Arcuri, a favor de suspender la pena de cárcel de Juana Rivas

En el escrito presentado ante el juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado de Arcuri en España, Enrique Zambrano, se pronuncia así sobre la solicitud que los abogados de Juana Rivas han hecho al juez para que suspenda la ejecución de los diez meses de prisión que le restan de condena tras el indulto, pues ya ha cumplido cinco en el CIS Matilde Cantos de Granada, donde continúa por el momento con un régimen que le permite disponer de dos días de permiso para salidas laborales durante la semana.

La defensa de Francesco Arcuri entiende concretamente que se puede conceder la suspensión de la pena de prisión, pero sometida a condiciones, principalmente la vinculada a «un plan de parentalidad positiva que no sea impartido por el Centro de la Mujer de Maracena».

En su escrito lamenta que Juana Rivas «insiste en arrogarse una posición de víctima, cuando las verdaderas víctimas, pero de ella, son sus propios hijos y el señor Arcuri» y se remite a este respecto a «las sucesivas resoluciones de todas las actuaciones de las que proviene la ejecutoria que pretende suspender» y «a las que en Italia se han tramitado y se están tramitando».

«Si tan segura estaba de su inocencia, no entendemos cómo no ha llevado hasta las últimas instancias judiciales, Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos su asunto, y sin embargo, ha tenido que recurrir al indulto parcial que le concede por motivos exclusivamente adscritos a la política, que rompiendo los esquemas jurídicos de cualquier persona letrada, la rehabilita en el derecho a decidir sobre sus víctimas (hijos)», agrega el escrito.

Junto a ello, la defensa de Arcuri solicita al juzgado aclaración sobre la rehabilitación de la patria potestad en la medida en que el indulto conmuta la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por la pena de 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad, a condición de que no cometa el mismo delito por el que fue condenada en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto.