitos «y tiene consecuencias». El segundo señaló su «máxima preocupación por salvaguardar el bienestar de los menores implicados».

También la ministra de Educación, Pilar Alegría, defendió la necesidad de «seguir desplegando la educación afectivo-sexual» en los centros educativos ante los dos casos: «La transformación digital es una realidad en la sociedad y en la educación y no se puede poner puertas al campo porque se perderían muchísimas posibilidades».

La normativa de Cantabria para enfrentar estos procedimientos disciplinarios establece que la profesora elegida para la instrucción entrevistará a partir de ahora con todos los implicados. Se les pedirán los móviles para comprobar que están ahí las pruebas que las dos familias denunciantes llevaron el 7 de septiembre a la Guardia Civil de El Astillero.

Se continúa así un camino de numerosos pasos: la instructora tiene diez días para fijar un pliego de cargos, estos se notificarán a los alumnos, a quienes también se dará audiencia, y se redactará una propuesta de resolución, a la que se podrán presentar alegaciones.