Fernández Díaz plantea prohibir el burka con un artículo que él mismo ya eliminó

El titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, abrió ayer la puerta, por primera vez, a regular la prohibición del uso del burka en espacios públicos aprovechando la tramitación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que entró en el Congreso de los Diputados el pasado julio. Hasta ahí, una simple propuesta. Más o menos polémica.

El error del ministro es que enmarcó posibilidad de sancionar el uso de esta prenda en la misma línea que el proyecto de ley -según él- hace con las personas que acuden con cascos o capuchas a las manifestaciones violentas para «impedir su identificación». Jorge Fernández se olvidó de que su propio ministerio suprimió hace apenas un mes y medio del texto remitido al Parlamento el artículo sobre el castigo administrativo a los embozados.

El máximo responsable de Interior y padrino de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, no obstante, insistió en que la tramitación de esa norma puede ser «una oportunidad» y «un buen momento» para regular el uso del velo integral, al tiempo que dijo que el proyecto de esa Ley aprobado por Ejecutivo ya contempla sanciones a quienes acuden a manifestaciones con la cara tapada.

Pero eso no es cierto. En el texto aprobado por el Consejo de Ministros en julio desapareció por completo el artículo 35.2 del anteproyecto que se entregó a los órganos consultivos y que incluía, ese sí, como falta grave (castigada con entre 601 y 30.000 euros) «la participación en alteraciones de la seguridad ciudadana usando capuchas, cascos o cualquier otro tipo de prenda u objeto que cubra el rostro, impidiendo o dificultando la identificación».

«Tenemos en el Congreso el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Quizá sea un buen momento durante la tramitación de ese proyecto de Ley para que esta cuestión pueda tener un nivel de consenso», abundó, no obstante, el ministro del Interior sin percatarse de su error.

El titular de Interior señaló que la posible regulación del uso del burka tendría dos dimensiones: la de la «seguridad» y «la de la dignidad de las mujeres». «Como opinión personal creo que es una prenda que atenta contra la dignidad de las mujeres, pero eso no sería competencia de Interior». Lo que sí considera Fernández que sería competencia de su departamento es que el uso de esa prenda «dificulta la identificación de una persona que pudiera cometer un acto ilícito».