Industria afirma que determinar la seguridad del Castor «llevará años»

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo cree que la recopilación de la información necesaria para garantizar la seguridad del almacén subterráneo de gas Castor "llevará años".

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha señalado hoy en un encuentro con medios informativos que el objetivo del Gobierno es determinar "qué va a pasar" si se vuelve a poner en marcha el almacén, cuya actividad se suspendió en septiembre del pasado año tras registrarse múltiples seísmos en la zona.

Los informes conocidos hasta ahora relacionan la inyección de gas en el almacén, ubicado frente a las costas de Castellón, con los seísmos, pero no determinan qué pasará si este vuelve a funcionar, una cuestión que se remite a expertos independientes.

Ante esta situación, el Gobierno quiere ser "prudente" para encontrar un punto equilibrado entre "no destruir la inversión" registrada hasta ahora y evitar que los consumidores tengan que asumir costes adicionales, todo ello en condiciones de seguridad.

Nadal ha evitado referirse al importe de una posible indemnización en caso de que se cierre definitivamente la instalación y ha señalado que, en todo caso, se determinaría en la reversión de la concesión.

Reforma del gas

El secretario de Estado también ha apuntado que la reforma del sector gasista que prepara el Gobierno, para la que ha mantenido "larguísimas conversaciones con el sector", contempla la retribución que le correspondería a una eventual puesta en marcha de Castor.

Esta reforma vinculará la evolución de la demanda gasista a la retribución de todas las actividades reguladas, como ya sucede con la distribución, y fijará que las reglas se revisen cada seis años.

Con estas medidas, unidas a un "escenario razonable" de demanda hasta 2020, el Gobierno quiere evitar que el déficit tarifario del sistema gasista crezca hasta convertirse en un problema como en el eléctrico.

El Gobierno prevé "tener las ideas claras" sobre esta reforma antes del 30 de junio para poner en marcha los cambios reglamentarios correspondientes y que la normativa esté en vigor el 1 de enero del próximo año. Además, el Ejecutivo trabaja para crear un mercado organizado del gas en España y, a ser posible con Portugal, a principios del próximo año con el objetivo de contar con un precio de referencia que fomente la competencia.