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Solución de última hora para la Casa Orsola de Barcelona, convertida en un símbolo de las dificultades que hay para acceder a una vivienda en la capital catalana y de la presión que ejerce el turismo.
Después de que un juez aplazara dos veces ... la orden de desahucio de un inquilino como consecuencia de la presión social, el Ayuntamiento ha anunciado este viernes la compra del edificio, tras un acuerdo con la entidad Habitat 3 a través de una fórmula social colaborativa. El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, ha comparecido junto a Carme Trilla, responsable de Habitat 3. Collboni ha señalado que «ningún inquilino» tendrá que marchar del inmueble y se cancelan los riesgos de desahucios. Todo el edificio será destinado a pisos de alquiler asequible. La compra se ha realizado por un importe de 9 millones de euros, un 30% por debajo del valor de mercado, según el Ayuntamiento. Tras la compra, los pisos serán gestionados por la entidad Habitat 3, organismo sin ánimo de lucro, como pisos sociales asequibles. «El conflicto de la Casa Osola se ha resuelto», ha señalado. Pero no es una solución estructural, cada caso es distinto y los recursos públicos son limitados, ha advertido Collboni.
«Hay que cambiar las reglas del juego» para frenar la escalada de los precios, ha asegurado Collboni. Hace falta más regulación, ha avisado. Barcelona es la primera ciudad que aplica la ley de topes de alquileres y se propone hacer desaparecer los 10.000 pisos turísticos. El mensaje es que Barcelona defenderá el derecho a la vivienda«, ha asegurado. Habitat 3 asume el 51% de la operación y el Ayuntamiento, el 49%.
El anuncio de compra llega días después de que la presión vecinal consiguiera paralizar de nuevo la orden judicial de desalojo. Josep Torrent, inquilino de la finca, se negó a abandonar su piso, después de que un fondo de inversión comprara el inmueble, un edificio modernista en pleno barrio del Eixample en el centro de Barcelona que será destinado a alquileres de temporada, que triplicarán la renta actual. Josep Torrent es profesor de instituto. Lleva 22 años viviendo en el inmueble, en el que hay 18 familias, cinco de las cuales tienen procesos judiciales abiertos de demanda de desahucio.
Torrent, a quien la nueva propiedad del inmueble no quiere renovar el alquiler y le insta a marcharse, envió una carta al presidente del Gobierno, al de la Generalitat y al alcalde de Barcelona, todos ellos socialistas, a los que «responsabilizó políticamente» del desalojo. El perfil de los residentes, todos ellos de clase media asalariada, está alejado de la pobreza y el riesgo de exclusión social que suele acompañar a los casos de desahucio. De ahí que se haya convertido en un icono de los problemas de la vivienda y de la especulación inmobiliaria.
El juez había fijado como nueva fecha para el lanzamiento del piso el 18 de febrero, tras dos aplazamientos. El propietario de la finca, Albert Ollé, amenazó con vender el inmueble a un fondo buitre, tras recibir amenazas e insultos. Tras un largo tira y afloja, el Ayuntamiento, que ya pudo comprar el inmueble hace años, ha decidido asumir el coste.
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