El Gobierno rechaza indultar a una presa condenada por secuestro de su hijo

El hermano mayor de la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, Ángel Herrero, ha manifestado su decepción respecto de la no concesión del indulto por parte del Gobierno. «Estamos muy apenados, porque ya es el séptimo año que no podemos cumplir con la tradición, a pesar de que, al igual que el año pasado, cumplimos con todos los requisitos». Sin embargo, ha asegurado que esta negativa del Consejo de Ministros a tener entre los seis indultados de este año al propuesto por la hermandad de caridad y penitencia vallisoletana no les «echa para atrás» y volverán a intentarlo al año que viene. «En breve se reunirá la junta de gobierno y vamos a proponer de nuevo a esta reclusa, pues creemos que es una madre de dos hijos que ha rectificado, que ha comprendido que lo ha hecho mal y que lo que hizo fue en la creencia de que era lo mejor para el niño», explica Herrero.

Más suerte han tenido Zaragoza y Oviedo, donde dos de sus cofradías han conseguido in extremis este martes la medida de gracia para dos reos. Estos se suman a los otros cinco indultados publicados por el BOE la semana pasada: una mujer condenada por robo con fuerza en Salamanca y un hombre condenado por robo, en León. El resto de los beneficiados por la medida de gracia son el autor de un delito contra la propiedad industrial, en Granada; un traficante de drogas al menudeo de Málaga; y un condenado por estafa, en Toledo. Para el representante de la cofradía vallisoletana, no es de recibo que durante siete años no se haya concedido a Valladolid ningún indulto, mientras que todas las peticiones realizadas por Málaga han sido escuchadas. «Todos los años le toca a Málaga, sea el Gobierno del color que sea. Debe de ser porque allí son más devotos que nosotros», ironiza el hermano mayor de La Piedad.

Así que la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad no podrá renovar la tradición de que un preso indultado pueda salir con ellos en el desfile procesional del Jueves Santo por la tarde. La hermandad presentó la propuesta el pasado mes de enero, con el respaldo de la Audiencia Provincial de Valladolid y el Colegio de Abogados. La excarcelación se contempla para presos con penas reducidas o que estén en la última fase de cumplimiento y que no hayan cometido delitos de sangre ni de violencia de género.

Los 17 indultados vallisoletanos para los que la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad pidió la medida de gracia a los gobiernos de los últimos 23 años se arrepintieron, pidieron perdón y tuvieron la oportunidad de «una segunda vida». Incluso algunos de ellos ingresaron en la hermandad y desde la directiva de la penitencial se protege a cal y canto su anonimato, incluso de la curiosidad de sus otros hermanos cofrades. La salida del reo, oculto con un capirote, se realiza al paso del resto de los miembros de la cofradía, cuando el desfile se detiene ante el palacio de la Audiencia Provincial, en la calle Angustias.

Desde 2017, la Cofradía de La Piedad no ha podido cumplir con esta tradición durante la procesión de la Penitencia y Caridad, uno de los actos principales del Jueves Santo y de la Semana Santa vallisoletana, declarada de interés turístico internacional. El último indultado, en 2016, fue un empresario textil condenado por delitos económicos a tres años y seis meses de prisión por una estafa de 251.000 euros cometida entre 2003 y 2009. El Consejo de Ministros le concedió esta gracia con la condición de pagar la multa impuesta y una vez solicitado el perdón a las personas perjudicadas, a quienes devolvió el dinero.

La tradición de solicitar indultos en esta Cofradía se remonta a casi ochenta años atrás, a la posguerra, aunque hubo «un parón» cuando la cárcel vieja de la calle Madre de Dios, inaugurada en 1935, dejó de prestar su función cuarenta años después y los presos fueron trasladados al actual centro penitenciario de Villanubla. Los reos valliosletanos que han sido indultados a lo largo de estos años habían sido condenados por delitos económicos, estafas y 'menudeo' de drogas a pequeña escala, robo con fuerza a domicilio, lesiones y otras infracciones que conllevan penas inferiores a los cuatro años de prisión. Su comportamiento en el centro penitenciario, su evolución personal de reconocimiento del daño causado o la situación de su familia fuera de los muros penitenciarios aconsejó a la comisión (integrada por el presidente de la Audiencia, el decano de los abogados y la directiva de la cofradía) pedir al Gobierno de turno que se les diera una segunda oportunidad. Y la mayoría, la aprovecharon.