Estas son las claves de la ley del 'solo sí es sí' que entra hoy en vigor

'Solo sí es sí' será el único criterio válido que tendrán en cuenta jueces y policías para determinar si se ha producido o no un caso de violencia sexual, para ordenar la protección inmediata de la víctima y castigar el delito.

Solo existen dos delitos contra la libertad sexual. Agresión sexual (tocamientos y todo tipos de asaltos contra esta libertad) y violación, agresión con penetración.

Con la desaparición de los abusos también se evaporan las multas. Toda agresión se paga al menos con un año de cárcel.

La agresión sexual tiene penas de 1 a 4 años de cárcel y la violación de 4 a 10. A partir de ahí, hay un catálogo de agravantes que elevan la pena en un grado (si se aprecia una) o en dos (dos o más). Una agresión sexual agravada puede llegar a los 6 años de cárcel y a 7 con doble agravación. En las violaciones, la agravada se movería entre 7 a 12 años y la muy agravada, entre 9 y 15.

Parte de las agravantes ya existían, como la agresión grupal, el uso de armas o la violencia extrema. Otras son nuevas, como que el agresor sea pareja o expareja. Agredir a una expareja supone un mínimo de dos años más de cárcel y violarla, al menos tres.

Otra agravante castiga la sumisión química (emborrachar o drogar a la víctima). Sumaría por sí sola a la pena entre 2 y 3 años de cárcel. La agresión con sumisión se pagaría con un mínimo de 6 años de cárcel y, si hay violación, con no menos de 7 a 12 años.

Es un nuevo delito. Castiga con localización, multa o trabajos comunitarios comportamientos o proposiciones sexuales hostiles, humillantes o intimidatorias. Exige denuncia y no incluye piropos que merezcan tal nombre.

Todos los adolescentes condenados por delitos contra la libertad sexual tendrán, con independencia de la pena, la obligación de someterse a programas formativos en sexualidad e igualdad.

Se desarrollan medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de evitar contacto visual con el presunto agresor o la declaración en salas especiales.

Toda madre a la que su pareja o expareja asesine a alguno de sus hijos tiene la condición de víctima directa de un delito violento, lo que le da derecho a recibir ayudas del Estado en caso de impago de las indemnizaciones por parte del autor del crimen.

Quienes agredan sexualmente o corrompa a un menor y quienes instiguen la prostitución serán privados de la patria potestad de sus hijos, de la tutela o del acogimiento por un plazo de cuatro a diez años. También deben suspenderse las visitas a los acusados por violencia de género.

Se crea un delito específico para castigar la solicitud de favores sexuales por parte funcionarios que trabajan en prisiones y centros de menores o de inmigrantes.

Gobierno, autonomías e instituciones locales deben lanzar campañas regulares de concienciación para desvelar la crueldad y las vejaciones que hay detrás de la prostitución, con el objetivo de desincentivar a potenciales consumidores. Quieren que los puteros interioricen que prostitución y explotación sexual son sinónimos y que ellos son «corresponsables» de esta lacra.

Las leyes penales incluirán que las pulseras telemáticas, los dispositivos GPS que delatan cuándo un agresor se aproxima a su víctima, se pueden usar para garantizar el cumplimiento de las órdenes de protección y alejamiento en cualquier caso. No solo con la violencia de género sino también en las investigaciones del resto de las violencias machistas, como la sexual, el acoso, la trata, el matrimonio forzado o la mutilación genital.

La ley prohíbe explícitamente publicar o divulgar datos o imágenes que permitan identificar a cualquier víctima de las violencias machistas. Se complementa con la orden a la Agencia de Protección de Datos para que cree un canal ágil, sencillo y seguro para denunciar estas situaciones. De igual manera, realiza un cambio en el Código Penal para sancionar con una multa a quien continúe la cadena de difusión de imágenes, normalmente íntimas, que lesionan los derechos a la privacidad de un tercero que nunca ha autorizado su difusión pública.

Incluye toda una serie de mejoras de la ley de 2004 contra la violencia de género. Declara todos los mecanismos de atención, asistencia y ayuda a las víctimas de cualquier violencia machista, incluidas las pulseras GPS, como servicios «esenciales». Deben estar garantizados en estados de alarma y situaciones excepcionales. Se ve imprescindible que todos los territorios cuenten con centros de crisis de 24 horas y compromete una financiación «suficiente» del Estado para garantizarlo.

El Gobierno tiene un año para enviar al Congreso sendas reformas de la ley del poder judicial y del estatuto fiscal para extender la competencia de los juzgados de violencia contra la mujer a la investigación de todas las violencias machistas y para especializar a los jueces y fiscales que se van a encargar de esta labor. También obligan a que cada área judicial cuente con su equipo de valoración forense contra las violencias machistas (incluidas las guardias), que trabaje por solventar todas las pruebas en un único examen y que dicten protocolos específicos para prevenir la violencia vicaria.