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El debate sobre la 'Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular' comenzó con un intento de veto por parte de Vox que se sostenía en supuestos como que el mejor método de eliminar desechos era la incineración, que «convierte cada kilo de ... residuos en 14 gramos de ceniza inocua» sin contaminar. El negacionismo se conjuraba con el nacionalismo en la sesión de la comisión de Transición Ecológica del Senado, para impedir que el proyecto de ley pasara al Pleno. Por distintas razones, ambos bloques trataban de frenar esta legislación de 118 artículos, claves para enfrentar los retos que implica el cambio climático. En estos meses de negociación, recibió 579 enmiendas y alcanzó, sin embargo, el acuerdo entre PSOE y PP para que prosperara un paso más en su andadura rumbo al Congreso, a donde debe llegar a más tardar a finales de marzo.
Con 16 votos a favor, cuatro en contra y nueve abstenciones, el marco reglamentario contiene normas para la «jerarquía de residuos», «los costes de la gestión de los residuos», la «reducción de residuos alimentarios» con «obligaciones» del productor y almacenador, la «reutilización, reciclado, valorización de residuos» y «recogida separada» de basura, incluyendo aceites y escombros.
También la «reducción del impacto de determinados productos de plástico» –como la prohibición de algunos de un solo uso y una tasa impositiva para otros–, «requisitos de diseño para recipientes de plástico para bebidas» y «regímenes de responsabilidad ampliada del productor». Además, la «declaración» y «descontaminación» de suelos contaminados con «potestad sancionadora» y «multas coercitivas y ejecución subsidiaria».
El principal partido de Gobierno, que tiene mayoría en esta comisión, defendió su ley, a la que ellos mismos presentaron 17 enmiendas. Defendían los dos nuevos impuestos que crean. Uno para los envases de plástico no reutilizables y el otro «sobre el depósito de residuos en vertederos y la incineración». Este último es el que choca con la posición de algunos de sus socios, que anunciaron que no apoyarían la ley en el Pleno del Senado.
«Hay injerencia en las competencias catalanas, al eliminar nuestro canon de residuos. Nos quitan la capacidad de gestionar con la excusa de que lo exige Europa», sostuvo Junts per Catalunya, algo similar a la posición de ERC: «Pretende quitar soberanía al Parlament para decidir sobre los residuos y la crisis climática». El PNV también anunció que insistirá en incluir hasta el último momento las «enmiendas competenciales», que limitarían el ámbito de aplicación de la ley, ahora nacional y sin excepciones.
El PSOE restó importancia a la oposición nacionalista porque «las autonomías serán los gestores», y destaca los grandes temas: un «paquete normativo de economía circular», el «control del plástico» con la «restricción» de algunos de un solo uso y un impuesto a los envases no reutilizables. «Tiene ánimo disuasorio y no recaudatorio», dicen. Los socialistas también señalan la «actuación contra el despilfarro de alimentos», y la «prioridad a la reutilización y el reciclado» con la «eliminación como última opción».
Con una mayoría de enmiendas incorporadas, el PP votó a favor a pesar de los «30 artículos destinados a impuestos». Entre las enmiendas de los populares que entraron en la redacción del proyecto de ley está la «legislación del IVA para que las donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro no generen impuestos a los donantes», evitar que los objetivos españoles sean superiores a lo que exige la UE para «no poner en desventaja» a los productores nacionales, «redefinir» el concepto del plástico para que se pueda adaptar a la «realidad cambiante» y «acotar las responsabilidades» para «evitar que un Ayuntamiento barra las calles con cepillos de dientes».
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