El clan de las divorciadas

Janna Kremen, de 48 años, no le costó demasiado decidirse. Enamorada como estaba de aquel joven rubito que la rondaba hacía tiempo, el día que le pidió matrimonio no se lo pensó dos veces. Por aquel entonces, Boris Agrest no era más que un empleado del Ministerio de Defensa soviético lleno de entusiasmo y ella, una jovencita loca por un hombre que pronto se daría cuenta de que la Rusia postcomunista resultaba un caldo inmejorable para cocinar una buena fortuna. En cuanto vio la oportunidad, Boris se convirtió en el representante de un grupo de música rock que hizo las delicias de una juventud encantado de escuchar cualquier cosa que sonara fuerte y moderna. Y aquello era el principio. La fortuna de los Agrest, que poco a poco fueron diversificando riesgos, creció al mismo tiempo que lo hacía la familia, y mientras Boris fomentaba sus contactos y cerraba los negocios, Janna criaba a sus tres hijos, llevaba la contabilidad y se encarga de tratar con los bancos.

Las cosas les iban tan bien que, un buen día, hicieron las maletas y se mudaron a Gran Bretaña; «Un sitio ideal para ricos», sentenció entonces el oligarca ruso. Janna y Boris se gastaron 12,5 millones de euros en una de esas fantásticas mansiones que pueblan el condado de Surrey y se las prometieron felices de por vida, sin imaginar que poco después su matrimonio saltaría por los aires.

Cinco años duró el proceso de divorcio de la pareja, hasta que finalmente el juez decidió que a Janna le correspondían 17,5 millones de euros y varios de los bienes inmuebles de aquella fortuna que ambos habían amasado durante décadas. Poco si es verdad que en su casa los billetes entraban y salían al más puro estilo del lobo de Wall Street y, sin duda, mucho menos de lo que esperaba después de haber pasado por un infierno de vistas, detectives y requerimientos que le costaron, solo en abogados, nada menos que 124.343 euros. Esa factura, y la certeza de que su marido había engañado a los jueces sobre la verdadera envergadura de su patrimonio, son las razones por las que Janna se levantó en armas y se sumó a la causa que, desde hace unos meses, encabeza la británica Michelle Young.

Michelle, de 51 años, es la exmujer de Scot Young, un magnate inmobiliario escocés que falleció el año pasado al precipitarse desde el cuarto piso de su mansión en el elitista barrio de Mayfair. Después de una ruptura larga y sembrada de altercados, creó una fundación que en Inglaterra ya se conoce como El club de las primeras esposas.

Es fácil imaginarse a la pizpireta Michelle recreándose con esa escena de la película de Hugh Wilson en la que sus protagonistas, Bette Midler, Diane Keaton y Goldie Hawn, deciden vengarse de sus exmaridos dejándolos en calzoncillos. ¿Por qué? Los diez años que duró su proceso de divorcio no fueron suficientes para que sus abogados convencieran a los jueces de que Scot escondía la fortuna de 1.000 millones de euros que ella reivindica, pero sí para acumular una deuda con sus representantes legales superior al millón de libras.

Desde su constitución, la Michelle Young Foundation carga sin piedad contra un sistema que alienta procesos de divorcio interminables, en los que los honorarios de los letrados crecen como la mala hierba sin conseguir que afloren las ingentes fortunas de sus ricos maridos. Por eso, su cruzada tiene dos brazos: uno que clama por un sistema legal más rápido y efectivo, y en consecuencia más asequible, y otro que busca condenar el fraude fiscal al que, según Michelle, están abonados los que más tienen.

Cosas del dinero

Caroline Hopkins y Vivien Hobbs, otras dos miembros de este selecto club, lo saben todo de tretas legales. Caroline, que acaba de cumplir 63 años, abonó 415.000 euros a la corte de expertos que la representó cuando se divorció del millonario Willians Hopkins, uno de los hombres más ricos del condado de Somerset con una fortuna estimada de 52,5 millones de euros. Sin embargo, no ha dado por resuelto el asunto: está convencida de que una casa valorada en 734.000 euros y un bungalow con un precio estimado de 346.000 que ha tenido que hipotecar para seguir pagando a sus abogados, además del cincuenta por ciento de la pensión que cobra quien fue su marido, no son suficientes.

Caroline luchará por lo que cree que la pertenece con la misma determinación con la que Vivien afronta el divorcio de su segundo marido, Dennis Welch, un ingeniero naval de 66 años que vive en Singapur y no parece dispuesto a darle lo que quiere.

Vivien, de 58 años, ha lamentado en las páginas del periódico británico The Guardian que su primera ruptura sentimental le costara 573.000 euros en representantes legales y que en esta ocasión, aunque el proceso aún no ha terminado, la factura ronde ya los 97.000 y siga sin haber acuerdo a la vista.

Lo dicho, la Fundación que preside Michelle www.michelleyoungfoundation.org, además de pretender acabar con unos procesos carísimos, está dispuesta a iniciar una lucha sin cuartel contra el crimen fiscal. «¿Le enfada enterarse de la existencia de individuos ricos que ocultan sus activos para evitar pagar impuesto?, ¿le horroriza que los contribuyentes honestos se vean obligados a pagar más para compensar lo que otros ocultan al sistema?». Esta es su carta de presentación en la red.

Sean cuales sean las verdaderas razones que han llevado a estas mujeres a unirse para defender sus derechos y no dejar atrás la vida de lujo y dispendio a la que están acostumbradas, lo cierto es que en Inglaterra ya se plantearon ace unos años abaratar los costes de las separaciones e, incluso, mantener los divorcios de mutuo acuerdo alejados de los tribunales. La idea era modificar la ley para que los asuntos económicos se resolvieran con una sencilla fórmula matemática, de manera que un matrimonio en proceso de separación sabría de antemano, con una simple consulta en Internet, cómo dividir sus bienes sin necesidad de contratar a un abogado para que les ponga sobre la pista. Un sistema que ya utilizan en Canadá desde hace años. En la tierra de los grandes lagos las cuentas salen de la siguiente manera: el cónyuge que más ingresos tiene paga una cifra por año que se obtiene multiplicando entre el 1,5 y el 2 % de la diferencia de ingresos de los cónyuges por cada año de cohabitación, hasta un máximo de 25. Así de sencillo.

Mientras ese asunto se resuelve, en el Reino Unido como en buena parte del resto del mundo el número de matrimonios rotos no deja de crecer, aunque divorciarse no sea barato. De hecho, el 42%, tarde o temprano, acaban en bronca. Sin embargo, igual que en la mayoría de los países de la UE, uno puede recurrir a la justicia gratuita siempre que cumpla con una serie de requisitos que acrediten una situación económica poco boyante. En el país de Michelle, Janna, Caroline y Vivien basta con demostrar que tienes una renta mensual bruta inferior a 2.657 libras esterlinas (3.500 euros). Pero ese, claro está, no es el caso de ninguna de ellas.